6 de agosto de 2026
Relevamiento del Observatorio de Tierras (CONICET-UBA)
En Saladillo, provincia de Buenos Aires, hay aproximadamente 5.590 hectáreas en manos de personas o empresas extranjeras, lo que representa un 2% de su superficie territorial total (sobre unas 257.860 hectáreas relevadas). Este dato surge de los informes del Observatorio de Tierras (CONICET-UBA).
Detalles del Relevamiento en Saladillo
Superficie total del partido: 257.860,08 hectáreas.
Superficie en poder extranjero: 5.590 hectáreas.
Porcentaje de extranjerización: 2%. Límite legal permitido: 15% (según la normativa vigente de tierras rurales).
Contexto Regional y Nacional
Comparativa zonal: Distritos vecinos de la séptima sección electoral muestran cifras similares, como General Alvear con algo más del 2%, Roque Pérez con un 3%, u Olavarría y Bolívar con cerca del 4% y 2% respectivamente.
Panorama nacional
A nivel país, el Observatorio de Tierras indica que casi el 5% del territorio nacional (más de 13 millones de hectáreas) está bajo titularidad extranjera, liderado por inversiones de Estados Unidos, Italia y España. Aunque el promedio provincial se mantiene por debajo del tope legal, existen departamentos críticos en el país que superan ampliamente el 15%.
El Observatorio de Tierras, integrado por investigadoras/es del CONICET y la UBA, presentó un mapa interactivo que revela el alcance de la extranjerización de la tierra en Argentina. El estudio estima que casi el 5% del territorio nacional -más de 13 millones de hectáreas, una superficie similar a Inglaterra- pertenece a firmas o Estados extranjeros.
El informe contradice el argumento oficial de que ninguna provincia supera el límite legal del 15%: al analizar por departamentos, 36 distritos ya lo exceden. Casos críticos se registran en Lacar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), donde la extranjerización supera el 50%. También hay altos porcentajes en zonas estratégicas del río Paraná.
Según los investigadores, Estados Unidos lidera la tenencia con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. Advierten que derogar la Ley de Tierras no apunta a inversiones productivas, sino a facilitar la apropiación de recursos estratégicos, lo que podría profundizar conflictos sociales.
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