Nacionales. Cuando una embajada decide por la Argentina

Hay momentos en los que un episodio aparentemente puntual permite comprender un cambio mucho más profundo.

La decisión de la Embajada de Estados Unidos de amenazar con revocar visas a directivos de una empresa argentina por mantener relaciones comerciales con Huawei habría sido, en cualquier otro momento de nuestra historia diplomática, motivo suficiente para una firme protesta del Estado argentino. No ocurrió.

En cambio, quien respondió fue la Embajada de la República Popular China. En un comunicado oficial sostuvo que Washington había "generalizado el concepto de seguridad nacional", obstaculizado la cooperación normal entre empresas argentinas y chinas y vulnerado la soberanía de otros países.

Más allá de la evidente confrontación entre las dos principales potencias del sistema internacional, el dato verdaderamente preocupante es otro.

La Argentina desapareció de una discusión que la tiene como protagonista.

Dos embajadas discuten públicamente sobre decisiones que corresponden exclusivamente al Estado argentino mientras el Gobierno guarda silencio.

Ese silencio no es casual.

Es la consecuencia de una política exterior que abandonó la tradición de autonomía para reemplazarla por un alineamiento prácticamente incondicional con Washington.

Durante décadas, la Argentina sostuvo una política de diversificación de vínculos internacionales. Con matices, distintos gobiernos comprendieron que un país de desarrollo medio no podía subordinar toda su inserción internacional a una sola potencia. La mejor forma de defender el interés nacional consistía en ampliar opciones, no en reducirlas.

Esa lógica permitió construir una asociación estratégica integral con China, consolidar el Mercosur con Brasil, mantener relaciones con Estados Unidos, fortalecer los vínculos con Europa y ampliar la presencia argentina en el Sur Global.

El gobierno de Javier Milei eligió otro camino.

Rechazó el ingreso a los BRICS ampliados, precisamente cuando ese espacio se consolida como uno de los principales ámbitos de coordinación política y económica del mundo en desarrollo. Deterioró la relación con Brasil, principal socio comercial argentino, y paralizó o ralentizó diversos proyectos de cooperación con China en infraestructura, energía, ciencia y tecnología.

Paradójicamente, la realidad terminó imponiéndose sobre la ideología.

Durante la campaña electoral, Milei prometió romper relaciones con China y sostuvo que no haría negocios con "comunistas". También anunció una rápida dolarización de la economía.

Sin embargo, pocos meses después debió solicitar la renovación del swap de monedas con el Banco Popular de China, un instrumento que contribuye a fortalecer las reservas internacionales argentinas y que, al mismo tiempo, constituye una pieza central de la estrategia china para internacionalizar el renminbi como moneda de comercio e inversión.

Los hechos demostraron que la economía argentina necesita mantener una relación madura con China.

Lo llamativo es que esa necesidad económica convive con una retórica política que continúa deteriorando el vínculo bilateral.

La diferencia de enfoques resulta evidente.

Estados Unidos observa crecientemente su relación con América Latina desde la lógica de la competencia estratégica con China y busca limitar la presencia tecnológica y económica de Beijing en la región.

China, en cambio, continúa privilegiando un discurso centrado en la cooperación económica, la conectividad, el comercio, la inversión y el desarrollo compartido. Su reciente Libro Blanco sobre la Iniciativa de Gobernanza Global vuelve a colocar en el centro del debate internacional conceptos como la igualdad soberana de los Estados, el multilateralismo, el rechazo a las sanciones extraterritoriales y la defensa del sistema de Naciones Unidas.

Puede discutirse cuánto de ese discurso se traduce efectivamente en la práctica internacional. Lo que resulta difícil de cuestionar es que esos principios coinciden con una tradición histórica de la diplomacia argentina: la defensa de la no intervención, la solución pacífica de las controversias y el respeto por la igualdad soberana de los Estados.

La cuestión de fondo, entonces, no consiste en optar entre Washington o Beijing.

La verdadera discusión es si la Argentina conservará la capacidad de definir autónomamente sus vínculos internacionales o aceptará que otros determinen con quién puede comerciar, invertir o cooperar tecnológicamente.

La presión ejercida sobre una empresa argentina por parte de una embajada extranjera debería preocupar independientemente de cuál sea el país que la ejerza.

Porque hoy el debate gira alrededor de Huawei.

Mañana podría tratarse del litio, de la inteligencia artificial, de los alimentos, de la energía o de cualquier otro recurso estratégico.

La soberanía no comienza cuando se despliega una bandera.

Comienza cuando un Estado conserva la libertad de decidir por sí mismo.

Y esa libertad no sólo se defiende en las fronteras.

También se defiende en la política exterior, en las decisiones económicas y en la capacidad de relacionarse con el mundo sin aceptar vetos ni condicionamientos.

En un escenario internacional cada vez más multipolar, la Argentina necesita recuperar una política exterior basada en la autonomía estratégica.

No para enfrentarse con ninguna potencia.

Sino para poder cooperar con todas desde la defensa exclusiva de un interés: el interés nacional.

Fuente: Página 12