Provinciales. Quién es Albertina Mangini, la funcionaria judicial saladillense detenida en una causa que investiga movimientos por 27 mil millones de pesos

Por Leo Nieva | revistaquorum.com.ar

Tiene 44 años, es abogada y trabaja desde hace más de 17 años en el Poder Judicial bonaerense. La acusan de integrar una organización que captaba personas vulnerables para abrir cuentas y mover fondos que, según la investigación, provenían en parte de un casino online clandestino.

Hace más de 17 años que Albertina Mangini trabaja en el Poder Judicial bonaerense. Es abogada, tiene formación en Derecho Penal y hasta febrero de 2015 se desempeñaba como secretaria de la Fiscalía de Cámaras del Departamento Judicial La Plata, donde cumplía tareas en la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados. En abril allanaron su domicilio y, cuatro meses después, fue detenida en el marco de una causa que investiga una presunta organización que utilizaba las identidades de personas vulnerables para abrir cuentas y mover millones de pesos.

Mangini, quien el pasado 1 de julio cumplió 44 años, está imputada por delitos vinculados con estafa, lavado de activos y asociación ilícita. Tras su detención fue convocada a declarar, pero se negó a hacerlo.

De acuerdo con la investigación, las maniobras financieras atribuidas a la organización habrían alcanzado los 27 mil millones de pesos en apenas unos meses. Los investigadores determinaron además que parte de esos fondos provenía de un casino online que operaba de manera clandestina.

La abogada fue demorada en su departamento de la ciudad de La Plata, en un operativo realizado por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA).

La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción 2 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de Betina Lacki, mientras que las medidas fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías N°6, encabezado por Agustín Carlos Crispo.

De Saladillo a La Plata

Mangini es oriunda de Saladillo, aunque posteriormente se radicó en La Plata. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) entre 2002 y 2008 y obtuvo allí el título de abogada.

Su ingreso al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires se produjo en junio de 2009. Según la trayectoria que ella misma consigna en su perfil de LinkedIn, comenzó como auxiliar letrada en una fiscalía de Saladillo, donde permaneció hasta septiembre de 2014.

En octubre de ese año pasó a trabajar en La Plata. Según fuentes de la Procuración General, Mangini revestía como secretaria de la Fiscalía de Cámaras del Departamento Judicial La Plata y cumplía tareas en la denominada Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados.

Fuentes de la Gobernación bonaerense consultadas por Quorum rechazaron cualquier vínculo laboral de Mangini con el Ejecutivo provincial. "Es una empleada judicial y no tiene ni tuvo ninguna vinculación burocrática ni laboral con el Ministerio de Justicia", explicaron.

"Es una empleada judicial y no tiene ni tuvo ninguna vinculación burocrática ni laboral con el Ministerio de Justicia", explicaron. Según las mismas fuentes, Mangini "trabajaba en una dependencia de la Fiscalía General en la cual tenían acceso a la información de las personas liberadas".

Desde Gobernación señalaron que esa situación se originó en un convenio implementado durante la gestión de María Eugenia Vidal. "Durante una parte de la etapa de supervisión, algunas personas -aquellas que no pasaron por la cárcel por tener una pena de ejecución condicional- deben presentarse a firmar en esa sede de la Fiscalía", explicaron.

Y agregaron: "De ahí es que esa empleada judicial tenía información de personas condenadas por el Poder Judicial".

La formación de Mangini está particularmente vinculada con el área penal. Además de su título de abogada, inició una Especialización en Derecho Penal y Criminología en la UNLP y en 2014 realizó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) el curso de posgrado "Cuestiones actuales de derecho penal".

Suspendida en su cargo

De acuerdo a los voceros, la situación de Mangini dentro del Ministerio Público había comenzado a cambiar mucho antes de los allanamientos realizados este año: el 13 de agosto de 2024 realizaron una denuncia penal contra ella.

Al día siguiente, mediante una comunicación interna, el Procurador General tomó conocimiento de la presunta irregularidad y de las medidas funcionales adoptadas respecto de la secretaria.

La presentación dio origen a la IPP N° 06-00-046077-24/00, caratulada "s/ Denuncia", y posteriormente fue acumulada con la IPP N° 06-00-000945-25/00. Ambas quedaron radicadas en la fiscalía de Betina Lacki, la misma que actualmente lleva adelante la investigación.

