2 de diciembre de 2022

Opinión 16/11/2022

Crisis política | Golpe judicial en marcha

Opinión

Gerardo Codina [1]

El creciente protagonismo de la justicia adicta al poder en la definición del rumbo político del país adquiere las formas de un golpe de estado que, a diferencia de los protagonizados por los militares en el pasado, se desarrolla paulatinamente y sin solución de continuidad. La guerra judicial, la denegación de justicia y la intromisión en las atribuciones de otros poderes del Estado se combinan para lograr la desarticulación del movimiento popular.

A medida que se concentra el capital, se acrecienta el poder social y económico de una élite ultraminoritaria, cada vez más tentada de remodelar las sociedades a su puro arbitrio. Tienen las capacidades, la voluntad y el interés de asegurar y acrecentar sus privilegios y la democracia les resulta crecientemente incómoda. Por eso desarrollan diversas estrategias para manipular a la opinión pública e incidir en los procesos políticos con artimañas y juego sucio, escondiendo sus verdaderas intenciones. En esa transición, el capitalismo se vuelve más autoritario y para posibilitar ese cambio, se canalizan los resentimientos de muchos hacia el odio y la violencia. Usan a los pobres contra los pobres, para esconder la mano que tiró la piedra.

Sucede también entre nosotros. Próximos a cumplir 40 años de la recuperación democrática, retornó la violencia política a nuestro país de la mano de grupos de la ultra derecha financiados por sectores del macrismo. Un retorno que no provoca indignación en las mayorías, que tienden a naturalizar la violencia política como parte del horizonte de violencia que padecen en forma cotidiana con la carestía, el trabajo precario, la incertidumbre respecto del futuro y la inseguridad que padecen frente a la delincuencia.

Por si fuera poco, la justicia, salvo honrosas excepciones, permanece sorda, ciega y muda frente a las evidencias de los llamamientos al alzamiento contra la democracia y el orden constitucional que pululan en las redes sociales, incluso después de que intentaron pasar a la acción asesinando a la Vicepresidenta de la Nación. Y trata de encubrir a los autores intelectuales del magnicidio, como antes hizo con los atentados a la Embajada de Israel, a la AMIA o, más próximos a este tiempo, la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y otros crímenes aberrantes del macrismo.

Pero no se trata sólo del regreso de los violentos. Aunque desde la Liga Patriótica estrenada en la Semana Trágica, la masacre de Napalpi, los fusilamientos de la Patagonia Rebelde hasta el bombardeo de Plaza de Mayo -el mayor atentado terrorista de nuestra historia y que sigue impune-, pasando por las desapariciones forzadas, las torturas sistemáticas y los vuelos de la muerte, siempre los esbirros del poder hicieron gala de una ferocidad infinita para intentar quebrantar la voluntad transformadora de las mayorías y disolver las organizaciones que se fueron dando.

Ahora privilegian métodos más sutiles, que permanecen en gran medida invisibles para las multitudes. La distorsión informativa que practican a diario los monopolios de la prensa es un recurso con el que, por la vía de generar falsas noticias, procuran siempre desacreditar a los liderazgos que se le contraponen. Otro, que ha desplegado en gran escala el macrismo en estos últimos veinte años, ha sido el armado de causas judiciales combinado con la judicialización de la política.

Siempre el Poder Judicial fue el más retrógrado de los estamentos estatales, debido a que fue diseñado institucionalmente con ese fin, pero además porque entre nosotros ha sido colonizado pacientemente por los factores permanentes del poder, desde sectores eclesiales hasta las corporaciones políticas. Fueron más allá de los consejos del Viejo Vizcacha y además de amistades en campeonatos de fútbol, paddle o póker, ataron voluntades judiciales con negociados compartidos.

Ahora todo ese armado de equipos comprometidos ideológicamente es también generosamente lubricado por la corrupción estructural de muchas juezas o jueces. No es de extrañar en una sociedad donde lo que más importa es cuánto se posee y no cómo se lo obtuvo. Por caso, se puede suponer que el festival de cautelares para acceder a divisas por importaciones truchas o sobredimensionadas habrá tenido su contrapartida en el acrecentamiento non sancto de las fortunas familiares de los funcionarios judiciales intervinientes. Cuestión que, seguramente, nadie investigará.

Las jugadas de la Corte

Desde que asumió la presidencia de la Corte Suprema Horacio Daniel Rosatti, hombre proveniente de las canteras del peronismo conservador santafesino, la escalada judicial asumió nuevas cualidades. Ya no sólo se trata de inventar causas como la del dólar futuro o Vialidad, reabrir aquellas en las que hubo sentencia absolutoria definitiva, cajonear otras como la de los cuadernos que resurgieron de las cenizas, pero nadie puede ver, o las que involucran al fiscal Stornelli. Ahora directamente la Corte viola el orden constitucional para alterar la política.

