Nacionales. La educación se planta frente al ajuste del gobierno libertario

Este lunes, los gremios docentes de todos los niveles paran para hacer frente, una vez más, al ajuste en educación. La medida sirve para visibilizar una situación que ya desbordó todos los límites. Entre otros aspectos, solicitan el llamado a una paritaria nacional docente y universitaria, la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la oposición a la Ley de Libertad Educativa, propuesta por el oficialismo para convertir a la escuela en un mercado más. La respuesta del Gobierno es echar nafta al fuego: el Ministerio de Capital Humano advirtió que "se encuentra plenamente vigente la Ley N.° 27.802 de Modernización Laboral, que establece a la educación como servicio esencial". Y que "el artículo 101 de la norma dispone la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio durante las medidas de acción directa".

La comunidad docente unificada --el paro fue convocado por Conadu, Conadu Histórica y la Ctera-- muestra músculos frente a un gobierno que, ya transcurridos los escándalos de Adorni y compañía, no logra hacer pie para instalar su agenda como en el primer bienio de la gestión. Se estima que, desde que asumió el gobierno de Javier Milei, se recortaron en un 80 por ciento los fondos para educación obligatoria. Ese porcentaje frío se traduce en estudiantes con menos recursos para aprender y docentes peor pagos que, para colmo, ya no cuentan con el Fonid, un instrumento creado en 1998 que, a comienzos de 2024, se dejó de abonar como dinero extra al bolsillo de todos los maestros y profesores del país.

Lo que aún significa más, la administración libertaria acelera en el Congreso la sanción de la Ley de Libertad Educativa. Eso también constituye uno de los principales motivos para las medidas de resistencia, en tanto que el bosquejo de la norma brinda la posibilidad a los estudiantes de no ir a la escuela y aprender desde sus propias casas. Asimismo, retoma la idea inicial que Milei sostenía cuando estaba de campaña con respecto a los vouchers (que financian la demanda y no la oferta), brinda más poder a las familias (que se convierten en clientes) y minimiza el rol del Estado y sus instituciones. Reivindica, en sentido general, el concepto de educación como una mercancía y no como un derecho.

En diálogo con Página 12, Daniel Filmus, exministro de las carteras de Educación y Ciencia y Tecnología, sintetiza: "El modelo anarcocapitalista y neoliberal del gobierno de Javier Milei incluye retirar todo el apoyo del Estado a la educación, la universidad, a la ciencia, la tecnología y la cultura. Es una cuestión doctrinaria de su propio modelo. Por eso, cuanto más articulada sea la resistencia a las políticas que quiere implementar, mejores condiciones habrá para poder enfrentarlo". Y continúa: "La experiencia por la que transcurrió el sector universitario nos muestra que el camino no está solo en las declaraciones, sino en las acciones concretas que se puedan hacer a través de propuestas alternativas".

A su turno, Guillermo Ruiz, investigador del Conicet y especialista en política educativa, destaca: "Desde un comienzo, el gobierno redujo todo su compromiso político al que constitucionalmente está obligado para sostener el servicio educativo. De manera falaz apela al federalismo para desentenderse. Ya en enero de 2024 suspendió el Fonid y plantea la ausencia de convocatoria a paritarias nacionales para que se fije el salario mínimo de los docentes. En la Ley de Presupuesto que aprobó el Congreso el año pasado por iniciativa del PEN se eliminaron los fondos correspondientes a la educación obligatoria en relación al porcentaje del 6 por ciento del PBI que debe invertir el Estado, así como el fondo para la educación técnico-profesional y la cuestión del financiamiento universitario". Luego remata: "El gobierno no cumple la ley, es una situación que no se explica desde el Estado de derecho".

Un solo grito

Aunque hasta el momento las medidas de los gremios que representan a los diferentes niveles educativos habían marchado por carriles separados, para este lunes la situación será distinta. Francisca Staiti, secretaria general de Conadu Histórica, señala al respecto: "Este lunes paramos y movilizamos todos los trabajadores y las trabajadoras docentes de todos los niveles. Venimos construyendo esta acción conjunta desde hace un tiempo porque vemos la necesidad de confluir en una acción que muestre nuestra situación común. Las políticas de Javier Milei nos atraviesan a todos los que nos desempeñamos como docentes".

