Nacionales. Más de 20 días de paro y nueva marcha federal Universitaria

Finalmente, la parodia de negociación paritaria por parte del gobierno nacional colmó la paciencia de la comunidad universitaria, que convocó a una nueva marcha federal para el próximo 15 de octubre en la que van a exigir el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En tanto, los gremios de la Universidad de Buenos Aires anunciaron 23 días de paro escalonado, uno por cada facultad, desde el 21 de septiembre al 22 de octubre. A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el ejecutivo volvió a insistir con el aumento del 3 por ciento que habían ofrecido a principio de mes, frente al 30 por ciento que reclaman los gremios. Por otro lado, a los rectores les preocupa que en el presupuesto del 2027 presentado por la administración libertaria, les destinan 7,3 billones de pesos, cuando necesitan alrededor de 11 billones para funcionar.

El 1 de septiembre, la reunión paritaria entre rectores y gremios con la subsecretaria de Politicas Universitarias fracasó debido a la escasa propuesta del Gobierno, que pretendía darle un 3 por ciento de incremento salarial al personal universitario, cuando aún les adeudan un monto mayor al 30 por ciento de aumento, para volver al poder adquisitivo que tenían docentes y no docentes antes de la asunción de Milei.

Eso es lo que establece la Ley de Financiamiento Universitario, que el Congreso de la Nación aprobó con amplia mayoría y respaldó luego del veto presidencial, sin contar las medidas cautelares de la Justicia en las que le exige a la administración libertaria que ponga en funcionamiento de manera inmediata los artículos 5 y 6 del texto. Al final del encuentro, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio con la promesa de que el oficialismo eleve una propuesta superadora el jueves 17.

Tal como se temían los universitarios, nada de eso pasó. "No hubo propuesta en el ámbito paritario. En realidad, lo que sucedió es que el gobierno nacional ratificó lo que ya había dicho en la paritaria de hace un mes atrás, prácticamente", precisó el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci.

Con mucho esfuerzo, desde el CIN y los sindicatos venían manteniendo conversaciones con el Gobierno en pos de conseguir la recomposición salarial por la que vienen luchando durante el mandato de Milei. En junio, habían firmado un acta en la que el ejecutivo se comprometió a otorgarle al personal un aumento del 21,3 por ciento a cobrar en junio y otro 3 por ciento en octubre, sumado a fondos para gastos de funcionamiento de edificios y hospitales -que nunca transfirieron- y el llamado a una paritaria para septiembre.

Esa buena voluntad se terminó este jueves al ver que el Gobierno sólo buscaba ganar tiempo, mientras le aseguran a la Justicia que están cumpliendo con lo que dicta la Ley de Financiamiento. "Por eso creemos que esta vez hay que hacer una medida contundente que permita visibilizar y concientizar sobre la gravedad de lo que está sucediendo" dijo el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), Emiliano Cagnacci.

La medida a la que hace referencia Cagnacci y que cuenta con la adhesión de Feduba, Apuba, Aduba y UTE, se trata de 23 días de paro escalonado en todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires, de modo que cada instituto tenga un día de huelga en específico. Empezarán el próximo lunes 21 de septiembre con un paro del rectorado y culminará el jueves 22 de octubre en el Hospital de Clínicas. Para el referente de Aduba, "estos 23 días de paro van a servir para tomar conciencia en términos sociales que lo que está pasando es grave, que ya excede la discusión salarial, y lo que está en juego es la posibilidad o no de una Argentina distinta a través del modelo educativo".

Lo otro que preocupa puertas adentro del CIN son los fondos para el año próximo que le pretende destinar Milei a las universidades en el Presupuesto 2027. Según el texto que ya se trata en las comisiones de Diputados, las instituciones deberán funcionar todo el año con un presupuesto de 7,3 billones de pesos, mientras que los cálculos del CIN sostienen que deberían ser 11 billones para poder cubrir todos los gastos. Durante la reunión del jueves, Bartolacci les trasladó esta inquietud a los delegados libertarios. "El problema es que es muy difícil poder establecer un diálogo con alguien que no quiere conversar. Estamos en una situación realmente muy compleja. No hay novedades ni respuestas en el ámbito paritario, no hay avances ni respuestas en el ámbito judicial", sintetizó.

Ante este escenario, la gravedad de la situación se agudiza. Bartolacci, también rector de la Universidad Nacional de Rosario, advierte que en el caso de que el Congreso apruebe el Presupuesto, "todas las funciones y programas que brindan las universidades se van a ver afectados, absolutamente todos. No solo porque con ese presupuesto proyectado no hay posibilidad de garantizar el incremento salarial pendiente, y ese ya es un problema grave, sino porque, además, con ese presupuesto que se provee para funcionar, no hay condiciones de hacerlo", explicó.

Es por esa razón que el CIN está llevando una estrategia para convencer a los legisladores de acompañar el reclamo universitario. "Nosotros ayer hicimos una audiencia (en Diputados), a partir de la semana que viene vamos a plantear en cada provincia reuniones con diputados y senadores de esas provincias que nos representan en el Congreso, para discutir exactamente lo mismo, y la semana siguiente vamos a convocar a los gobernadores, porque creemos que también son voces importantes para establecer pautas de cómo va ser la discusión parlamentaria del presupuesto" anticipó el presidente del CIN.

Luego de la reunión con el oficialismo, los rectores acordaron de manera casi automática con los gremios y federaciones estudiantiles, algo que se venía rumoreando: la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria, que será la quinta en la lucha de los universitarios contra el ajuste educativo libertario. "Es efectivamente lo que había que hacer", dijo Bartolacci, al ver que "el Gobierno nunca tuvo disposición a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, ni antes ni ahora. Solo basta con ver el recorrido que ha tenido el tema", agregó.

"Creemos que es importante que la sociedad acompañe en función de que lo que se está defendiendo es un derecho propio, que es el derecho a poder educarse, el derecho a poder tener una Argentina distinta a través del desarrollo científico-tecnológico, es el derecho al ascenso social, grabado a fuego en nuestra memoria en la Argentina, de todos y todas las que pasamos por la universidad" determinó Cagnacci.