El primer paso lo dieron con la modificación del Consejo de la Magistratura. Los Supremos resolvieron la vigencia de una ley que previamente había sido derogada por el Parlamento, asumiendo una potestad legislativa que les está expresamente vedada por la división de poderes en la que se basa nuestro orden constitucional desde 1853.

Esa ley, que durante quince años no rigió por su derogación, facultaba al titular de la Corte a presidir el Consejo, dándole potestad de administrar el presupuesto del Poder Judicial y el proceso de selección de los futuros jueces, así como su sanción disciplinaria cuando correspondiera. Se aseguran así el control político de la judicatura.

No contentos con esto y para afirmar el completo dominio del Consejo de la Magistratura por un sector político expresivo del poder en Argentina, ahora la Corte Suprema decidió que los agrupamientos de senadores en bloques políticos no se rigen por el Reglamento de la Cámara, sino que son sujetos a interpretación judicial. Invadiendo un territorio de plena autonomía de otro Poder, decidió que el nombramiento como representante de la minoría del Senado correspondía a otro peronista conservador pero cordobés y bromista, Luis Juez. Sería lo mismo que el Poder Ejecutivo desconozca a Rosatti como presidente del Tribunal Supremo por haberse votado a sí mismo y afirmase que continúa al frente de la Corte Ricardo Lorenzetti.

Ninguno de estos dos asuntos -la presidencia del Consejo de la Magistratura y el representante por la minoría de Senadores en el mismo- significa nada para los millones que cada día tienen que resolver su supervivencia como pueden en medio de una sociedad cada vez más hostil. Pero que los máximos garantes del orden constitucional argentino se alcen contra el espíritu y la letra de la norma suprema, por un lado deja sin garantías legales a todas y todos los ciudadanos y por el otro, los coloca en la condición de máximos subversivos del sistema jurídico. ¿Qué podremos esperar a futuro de estos magistrados?

La inacción del Ejecutivo

Esta progresiva avanzada del Poder Judicial sobre el resto de las instituciones de la República cuenta con el beneplácito de la principal oposición que se dice republicana y la aquiescencia de los monopolios de prensa, que hacen campaña de legitimación de las barbaridades jurídicas en que acometen los Supremos. El gran ausente es el Ejecutivo.

La decisión del abogado Alberto Fernández de abstenerse de intervenir en el accionar judicial, esperando una hipotética autodepuración que no ocurre y transformando al Ministerio de Justicia en una suerte de comentarista periodístico de las jugarretas judiciales, ha sido plenamente funcional a la determinación de los factores del poder permanente de convertirlo en un ariete que desmorone la capacidad de intervención de los poderes democráticos en nuestro país.

Desde el mantenimiento del procurador interino hasta la carencia de una agencia de investigación criminal federal, pasando por la ausencia de una política concertada de intervención en la vida de los estamentos judiciales, la parálisis del Ejecutivo ante la instrumentación antipopular de la Justicia resulta sospechosa de complicidad, aunque no la tenga. Sólo una decidida y firme actitud correctiva pondrá límites a la avanzada del golpe judicial. Aún estamos a tiempo para evitar males mayores.

Cancelar a Cristina

El objetivo de cancelar a Cristina del modo que sea, tuvo un resultado paradojal para quienes se imaginaban como los nuevos salvadores. El atentado que sufriera reforzó su centralidad política y, lejos de acallarla, volvió las miradas de muchos en el mundo hacia lo que sucede con la injusticia militante de Comodoro Py (Pro).

Por lo pronto, el regreso a la arena pública de la ex presidenta fue significativo. Un congreso de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica, gremio símbolo de la industrialización en gran medida recuperada en los gobiernos kirchneristas, conformado en su gran mayoría por jóvenes que ingresaron al mundo fabril en esa época y tienen plena conciencia del contraste con la pandemia macrista.

El impacto de su potente relevancia asustó más a los factores de poder ocultos detrás de los "tres loquitos sueltos" y se decidieron a una nueva tropelía jurídica: reabrir con artimañas leguleyas causas en contra de Cristina, en las que ya había sido sobreseída, "desde Hotesur-Los Sauces, hasta la del memorándum con Irán y la fantásticamente inversa del dólar a futuro, donde los que se enriquecieron con la devaluación que ellos hicieron son los que denuncian a los que impidieron esa devaluación cuando fueron gobierno", como señaló con acierto Luis Bruschtein en su comentario politico[2].

Con un Frente de Todos fracturado por la disputa de la conducción, Cristina asume la enorme tarea de reconstruir la esperanza popular en el cambio posible. Esperanza que debe sobrepasar la cuesta del desencanto que padecen muchos ante los datos mediocres de la gestión de Alberto Fernández, que no ha sido capaz de confrontar con los factores de poder que todos los días le marcan la cancha y le corren el arco.

