El Gobierno nacional formalizó por decreto la nueva estructura de la Comisión de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos luego de desplazar a su anterior titular, Mónica Capano, tres años antes de que terminara su mandato. El decreto también confirma que el organismo será presidido por el arquitecto Fernando Ferreyra, que supo tener cargos y asesorías en la gestión PRO de la Ciudad de Buenos Aires. Ocurre pocas semanas después de que el Congreso rechazara el Decreto N°345 que, entre otras transformaciones en el área de Cultura, había desarmado la estructura de la comisión, quitándole la mayor parte de sus atribuciones de protección del patrimonio nacional. Los cambios en el organismo tienen en alerta a las organizaciones que trabajan en la defensa del patrimonio histórico: sostienen que en el fondo se esconden intereses inmobiliarios sobre los edificios y sus entornos.

Pasó menos de un mes desde aquella jornada en la que la oposición consiguió en el Senado aprobar un listado de siete leyes que hicieron tambalear al Gobierno: entre la ley de financiamiento universitario y la llamada ley Garrahan, la Cámara Alta rechazaba cinco decretos entre los que se encontraba el 345. El pasado 3 de septiembre, en tanto, el gobierno tuvo que asumir formalmente la derrota al publicar en el Boletín Oficial (BO) un nuevo decreto que establecía la restitución de "la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas". 

Para la Comisión de Monumentos, eso significaba la recuperación de la estructura que había sido degradada y de sus funciones anteriores, con un pequeño detalle en el medio: antes del rechazo del Senado, a las apuradas, la Secretaría de Cultura ya había desplazado por resolución a la entonces titular del organismo, Mónica Capano, para reemplazarla por Ferreyra. Según pudo reconstruir Página/12 en ese momento a partir de fuentes cercanas a la comisión, el recambio había sido como mínimo desprolijo: Capano ni siquiera recibió una notificación formal sobre su desplazamiento y se enteró de la cuestión estando de vacaciones, cuando funcionarios de Cultura se presentaron en su oficina acompañados de su reemplazo.

Las fuentes advertían ya entonces que la decisión podía caer en un conflicto legal profundo si el Decreto 345 terminaba siendo rechazado por el Senado, como finalmente ocurrió, ya que "hay una persona a cargo de una dirección nacional que antes del decreto no era una dirección nacional y, con el 345 anulado, esa persona estará con un cargo que no existe", explicaban. 

Como ya es habitual, el Gobierno intenta ahora resolver esa encrucijada con un nuevo decreto. Es el N°673/25, publicado este miércoles en el BO con la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Ahora con fuerza de decreto presidencial, y ya no de una resolución de Cultura, Ferreyra es confirmado como presidente de la comisión, mientras que se oficializa también el resto de la nueva estructura que compondrá el organismo: el arquitecto Rafael Mariano Montes de Oca será el vocal vicepresidente, María del Carmen Maraz será la vocal secretaria, mientras que Graciela Ofelia Cáceres, Jorge Jesús Mallo, María Patricia Mariño, Fernando Luis Martínez Nespral, Martín Blas Orduna, Cristina Devoto, Juan Pablo Vacas y María Cristina Vera serán vocales. 

En el currículum de Ferreyra, egresado de la Universidad de Buenos Aires, se cuenta la creación de la Junta de Estudios Históricos de la Basílica del Pilar del barrio de Recoleta. Es el creador, también, del diseño del escudo oficial de ese barrio y del de Retiro, mientras que supo tener diversos cargos y asesorías en la Legislatura y en el Gobierno porteño durante la gestión PRO: fue director del Parque Tres de Febrero y funcionario de la Comuna N°2 hasta 2019.

Todos los integrantes de la comisión tendrán un mandato de seis años, un dato en apariencia secundario pero que esconde otro punto importante en lo que hace al modo en que el Gobierno se vio obligado a oficializar la nueva estructura: el plazo de seis años es el que estaba prefijado para los cargos de la comisión antes del Decreto N°345 -- Capano, por ejemplo, había asumido en 2022 y tenía mandato hasta 2028 --, mientras que el nuevo decreto también respeta la antigua estructura de presidente, vice, secretaria y vocales que el Gobierno había intentado reemplazar por un "órgano asesor" integrado por diez expertos ad honorem elegidos por la propia Secretaría de Cultura.

Así, aunque el decreto formaliza la nueva estructura, lo hace respetando el organigrama anterior y sin ninguna referencia a los múltiples recortes de atribuciones que sí incluía el Decreto N°345, que había disuelto quince funciones que le daban a la comisión una importante capacidad de decisión sobre los monumentos históricos, no sólo por la cantidad de facultades sino también por sus alcances. 

La palabra "establecer", por ejemplo, estaba borrada en ese decreto, que le sacaba al organismo la potestad de definir los criterios y pautas de selección, clasificación y valoración de los monumentos, los alcances y límites de la protección de cada caso, y las denominadas "áreas de amortiguación" en el entorno de los inmuebles. Se trata de las zonas delimitadas en los alrededores de los monumentos históricos en las que se define también un área de protección o usos limitados para complementar la conservación del bien patrimonial. Al menos por ahora, todas esas transformaciones siguen derogadas tras el rechazo del Congreso.