Lissalde pide crear por ley el ingreso a la niñez y que sea universal

El legislador explicó que el objetivo que plantea la iniciativa es “que a largo plazo la totalidad de los ciudadanos del país cuenten con un ingreso básico garantizado por el Estado” y agrega que se trata de “establecer un ingreso garantizado fiscalmente que cubra a todos los niños desde su concepción y hasta los 18 años, conforme el criterio de edad establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño”.

Por otro lado, Lissalde destacó que “este Ingreso al ser realmente universal, es decir para todos, no sólo para los niños de padres sin trabajo formal, disminuye el clientelismo político y el manejo corporativo de la seguridad social. Al liberar a los ciudadanos del clientelismo estos ganan libertad. Dejan de ser empleados indirectos de los partidos, sindicatos o agrupaciones cuyos ‘punteros’ manejan la caja de los planes focalizados”.

“EI ingreso universal a la niñez produce impactos positivos como el hecho de favorecer una mayor retención de los niños en el sistema educativo, controlar su salud mientras se desarrollan y modificar así las condiciones que hoy favorecen la explotación de los niños y niñas. A su vez crea condiciones favorables para quebrar el llamado ‘círculo vicioso de la pobreza’, concepto que reconoce la reproducción generacional de la condición de pobre”, manifestó el diputado.

A su vez, el presidente del bloque Alternativa Peronista puso énfasis en que “este programa de carácter universal tiene un importante impacto redistributivo debido a que el acceso a los beneficios no depende de la condición de asalariados registrados de los padres, ni de su condición de desocupados inscriptos en el Plan jefe/a, o de contribuyentes efectivos en el impuesto a las ganancias”.

Finalmente el legislador fundamentó su pedido de establecer el ingreso universal a la niñez por ley en que “amplía notablemente la cobertura social a la niñez y a sus progenitores, incluyendo a los que no trabajan en el mercado asalariado formal; otorga mayor simplicidad administrativa y una mejor asignación de los recursos existentes; evita las desigualdades de tratamiento entre los propios niñas y niños y el uso de los mismos como mercancía para el clientelismo político y, por último, señala uno de los caminos posibles –no el único- para erradicar los graves problemas de deserción del sistema educativo”.