Sin obviar los logros del presidente actual, que no han sido pocos y exceden la posibilidad de esta nota, la dureza del presente para las mayorías torna imaginable un regreso del macrismo aggiornado al gobierno, máxime cuando se presenta como portavoz de los indignados y libre de culpa con el duro presente que nos toca atravesar.

La tramitación democrática de los conflictos

La democracia no es el reino del consenso, como algunos pregonan y parecen creer. Los diferentes sectores sociales tienen intereses contrapuestos y, en democracia, prevalecen aquellos que concitan las mayorías electorales. Por supuesto esto no sucede sin resistencia. Quienes aspiran a un rumbo diferente al adoptado por el voto popular no se quedan paralizados en sus hogares, esperando la próxima oportunidad de hacer prevalecer su mirada. Actúan todo el tiempo con todos sus recursos. Máxime si controlan resortes estratégicos de la vida económica de la sociedad o tienen capacidad de colonizar instituciones de significación estratégica en el interjuego democrático.

Es lo que ha sucedido en el país, y en otros casos similares. Los dueños de la economía opinan a través de los mercados todos los días, más allá de las elecciones. Pero a su vez, ese poder económico que detentan les da ascendiente sobre el conjunto de los estamentos de la burocracia estatal, a menos que se los conduzca con firmeza. El reciente sobreseimiento de Alfredo Coto y sus secuaces en la causa que tramitaba por el descubrimiento de un arsenal de guerra en la sede de unos de los supermercados de la cadena es un claro ejemplo de la mirada discrecional y del favoritismo judicial del que gozan los poderosos en el país.

Otro ejemplo bochornoso es el encubrimiento de las complicidades criminales de Carlos Blaquier en la noche del apagón en Ledesma y de su involucramiento sexual en las actividades de la secta del porno yoga. Sus millones sobran para convertirlo en un tierno abuelito cándido que nada tuvo que ver con los asesinatos que se hicieron en su empresa ni con la explotación sexual de mujeres reducidas a servidumbre 50 años después.

El involucramiento de la Justicia con el poder real produce un daño sistémico a la administración de justicia. No sólo afecta a los casos de resonancias políticas. Por eso los jueces se encuentran entre los magistrados más sospechados de la República. Desde el asesinato sin culpables de María Marta García Belsunce o Nora Dalmasso, hasta la desaparición sin respuestas de María Cash, Marita Verón o Tehuel, muchas causas sin respuestas y que no aparecen teñidas por disputas políticas, permanecen irresueltas y lacerantes sobre el cuerpo social.

La trayectoria de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo dejó una estela ética de reclamo permanente y pacífico de justicia, consistente con la demanda de más democracia y mayor justicia social, que fructifica en otras entidades como las Madres del Dolor o las Madres contra el Paco, pero no obtura la sensación de indefensión social frente al crimen organizado y usufructuado por los poderosos. Un síntoma preocupante del descrédito de las instituciones estatales a la hora de resolver conflictos, es la recurrencia de grupos de pobladores a la acción directa para sancionar violadores, ladrones, violentos o sospechados de asesinato que se reiteran a lo largo de nuestra geografía.   

Es que cuando la justicia está capturada por los intereses del poder real como se muestra pornográficamente en nuestra Argentina, la tendencia es que nadie tenga solución justa a los conflictos que padece, si afectan de algún modo a ese poder. Tarde o temprano así sólo se habilita el retorno a la venganza como solución de los conflictos sociales. Un camino expedito para la generalización de la guerra civil; sorda, como ya ocurre en algunos puntos de nuestro territorio, o abierta, como vivimos en los setenta.

[1] Gerardo Codina, Lic. en Psicología (UBA 1982). Especialista en Políticas Sociales (FLACSO 2001). Director de Sistemas de Salud del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio de la UNTREF. Miembro del Consejo Editorial de la Asociación Civil, Cultural y Biblioteca Popular Tesis 11. Fue Secretario General de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (2017-2019), Ex Director Provincial de Coordinación de Consejos Departamentales del Consejo del Menor PBA (2000-2001), Ex Coordinador del Presupuesto Participativo de la Ciudad de Buenos Aires (2004-2006). Ex integrante del Gabinete de Asesores del Ministro de Trabajo de la Nación, Dr. Carlos Tomada (2007-2015).

[2] "El bloque de poder detrás de la persecución a Cristina Kirchner", por Luis Bruschtein. Publicado en Página 12 el 12 de noviembre de 2022. https://www.pagina12.com.ar/496953-el-bloque-de-los-privilegios

Publicado el 16 noviembre 2022 por Tesis 11

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