Provinciales. La Defensoría le reclamó a la Justicia medidas urgentes ante la privatización de AySA

La Defensoría del Pueblo bonaerense denunció ante la Justicia que AySA no cumple con la medida cautelar que le exige mantener las obras, inversiones y la calidad del servicio de agua y cloacas, y pidió que se tomen medidas urgentes frente al avance del proceso de privatización de la empresa.

El organismo que conduce Guido Lorenzino advirtió que el proceso de venta del 90% de las acciones que posee el gobierno nacional ya comenzó con la apertura de las ofertas económicas sin que AySA aporte información que permita determinar que la transferencia no afectará las obligaciones que se le ordenó preservar por vía judicial.

"No se puede avanzar con la transferencia de AySA y averiguar después si están protegidos los derechos de las y los bonaerenses. Antes de que la operación se vuelva irreversible tiene que estar garantizado que no se van a reducir inversiones, postergar obras ni afectar las obligaciones ambientales y sanitarias de la empresa", sostuvo Lorenzino.

La medida cautelar dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata y confirmada por la Cámara obliga a AySA a abstenerse de adoptar acciones que modifiquen, reduzcan, suspendan o desnaturalicen sus obligaciones de prestación, como son las obras e inversiones, el mantenimiento y la ampliación de las redes de agua y cloacas, el tratamiento de efluentes, el saneamiento, la remediación de pasivos ambientales y el cumplimiento de los estándares de calidad del servicio.

Sin embargo el gobierno nacional, que ya aprobó la primera etapa de la licitación con la apertura de las ofertas económicas de los dos consorcios que siguen en competencia, informó que el futuro operador deberá afrontar inversiones superiores a 2.000 millones de dólares en obras, mantenimiento, mejoras, operación y expansión del sistema de agua potable y saneamiento.

Ante esto, la Defensoría considera que estas cifras refuerzan la necesidad de saber, antes de que se concrete la transferencia, quién asumirá esas obligaciones, con qué capacidad técnica y económica y con qué garantías, antes de que exista un daño o una situación irreversible.

"La discusión no es privatización sí o privatización no. Hay una orden judicial vigente y hay derechos que deben ser protegidos. El agua potable, el saneamiento, la salud y el ambiente de millones de bonaerenses no pueden quedar sujetos a un hecho consumado", concluyó Lorenzino.

En ese marco, la Defensoría solicitó que la Justicia intime urgentemente a AySA a acreditar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar y también pidió que la empresa informe qué ocurrirá con las obligaciones vigentes, las obras comprometidas y pendientes, los pasivos ambientales y las garantías que deberá ofrecer el futuro operador.