El gobierno cordobés oficializó el cobro de los operativos que se realicen por las amenazas escolares. Los padres o tutores de quienes las hagan tendrán que pagar multas determinadas por las autoridades provinciales que podrían superar los cuatrocientos millones.

En la resolución N°331, el Ministerio de Seguridad cordobés --a cargo de Juan Pablo Quinteros-- aprobó el Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos y/o daños ocasionados al Estado Provincial vinculados a hechos de violencia, amenazas o conductas de riesgo en ámbitos escolares. En el último tiempo, la gran mayoría de las amenazas, como sucede en todo el país desde el tiroteo en San Cristóbal, son falsas y el gobierno busca terminar con esta práctica.

Estas amenazas falsas generan un uso irresponsable de recursos públicos (personal policial, servicios de emergencia y medios logísticos) y el Ministerio consideró que necesitaba poder "identificar, cuantificar y reclamar" los costos operativos. El secretario de Seguridad y el jefe de Policía de la Provincia de Córdoba serán quienes determinen la cifra que las familias tendrán que pagar.

"No es una broma ni una travesura, es un delito tipificado en el Código Penal, bajo el nombre de Amenazas calificadas por el anonimato", explicó Quinteros. En Córdoba, hay 26 adolescentes imputados por este tipo de hechos y se registraron más de noventa amenazas de tiroteos.

La Policía de Córdoba identificó a los responsables y cuantificó los costos de 36 operativos realizados en el último tiempo por las amenazas de tiroteo. Según adelantaron, las primeras cinco notificaciones serán enviadas en los próximos días.

La intimación de pago incluye el gasto por el uso del personal policial afectado, las brigadas especiales (como la unidad de explosivos), los servicios de salud y emergencias médicas activadas, los medios logísticos y el equipamiento utilizado y cualquier recurso provincial movilizado. Con esto, las facturas superarían los cuatrocientos millones de pesos.

Protocolo de acción y de judicialización

Quinteros explicó: "Seguramente el fenómeno de las redes lo masificó y aparecieron mensajes iguales en muchos colegios del país. En Córdoba lo empezamos a ver". Por eso, desarrollaron un protocolo para intervenir en estos casos. Este dicta que cuando un docente se entera de que hay un cartel amenazador, tiene que avisar a sus superiores y éstos a la policía. A partir de entonces, el proceso también se judicializa y queda a cargo del Ministerio Público Fiscal, que buscará identificar a los responsables directos y a los adultos legalmente responsables por ellos.

Una vez que una persona es notificada, tiene sólo cinco días para efectuar el pago. Si se vence el plazo, el expediente pasa del Ministerio de Seguridad a la Fiscalía del Estado y se realizarán acciones judiciales para recuperar los fondos.

Santa Fe

La semana pasada, el gobierno de Santa Fe, provincia donde sucedió el tiroteo escolar hace casi un mes, envió 39 notificaciones a padres o tutores responsables legalmente de los estudiantes que realizaron amenazas escolares para que cubran los gastos de los operativos de seguridad, que en conjunto rondan los doscientos millones.

Blanca Diakaki, subsecretaria de Legal y Técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad, indicó que los costos varían según el caso concreto, pero "parten de una base estimativa de entre 5 y 6 millones de pesos" y pueden llegar --por la extensión geográfica del operativo o la cantidad de recursos utilizados-- a más de once millones.

La provincia registró más de 80 falsas amenazas en las escuelas y consideró que es parte de la "viralización" de mensajes en redes sociales y de mensajería. Sólo en la capital provincial se contaron 23 denuncias.

En la misma línea que Quinteros, el secretario de Análisis y Gestión de Información del Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino, Esteban Santantino, sostuvo que los episodios "no son de una broma de adolescentes sino de un delito" y remarcó que están contemplados en el artículo 211 del Código Penal como intimidación pública. "Las personas identificadas tendrán que asumir la responsabilidad más allá de su edad, también a través de sus responsables legales", aseguró.

Informe: Natalia Rótolo.