Nacionales. A pesar del "logro histórico", las universidades siguen con la guardia alta

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, finalmente, rechazó el recurso interpuesto por el gobierno y dejó firme la cautelar que obliga a la administración libertaria a cumplir con los artículos de la Ley de Financiamiento que garantizan la actualización de los salarios de los trabajadores y las becas de los estudiantes. A partir de ahora, los funcionarios que con responsabilidades en el área decidan incumplir la norma, podrían afrontar sanciones económicas y ser denunciados ante la justicia. En paralelo, todavía queda pendiente lo que suceda con el resto de la Ley que incluía gastos de funcionamiento, infraestructura y garantizaba fondos para investigación y extensión universitaria. Desde la subsecretaría de Políticas Universitarias, que suelen adobar un perfil público digital verborrágico y combativo, aún no comunicaron nada. Solo se destacan por batir un récord: acumulan exactamente 250 días sin cumplir una norma.

A partir de ahora, no hay más instancias procesales ni excusas para el gobierno: debe pagar lo que indica la Ley. Apenas unos días atrás, ante la inminencia de una decisión de la Corte que no se haría esperar más, los funcionarios del área se apresuraron a cerrar un acuerdo y comenzar a zanjar las deudas. Ofrecieron un 21 por ciento para junio y un 3 por ciento para octubre. Sin embargo, eso apenas constituye una parte de todo lo que se debe a las universidades. De hecho, según diversas estimaciones, aún resta pagar un 30 por ciento de incremento más para recuperar la pérdida de poder adquisitivo que la comunidad universitaria afronta desde diciembre de 2023.

En un debate televisivo de mayo pasado, Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, le decía a Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que si la Corte fallaba a favor de las universidades, el gobierno cumpliría la Ley. Y no conforme con ello, el funcionario retrucaba: "¿Cómo puede haber alguna duda respecto al cumplimiento de la Ley? Nosotros vamos a cumplir absolutamente la Ley".

Frente a la imposibilidad de hacer un nuevo malabar, se espera que el gobierno haga lo que debería haber hecho desde un principio: dar las discusiones y reorientar esa decisión de política económica en otro sentido. Quizás, para garantizar el derecho a la educación superior en Argentina y mantener el superávit fiscal, el oficialismo deba tocar intereses que solo benefician a los sectores más ricos del país.

Como este cambio de rumbo significa más una utopía que un hecho, la salida al laberinto es, a estas horas, un interrogante. La discusión en el horizonte: de qué manera y en qué momento el gobierno pagará ese 30 por ciento que debe de salarios y cómo terminará de recomponer el valor de las becas.

En diálogo con Página/12, Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del CIN, plantea: "Para todos los rectores este logro es muy significativo, tiene ribetes históricos. No solo hemos sido capaces de construir una alta legitimidad social a partir de las cuatro marchas, sino que logramos un alto consenso democrático en el Congreso. Construimos mayoría en 2024 y 2025. Es la primera vez que el CIN denuncia a un gobierno nacional por el incumplimiento de una Ley". E insiste: "Es histórico, dimos un paso más".

Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, dice: "La decisión de la Corte fue un acto de justicia, el reconocimiento que estábamos esperando de la vigencia de la Ley de financiamiento. Le da la razón a la comunidad universitaria y obliga al Ejecutivo a hacer lo que tiene que hacer: cumplir la norma. Debe asumir la responsabilidad que tiene, es decir, gobernar. Este ataque sin antecedentes a la universidad pública tiene que terminar. Con fuerza y determinación le marcamos un límite a Javier Milei".

Luz en medio del barro

Los docentes y no docentes tuvieron que parar en una innumerable cantidad de días; debieron realizar abrazos y sentadas simbólicas y dar clases públicas en las calles; tuvieron que marchar en movilizaciones federales multitudinarias. El Congreso tuvo que sancionar la Ley en dos ocasiones y luego rechazar los vetos interpuestos por el presidente Milei. La justicia tuvo que fallar en todas las instancias para ratificar el derecho a una norma que garantiza, básicamente, que las universidades públicas no desaparezcan en Argentina. Todo ello puso a prueba el gobierno libertario discutiendo, en el fondo, el rol indispensable que cumplen las casas de estudio en Argentina.

Si hay algo que el gobierno ha hecho es embarrar la cancha, utilizando todas las herramientas disponibles para evitar por todos los medios que las universidades siguieran funcionando como lo estaban haciendo previo a diciembre de 2023. Federico Werkmann, secretario de Legal y Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes, clarifica un poco las cosas y cuenta cómo seguirá la disputa. "Esta decisión de la Corte implica que se impulse el cumplimiento efectivo de la sentencia que había sido suspendida por el juzgado de primera instancia. Ya no existen otras vías de revisión", refiere. Dicho en criollo: el gobierno tiene que cumplir sí o sí.

El CIN ya había enviado un escrito al juzgado de primera instancia intimando al gobierno a que cumpliera la norma luego de los dos fallos favorables (precisamente, el de primera instancia y el de cámara). Lo más natural es que el Consejo que nuclea a los rectores vuelva a presentar otro sumando la novedad del fallo de la Corte y vuelva a solicitar la inmediata ejecución de la sentencia.

La situación en el presente está más clara: si el gobierno no cumple la Ley de financiamiento, funcionarios como los ministros Luis Caputo y Sandra Pettovello, así como el jefe de Gabinete Manuel Adorni, podrían empezar a pagar multas personales. Asimismo, podrían ser acusados del delito de rebeldía, que ocurre cuando un funcionario obligado a dar cumplimiento a una decisión emitida por una autoridad competente -la justicia- no lo hace.

"Es un fallo trascendental ya que robustece principios constitucionales al respecto de la división de poderes y de la división de funciones. También en lo que implica la consolidación de la educación superior como un bien social y el deber de los Estados de sostenerla y promoverla", observa Werkmann. Y remata: "Es una conquista de todos los que integramos la comunidad universitaria: gremios, docentes, no docentes, autoridades, estudiantes y la sociedad en su conjunto".

El partido no terminó

Sin embargo, la guardia alta no descansa. Sobre todo, porque este gobierno se ha graduado con honores en no cumplir las normas, y hacer y deshacer a gusto y preferencia. Así lo advierte Torres, máxima autoridad de la Universidad Nacional de Río Negro: "No hemos terminado con la crisis en las universidades. Lo que se logró es que pongan en marcha los artículos 5 y 6, que solo avanzan sobre salarios docentes, no docentes y las becas estudiantiles. La Ley completa todavía sigue en la justicia, que prevé financiamiento para gastos de funcionamiento, ciencia y tecnología, infraestructura y proyectos estratégicos. Sobre eso nos vamos a concentrar a partir de ahora".

La advertencia de Torres se comprende porque el gobierno ya ha dejado trascender que si bien cumplirá con lo dispuesto por la Corte, no garantizará el ejercicio de toda la Ley porque aún está judicializada.

"Este desfinanciamiento nos ha afectado terriblemente: no hemos hecho el mantenimiento de los edificios como corresponde, las tecnologías se han vuelto obsoletas, muchos docentes se nos fueron y será difícil repatriarlos. Llevamos dos años y medio de ataque, no es que de un día para otro se terminarán las dificultades", subraya el rector.