Nacionales. La suba de tarifas mete tensión en el Gobierno

El Gobierno dispuso nuevos aumentos en las tarifas de electricidad y gas para julio que, en la mayoría de los casos, volverán a ubicarse por encima de la inflación prevista para el mes. Al mismo tiempo, decidió mantener e incluso ampliar las bonificaciones para los usuarios subsidiados con el objetivo de evitar que el ajuste energético se traslade plenamente al índice de precios.

La medida expone una tensión creciente dentro del programa económico: el Ministerio de Economía necesita reducir subsidios para sostener el superávit fiscal, pero también preservar la desaceleración de la inflación, principal ancla política de la gestión de Javier Milei.

Con la llegada de julio, la Secretaría de Energía volvió a ajustar las tarifas de gas y electricidad. La actualización se calculó a partir de la evolución de los índices de precios mayoristas y minoristas, lo que derivó en una recomposición cercana al 2,4 por ciento en el componente de distribución.

Electricidad

Los nuevos cuadros tarifarios regirán para Edenor y Edesur, de jurisdicción federal, y para las distribuidoras de gas de todo el país.

En electricidad, la Secretaría de Energía dispuso aumentos que, para los usuarios de Edenor sin subsidios, llegan hasta el 5,5 por ciento, por encima de la inflación proyectada para julio. En cambio, los hogares alcanzados por el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que consuman hasta 300 kWh mensuales tendrán una rebaja del 2,2 por ciento como consecuencia de la ampliación transitoria de las bonificaciones.

Según estimaciones de El Post Energético, un usuario residencial de Edenor sin subsidios y con un consumo medio de 300 kWh por mes pasará a pagar una factura de 63.881 pesos, mientras que un hogar subsidiado con el mismo nivel de consumo abonará 31.276 pesos.

En los consumos más elevados también se observan diferencias significativas: una vivienda que demande más de 650 kWh mensuales afrontará un incremento del 4,7 por ciento si no recibe subsidios, mientras que para un usuario subsidiado el aumento será del 3 por ciento.

Aunque el Gobierno amortigüe parte de los aumentos mediante subsidios focalizados, las tarifas continúan ganando participación dentro del presupuesto de los hogares.

En un contexto de salarios y jubilaciones que evolucionan por debajo del costo de vida, cada peso adicional destinado a pagar luz y gas es un peso menos disponible para alimentos, indumentaria o consumo en comercios de cercanía.

Al retraerse el consumo, también se debilita la producción de las empresas, se postergan inversiones y se resiente el empleo, generando un círculo vicioso que termina retroalimentando el estancamiento de los ingresos.

Gas natural

En el caso del gas natural, cuyos cuadros tarifarios son definidos por la Secretaría de Energía para todas las distribuidoras del país, las facturas de los usuarios sin subsidios aumentarán un 2,9 por ciento como resultado de la Revisión Tarifaria Quinquenal.

Para los hogares subsidiados, en cambio, el Gobierno resolvió prorrogar por un mes la bonificación extraordinaria del 25 por ciento, que se suma al descuento del 50 por ciento previsto en el esquema de SEF. La decisión busca amortiguar el impacto del ajuste tarifario durante los meses de mayor consumo y evitar que el incremento de los servicios públicos tenga un efecto más pronunciado sobre la inflación.

Junto con la actualización tarifaria, la Secretaría de Energía, a través del flamante Ente Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), decidió prorrogar las bonificaciones extraordinarias destinadas a los hogares incluidos en el SEF, no porque abandone la política de quita de subsidios sino para evitar un salto inflacionario durante el invierno.

En el servicio de gas se mantendrá un descuento del 25 por ciento sobre el consumo, tanto para usuarios de gas natural como de gas propano distribuido por redes. En electricidad, la bonificación continuará siendo del 16,59 por ciento sobre un consumo base de hasta 300 kWh mensuales.

Las cuentas no cierran

La actualización tarifaria de julio refleja el delicado equilibrio que intenta sostener el Gobierno. La reducción de subsidios constituye una pieza central del ajuste fiscal, pero avanzar demasiado rápido implicaría un impacto directo sobre la inflación, el indicador que el oficialismo exhibe como principal logro de gestión.

En consecuencia, el esquema de aumentos mantiene la presión sobre el poder adquisitivo de los hogares sin resolver de manera definitiva el costo fiscal de la política energética.