La semana en la causa judicial en la que se investiga el patrimonio de Manuel Adorni arrancó con un alto riesgo para su escribana, Adriana Nechevenko, de quedar implicada o ser denunciada por no haber verificado el origen de los fondos para la compra del departamento de Caballito, y se sumó la declaración de dos prestamistas que ella dijo que le presentó al Jefe de Gabinete. Estas mujeres, una comisaria retirada de la Policía Federal y su hija, también policía, confirmaron que aceptaron la operación con garantía hipotecaria que propuso Nechevenko por la que el funcionario les debe 70.000 dólares de un total de 100.000 que le habían dado en efectivo en noviembre de 2024 y que comenzó a devolver también cash, con 11 por ciento de interés. Más allá de que llaman la atención los mecanismos elegidos por el funcionario, quizá más comprometedor podría ser el testimonio de las dos jubiladas que deben presentarse el miércoles ya que aceptaron venderle su vivienda actual y cobrar solo cerca de un 15 por ciento sin interés alguno.

Escribana en apuros

Cuando el fiscal Gerardo Pollicita le preguntó a Nechevenko por el origen de los fondos con los que Adorni compró sus inmuebles, o al menos el departamento de Caballito, la respuesta fue "pregúntenle a él". En una entrevista, con posterioridad, dijo que ella no está obligada a preguntar de dónde sale el dinero y que lo conoce al jefe gabinete hace veinte años, como quien dice que le tiene confianza y por lo tanto no pregunta. Sin embargo, la mujer podría estar en problemas a cuento de esta situación y, en especial, si la hipótesis de investigación además de apuntar a presunto enriquecimiento ilícito incluye lavado de dinero. Las/os escribanas/os son "sujetos obligados" y, de acuerdo a los criterios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que rigen para Argentina, tienen que adoptar recaudos y juntar cierta información ante cada operación.

Hay numerosas regulaciones que rigen esta actividad, pero la principal es la resolución 242/2023 de la Unidad de Información Financiera (UIF) dirigida específicamente a los escribanos/as, además de ley antilavado, que los obliga a denunciar operaciones sospechosas que adviertan.

Desde 2022 el GAFI estableció un enfoque basado en el "riesgo" que exige a escribanos, contadores, bancos, financieras, cajas de juego -entre otros- controlar posibles rasgos de mecanismos de lavado de dinero:

Desde el vamos, tienen que activar ciertas alertas cuando una operación inmobiliaria supera (a valores actuales) los 180.000 dólares (el parámetro son 700 salarios mínimos).

Siempre deben trazar un perfil del cliente (tanto vendedor como comprador, sus datos personales, a qué se dedica, su patrimonio, sus ingresos, qué nivel económico maneja y otros datos complementarios) y verificar que sea congruente con la operación que vaya a realizar.

Si una persona es "políticamente expuesta" (PEP), y más todavía si trabaja para el gobierno, siempre se la debe evaluar como pasible de un mayor "riesgo".

Otro factor a evaluar está relacionado con el mercado: hay operaciones usuales, inusuales, o sospechosas. Aunque se trate de un rango subjetivo hay referencias que son habituales. Por ejemplo, en el mercado porteño es común que las operaciones se hagan en efectivo, pero no es habitual que si un inmueble se vende a 230.000 dólares los vendedores acepten sólo 30.000 y el resto a un año sin interés. De mínima, dicen los especialistas, es una operación inusual. La escribana/o podría citar al vendedor, quien quizá tenga alguna explicación (por caso, podría tratarse de una propiedad para un sobrino único heredero), pero si es más difícil de explicar la escribanía debería juntar más información. Y si lla operación se concreta debería denunciar, eventualmente una operación sospechosa ante la UIF.

Expertos en el tema explicaron a Página/12 que las compras e inmuebles con pagos de tan poco porcentaje son una maniobra común de lavado de dinero que, sin no es advertida, se licúa en unos años. El factor de una posible triangulación colaboraría con esa hipótesis como para desdibujar responsabilidades. Pero para un escribano/a deberían todos estas deberían ser consideradas "alertas".

La resolución 242 dice que los escribanos tienen que calificar a los clientes con criterios de riesgo: bajo, medio o alto. Eso será de acuerdo a su perfil, a lo que quiera comprar y en qué condiciones. A Nechevenko le preguntaron en Infobae cuántas operaciones inmobiliarias había hecho Adorni con ella en los años largos que llevan de vínculo, dijo que las últimas fueron las primeras. "Se le dio ahora", fue la explicación. Pero ese dato de por sí debería alterar el perfil del cliente y hacer que la escribanía pida el origen de los fondos. No sería lo que sucedió en el caso de Adorni respecto de la compra del inmueble de la calle Miró al 500. La fiscalía tendrá que analizar los documentos.

Prestamistas policiales

Este lunes estuvieron en Comodoro Py Graciela Molina de Cancio, comisaria retirada de la Policía Federal y su hija Victoria María Cancio, contadora también en esa fuerza. Estaban citadas como testigos por el fiscal Pollicita, a quien le confirmaron que le prestaron a Adorni 85.000 dólares una y 15.000 la otra. Dijeron que era la primera vez que actuaban como prestamistas y que lo hicieron a través de Nechevenko. Después de su performance mediática de la semana pasada en el Gobierno no estaban muy contentos y sugirieron la conveniencia de que baje perfil. Su actuación no estaba resultando de gran ayuda para Adorni, más bien lo contrario. Para embarrar más el panorama, Nechevenko le mandó a Molina de Cancio un mensaje con motivo de su declaración: era el emoji de un brazo haciendo el gesto de "fuerza". Fue lo primero que vio el fiscal cuando les pidió a madre e hija los mensajes vinculados a la escribana y la operación bajo investigación que las atañe para obtener captura de esas conversaciones.

Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, que prestaron declaración como testigos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte de Adorni.

Caso Adorni. Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, madre e hijas, declararon como testigos. (Gentileza -)

Al momento de explicar el origen de los fondos que ellas le facilitaron a Adorni, Graciela Molina dijo que era dinero que tenía de la sucesión por la muerte de su marido (también policía) y un juicio laboral. La chica alegó ahorros y también un juicio laboral. Dijeron que, además, tienen inmuebles. Solo la primera dijo que conoció a Adorni, al facilitarle el dinero, pero al comienzo no sabía que se trataba del actual jefe de gabinete, por entonces vocero. El acuerdo, dijeron, fue que Adorni devolvería el total en 24 meses, con 11 por ciento de interés anu: pagó cuotas de 900 dólares y en determinado momento empezó a pagar 600.

Como garantía el funcionario hipotecó su vivienda de Parque Chacabuco, en Asamblea al 1100, donde vivía antes con su esposa Bettina Angeletti. El registro se hizo el 15 de noviembre de 2024, el mismo día que adquirieron -a nombre de Angeletti- la casa de Indio Cuá, por lo que se estima que el préstamo habría tenido como finalidad pagar ese inmueble.

Todo esto sin contar los viajes conocidos de Adorni: el pasaje de regreso en primera desde Nueva York de la esposa, el viaje a Aruba y el de Punta del Este.