Nacionales. El gobierno de Milei duplicó el promedio mensual de expulsiones de migrantes

"Argentina no tiene un problema de migración. La gestión de Milei presenta la migración como un problema de seguridad", sostiene el documento publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el que dio a conocer información pública respecto de una desmedida cantidad de operativos migratorios del Ministerio de Seguridad, en los que solo se encontraron un 2,2% de personas con documentación irregular.

En tanto, la Dirección Nacional de Migraciones incrementó de 98 a 202 las expulsiones mensuales de extranjeros del país, a partir de la firma del Decreto 366/25, pero a un año de su entrada en vigencia no definió los criterios para realizarlas.

La información surge de dos pedidos de información pública solicitados por el CELS a la cartera a cargo de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y la Dirección Nacional de Migraciones, encabezada por Sebastián Pablo Seoane. Ambos organismos realizan en conjunto operativos de control migratorio que el CELS definió como "un espectáculo del sufrimiento para perseguir migrantes".

Los operativos de las fuerzas de seguridad federales y la Dirección de Migraciones realizados entre enero y junio de este año contaron con el despliegue de más de 2.000 agentes (en su mayoría de la Policía Federal) y ascendieron a 851.

De ellos, 261 fueron realizados en predios rurales y 590 fueron en la vía pública. El Gobierno solo respondió el pedido de información del CELS sobre los desplegados en contextos urbanos: terminales de pasajeros, ferias, zonas comerciales y controles de rutas.

En esos 590 fueron registradas un total de 7.261 personas, de las cuales 93,6% (6.802) eran extranjeras, pero su condición migratoria se encontraba en regla. Los operativos al voleo de las fuerzas de seguridad también registraron a 298 personas que eran argentinas y solo encontraron a 161 personas (2,2%) migrantes con problemas de documentación.

En los casos de irregularidad, la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas federales solo tienen la facultad de comunicar la situación para que la persona migrante pueda resolver sus trámites, por lo que el despliegue se limita al espectáculo que involucró el despliegue.

Se focalizaron en CABA, Buenos Aires y Misiones

Esos operativos no se desarrollaron en todo el país, sino que se focalizaron en la Ciudad de Buenos Aires, donde se realizaron 312 (53% del total) y estuvieron apuntados a los barrios porteños donde hay grandes ferias comerciales al aire libre como Liniers, Parque Avellaneda, Mataderos, Balvanera y San Cristóbal, Flores y Parque Chacabuco.

La selectividad de los operativos porteños podría ser aún mayor, pero el Ministerio de Seguridad solo informó la localización de la mitad de los operativos. En tanto, las otras dos jurisdicciones donde se enfocaron los operativos fueron provincia de Buenos Aires (23%) y Misiones (8%). En territorio bonaerense, la mayor parte se realizó en el municipio de Lomas de Zamora, donde se encuentra la feria de La Salada, y en el municipio de General Pueyrredón.

"Las poblaciones migrantes que, por lo general, tienen empleos de subsistencia, son consideradas por el gobierno como una amenaza que hay que expulsar del país. Estas acciones, que son repetidas en épocas de crisis y se transforman en un chivo expiatorio para intentar explicar los problemas económicos, promueven el racismo y la xenofobia contra comunidades empobrecidas", apuntó el CELS.

Las expulsiones mensuales, duplicadas

Por otra parte, la respuesta del pedido de información pública a la Dirección Nacional de Migraciones sobre las expulsiones dictadas desde la firma del Decreto 366/25 evidenció que el Gobierno duplicó el promedio mensual de expulsiones.

En junio las expulsiones registraron un pico de 379, pero al consultar el porqué y señalar, por ejemplo, que el Decreto 366/25 exigía acreditar "medios económicos suficientes" para acceder a la residencia permanente, la Dirección Nacional de Migraciones no informó sobre los motivos de las expulsiones, sino solo fecha, nacionalidad y género.

En ese sentido, el CELS denunció que, a un año de la entrada en vigencia de la norma, no existen criterios definidos. "El organismo informó que el documento que debería fijarlos todavía está a estudio de las autoridades superiores", precisó el documento.

El comunicado del CELS recuerda que el Decreto 366/25 reformó, sin debate en el Congreso, la Ley de Migraciones que había sido aprobada con un amplio consenso en 2003. De esta manera, cambió un espíritu de inclusión e integración, que promovía la regularidad migratoria, por otro con una mirada excluyente y criminalizadora de las poblaciones migrantes.

"Argentina no tiene un problema de migración. No hay un diagnóstico, datos, ni información que justifique este tipo de intervenciones ni un cambio de enfoque en la política. Es una decisión política. La gestión de Milei presenta la migración como un problema de seguridad", sentenció el CELS.