Luego, Staiti enumera: "La falta de presupuesto y el desentendimiento del Estado en la educación es gravísimo. En las universidades, lo vemos en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la pérdida salarial y las becas; la quita del Fonid, que significó una quita salarial del 10 por ciento para quienes trabajan en escuelas. Le decimos 'No', también, al proyecto legislativo de libertad educativa, que viene a profundizar y a poner en letra que la educación es una mercancía. Para nosotros, en cambio, la educación y la universidad son derechos sociales".

Por su parte, Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, dice en la misma línea: "Paramos y marchamos porque en el proyecto de país de Milei no hay lugar para la educación; el ajuste está atacando a todos los niveles educativos de forma ilegal. En cuanto a universidad, marchamos por la convocatoria inmediata a paritarias y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario".

Filmus insiste en que defender la educación obligatoria exige una resistencia más robusta porque el ajuste que ha sufrido supera al 80 por ciento de los fondos. "Es la educación a la que asiste la mayoría y fundamentalmente los sectores populares. El principal golpe lo sufren los docentes a través de la eliminación del Fonid y de la falta de transferencia a las provincias respecto de infraestructura, computadoras y programas educativos que perjudican a los más pobres".

La obsesión de Milei

Desde que asumió, las universidades nacionales constituyeron el epicentro de todos los conflictos. Al comienzo de su gestión, el pretexto para desfinanciarlas era definirlas como lugares en los que se realizaban "curros". Aunque el relato oficial insistía en la necesidad de realizar auditorías, en paralelo, funcionarios del área, como el propio subsecretario de Políticas Universitarias, asumía que no habían encontrado nada para denunciar.

Cuando ese argumento, entonces, cayó por su propio peso --en la medida en que las casas de estudio son auditadas de manera constante por los órganos competentes internos y por la Auditoría General de la Nación--, el discurso libertario pasó a una segunda etapa: las instituciones de educación superior en Argentina son sitios de adoctrinamiento ideológico, cunas del pensamiento progresista. Un relato similar al que el admirado Donald Trump enarbola en Estados Unidos con especial énfasis sobre Harvard y otras.

En una tercera etapa, que se corresponde con el presente, se intenta deslegitimar las tareas que llevan adelante las universidades bajo el pretexto de que solo sirven para formar a inmigrantes. De esta manera, realizan acusaciones falsas y manipulan números sobre la cantidad de extranjeros que hay entre los estudiantes de Medicina de la UBA. Cualquier excusa es válida al momento de justificar la quita de fondos a las universidades nacionales; probablemente, de las pocas instituciones que en Argentina aún gozan de prestigio y legitimidad social.

Por otro lado, se declaró a la educación como "servicio esencial", en un claro intento de coartar el derecho a huelga de los docentes. La falacia de la argumentación ("asegurar el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en ella, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles") queda en evidencia por el impulso oficial a la que llaman Ley de Libertad Educativa.

En paralelo, el Gobierno Nacional lleva más de 280 días sin cumplir la Ley de Financiamiento que se sancionó en dos oportunidades en el Congreso y cuya razón de ser y aplicación fue validada en diferentes instancias por la Justicia. Aunque el elenco gubernamental debería hacerse cargo y cumplir con la norma, continúa dilatando sus obligaciones con el único objetivo de "cuidar el equilibrio fiscal". No obstante, este también se trata de un discurso tramposo, pues no titubean en asignar nuevas partidas presupuestarias para áreas más controvertidas y menos legitimadas socialmente, como puede ser inteligencia.

En última instancia, como siempre, la discusión en torno a la educación es un debate sobre modelos de desarrollo. Un gobierno que no cree en la industria local, que no fomenta a la ciencia y a la tecnología, que no busca agregar valor a ninguno de sus productos, no necesita de recursos humanos formados. El problema principal, en este caso, es que no solo desatiende la educación superior, sino que también busca retirar al Estado de la educación inicial. Quiere convertir a la escuela en un mercado más y ya se sabe lo que pasa cuando las cosas importantes quedan libradas a las fuerzas del mercado.