La denuncia señalaba que una persona que ocupaba el cargo de secretaria en la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados habría ofrecido $80 mil a una persona que concurría a esa dependencia a cambio de participar en la apertura de cuentas en billeteras virtuales. La conducta fue considerada, en principio, incompatible con sus deberes como funcionaria del Ministerio Público Fiscal.

La Procuración abrió además el expediente disciplinario para investigar administrativamente la conducta de Mangini. Finalmente, y según las fuentes consultas, el 10 de febrero de 2025 la Fiscalía de Cámara del Departamento Judicial La Plata resolvió suspenderla de sus funciones hasta que exista un pronunciamiento definitivo en las investigaciones penales. Cuando se produjeron los allanamientos de abril y su posterior detención, Mangini ya se encontraba apartada de su cargo.

La mecánica

Según la acusación, entre fines de 2023 y al menos agosto de 2024 se habría montado un mecanismo para captar personas en situación de vulnerabilidad y ofrecerles dinero a cambio de sus datos personales.

Los investigadores sostienen que la propuesta podía llegar a 80 mil pesos. A cambio, las personas entregaban su documentación, permitían que les tomaran fotografías y realizaban validaciones biométricas.

Parte de esos encuentros, de acuerdo con la investigación, se habría concretado en un bar ubicado en la esquina de 7 y 56 de La Plata.

Los dólares que fueron secuestrados por la Policía Federal en uno de los domicilios allanados en el marco de la investigación (Foto: PFA).

Con la información obtenida se habrían abierto cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de las personas captadas. Sin embargo, los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y contraseñas necesarios para operarlas quedaban bajo el control de otras personas.

Las víctimas se convertían así en lo que los investigadores denominan "mulas financieras": formalmente aparecían como titulares de las cuentas, pero no controlaban el dinero que circulaba por ellas. Testigos de la causa llegaron a describir "filas" de personas que concurrían para recibir el dinero ofrecido, entre ellos ex detenidos o familiares de presos, sin deudas ni compromisos.

La investigación individualizó hasta el momento dos cuentas -una de Ualá y otra de Mercado Pago- por las que circularon exactamente $172.242.946,68 durante un período aproximado de un año. La PFA, en tanto, estimó en $27 mil millones el volumen de los movimientos financieros atribuidos al conjunto de la estructura investigada.

La detención

Mangini ya había sido allanada en el mes de abril pasado, durante una primera etapa de la investigación. Sin embargo, en ese momento no quedó detenida.

La pesquisa continuó y derivó en una segunda serie de procedimientos realizados por agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina. Los investigadores identificaron nueve domicilios vinculados con la causa en La Plata, Quilmes, Mar del Plata y La Falda, Córdoba.

De acuerdo con la hipótesis policial, la mujer habría participado de la captación de las personas vulnerables, mientras que los otros dos sospechosos habrían intervenido en la apertura y administración de las cuentas y en las operaciones financieras.

Durante los allanamientos se secuestraron 17 teléfonos celulares, cuatro notebooks, seis CPU, seis posnet, tres pendrives, equipos de almacenamiento, un automóvil de alta gama y una pistola calibre 9 milímetros.

Los efectivos también encontraron 2.787.440 pesos, 3.300 dólares, 3.490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong.

Por el hallazgo del arma, la fiscalía dispuso abrir además actuaciones por tenencia ilegal de arma de guerra.

La aclaración de Kicillof y Mena

La detención de Mangini tuvo además una derivación política después de que algunas publicaciones periodísticas la vincularan con la administración de Axel Kicillof.

El Gobernador salió públicamente a negar esa relación y cuestionó a quienes la presentaron como una "funcionaria de Kicillof".

"La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia", afirmó Kicillof.

El mandatario provincial sostuvo que la información había sido desmentida y reclamó una rectificación: "Esperamos que hoy borren el tweet y desmientan por todos sus medios la falsa noticia".

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, también intervino para precisar la pertenencia institucional de Mangini.

"La funcionaria detenida no trabaja ni trabajó nunca en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. Es una funcionaria judicial de la Procuración General de la Provincia", sostuvo. Y remarcó: "No tiene absolutamente nada que ver con el Poder Ejecutivo provincial".