La coordinadora de la Red Nacional de Multisectoriales y del Foro Multisectorial contra los Tarifazos, Andrea Manzi, expresó su preocupación tras el nuevo régimen que libera en la práctica el precio y la comercialización del gas en garrafas, tras eliminar los subsidios en junio.

"Estamos preocupados desde las multisectoriales y desde el foro por las garrafas. Hace un par de semanas el Gobierno sacó un decreto y eliminó toda forma de intervención del Estado, esto implica que el precio de la garrafa se puede liberar en la libre competencia entre los grandes distribuidores y la gente es la principal damnificada porque el 50% de la población utiliza garrafas", señaló Manzi en diálogo con la 750.

La publicación del Decreto 446/2025 en el Boletín Oficial desató una ola de críticas en medio de la crisis energética y la ola polar que afecta a gran parte del país. La nueva norma modifica el marco regulatorio del gas envasado, eliminando la intervención estatal en la fijación de precios, oferta y demanda, y restringiendo su rol únicamente al control de seguridad.

Según detalló Manzi, la medida afecta directamente al bolsillo de millones de personas: "Hoy por hoy, una garrafa de 10 kilos, que es la que usa la gente, debe estar entre 15 y 20 mil pesos, con la diferencia que antes había, a través de la Ley 26.020 que regulaba la comercialización, marcaba topes de precios o tenía precios sugeridos".

Desde las organizaciones sociales advierten que esta desregulación no solo encarece el acceso al gas envasado, sino que profundiza la concentración del mercado, ya que "solo beneficia a los grandes distribuidores".

"Esto tiene un sentido: desfinanciar el programa HOGAR, que consiste en una ayuda a la gente que compra garrafas de 10, 12 y 15 kilos. Este decreto también eliminó el fideicomiso que financiaba el programa y ahora esta facultad de darle partidas quedó en la esfera del Ministerio de Economía. Hay que tenerlo en cuenta porque puede pasar que se congele", denunció.

La nueva regulación permite además la libre importación de gas licuado de petróleo (GLP) y de envases, la apertura de plantas sin limitaciones geográficas y la libre fijación de precios, lo que podría generar desigualdades en el acceso y afectar la seguridad de las garrafas ante la falta de un control estatal efectivo.