El Gobierno había enviado a comienzos de esta semana al Congreso de la Nación su proyecto de Reforma penal juvenil, para enviar a la cárcel a menores que delinquen cada vez más chicos. No obstante, horas después dio marcha atrás y retiró el texto, ya que no reflejaba lo consensuado con la oposición en ambas cámaras respecto de la reducción de la edad de imputabilidad. Por ello, el oficialismo avisó que enviaría otro proyecto que baje la edad de imputabilidad de los actuales 16 a 14 años, y no a los 13 como planteaba el documento retirado.

Ésta será una semana caliente en el Palacio legislativo. Este miércoles se debate el texto oficialista de reforma laboral, mientras que el martes se constituyeron en la Cámara de Diputados siete comisiones que deberán tratar el temario incluido en las sesiones extraordinarias. De esta manera, La Libertad Avanza espera llegar a discutir este jueves desde las 11 su modificado proyecto de reforma penal juvenil. Para lograr su media sanción, necesita el dictamen del plenario de cuatro comisiones.

En rigor, lo que el Gobierno plantea con su nuevo cambio es reducir la edad mínima de imputabilidad desde los 14 años. Esa es la esencia del proyecto, que va a contramano de los índices que la propia gestión ultraderechista celebró poco tiempo atrás cuando anunció una caída en la tasa de homicidios, la más baja de los últimos años según cifras oficiales.

La presunta equivocación del Gobierno de presentar el documento con la definición de los 13 años para la baja de edad de imputabilidad provocó un cimbronazo en los partidos opositores, que en 2025 habían consensuado aprobar el proyecto siempre y cuando se estableciera el límite de los 14 años.

Convocatoria del jefe del bloque de LLA en Diputados para tratar el proyecto de Reforma Penal Juvenil oficialista. (Redes Sociales)

En esta re-reversión, además de ese factor, se detallan las partidas presupuestarias que harán efectivas el tratamiento de la ley y la reducción de la pena máxima para menores, de veinte a quince años. Las partidas se distribuirán entre el Ministerio de Justicia de la Nación y a la Defensoría General de la Nación.

Por otro lado, se presentan modificaciones en el régimen de penas. El proyecto original fijaba un máximo de 20 años de prisión para adolescentes y descartaba la perpetua. Durante la negociación parlamentaria, el tope se redujo a 15 años para los tipos delictivos más graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestr.

También se endurecieron los requisitos para disponer prisión efectiva. Solo quedaba habilitada para delitos con escalas penales de diez años o más, siempre dentro del límite máximo, y se priorizaban sanciones alternativas para otros casos, salvo homicidios u hechos de violencia extrema.