El mundo habla de brechas de género, pero rara vez del engranaje que las sostiene: un sistema fiscal global hecho a la medida de quienes más tienen. Un sistema fiscal diseñado para que las multinacionales y los superricos no rindan cuentas es también un sistema diseñado para que las mujeres carguen con los costos que aquellos eluden.

Este Día Internacional de la Mujer de 2026 es ocasión para nombrar abiertamente lo que ocurre: retrocesos y resistencia.

Retroceso porque el desmantelamiento del multilateralismo, el desfinanciamiento de sus instituciones y el desmontaje sin precedentes de las ayudas a programas de desarrollo generan incertidumbre y despejan el camino para que la desigualdad se profundice sin contrapesos.

Y si hablamos de desigualdad, hablamos de injusticia de género. Las mujeres, especialmente en el Sur Global, cargan de manera desproporcionada con el peso de sistemas fiscales injustos y las políticas de austeridad. Cuando se recortan las guarderías, o en los servicios públicos, son mayoritariamente ellas quienes asumen esas tareas sobre sus hombros, absorbiendo costos que los Estados dejan de cubrir, profundizando así la injusta organización social del cuidado.

Los informes recientes revelan una realidad inaceptable: la brecha salarial de género persiste en todas las regiones del mundo, pese a décadas de demandas y compromisos internacionales. Las mujeres continúan recibiendo apenas el 61 % de lo que ganan los hombres por cada hora trabajada, una cifra que, por sí sola, evidencia una estructura económica profundamente desigual.

El panorama es aún más grave cuando se incorpora el trabajo no remunerado - ese trabajo invisible que sostiene nuestras sociedades y del que las mujeres son responsables de manera abrumadora. En ese caso, su ingreso efectivo se desploma hasta un indignante 32 %. Estos datos no solo describen una desigualdad, sino que ponen en evidencia una injusticia estructural que exige voluntad real de transformación.

No todo es desazón, sin embargo. Y aunque no podemos permitirnos caer en la complacencia, el Global Findex del Banco Mundial muestra progresos importantes: hoy, el 73% de las mujeres en economías de ingresos bajos y medios tiene una cuenta financiera, un 36% logra ahorrar formalmente y el 58% realiza o recibe pagos digitales. Son señales de cambio, sí, pero insuficientes, porque 700 millones de mujeres siguen completamente excluidas del sistema financiero, privadas de herramientas básicas para construir resiliencia económica y ejercer una autonomía real.

Apenas el mes pasado, otro informe del propio Banco Mundial -Women, Business and the Law- volvió a dejar claro: la exclusión jurídica y económica de las mujeres no es un fallo técnico, sino una decisión política que frena deliberadamente el desarrollo. El informe demuestra que, en la mayoría de los países, las leyes que deberían garantizar la igualdad económica no se aplican plenamente, lo que limita el acceso de las mujeres al empleo, al crédito, al emprendimiento y a oportunidades reales de progreso. Esa falta de implementación reduce la participación femenina en la economía y frena la productividad y el crecimiento de nuestras sociedades.

Por eso debemos decirlo sin rodeos: esto no es un problema administrativo, sino una cuestión de poder. De quién accede a recursos, a derechos, a oportunidades, y quién queda sistemáticamente rezagada por sistemas legales que no se cumplen y por estructuras económicas que se benefician de su exclusión. Mientras millones de mujeres sigan fuera del sistema financiero y del alcance real de las leyes que deberían protegerlas, no habrá justicia de género, ni desarrollo inclusivo, ni economías fuertes.

Esta estructura jurídica incompleta converge con otra dinámica igual de corrosiva: la pérdida deliberada de ingresos fiscales en la economía digital. Las plataformas digitales operan en los mercados del Sur Global, generan utilidades millonarias a través del streaming, la publicidad en línea y el comercio electrónico, pero lo hacen sin presencia física significativa y sin tributar donde generan valor, aprovechando vacíos legales para transferir sus ganancias a jurisdicciones de baja o nula imposición.

El resultado es claro: los países pierden ingresos cruciales mientras estas corporaciones multinacionales utilizan estructuras sofisticadas para eludir sus obligaciones fiscales, dejando a los Estados sin los recursos necesarios para financiar la salud, la educación, los cuidados y la protección social. Así lo señala la Red de Justicia Fiscal, que estima que el mundo pierde 492 mil millones de dólares cada año por el abuso fiscal global de multinacionales y grandes fortunas, una pérdida que golpea especialmente a los países de ingresos medios y bajos. Más aún, cuando una multinacional deja de pagar impuestos, alguien asume ese costo: casi siempre, una mujer que se queda sin subsidio, sin horas libres.

A pesar de los momentos difíciles que atravesamos -marcados por crisis múltiples derivadas del aumento de la desigualdad, la concentración de la riqueza, el deterioro de los sistemas de protección social, el retroceso democrático y la erosión de los derechos humanos- la resistencia y la movilización social no han tardado en aparecer. La velocidad y la magnitud de los retrocesos en el orden internacional basado en normas han actuado, paradójicamente, como catalizadores: cuanto mayor es la presión, más firme es la respuesta.

Uno de los frentes en los que esa respuesta se expresa con mayor claridad es el de la justicia fiscal. Gobiernos, coaliciones, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil coinciden en que sin justicia fiscal -y sin justicia de género- se vuelve imposible sostener la estabilidad de la economía global.

Cada vez más voces reclaman una tributación justa de los más poderosos. Y a pesar de que varios ultrarricos han logrado influir en grandes medios para promover la idea de que gravarlos sería perjudicial, la evidencia pública apunta en la dirección contraria. Incluso el The Wall Street Journal ha reconocido que los bajos impuestos pagados por los multimillonarios constituyen un problema para la economía.

Más aún, un reciente estudio de la London School of Economics revela que las bajas tasas efectivas que pagan los superricos no solo son injustas, sino que erosionan el apoyo ciudadano a la tributación de la clase media.

Hoy es ampliamente reconocido que las políticas fiscales pueden reforzar desigualdades o contribuir a desmontarlas. En un documento reciente de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa (Icrict), de la que formo parte, dejamos claro que la arquitectura fiscal internacional -sesgada en favor de los países más poderosos y de las corporaciones- perpetúa desigualdades estructurales que afectan especialmente a mujeres y niñas. Reformarla es, por lo tanto, también un acto de justicia de género.

Por esa razón, la negociación de una Convención Fiscal de las Naciones Unidas constituye hoy el espacio multilateral más relevante para debatir estos temas de fondo. No sorprende que el proceso se encuentre ante presiones y resistencias de quienes temen perder privilegios. De acuerdo con especialistas, la Convención -que debería adoptarse en 2027- debe incorporar disposiciones para corregir los desequilibrios de género y fortalecer la equidad fiscal global.

La constelación de organizaciones sociales y académicas que trabajan por la justicia fiscal ha presentado propuestas concretas para avanzar en las negociaciones. La federación sindical Internacional de Servicios Públicos revela que aplicando la "fórmula de reparto" global que distribuya adecuadamente los tributos que deben pagar las multinacionales a la fuente en la que se generan los beneficios, combinada con un impuesto mínimo corporativo de 25 %, se podría generar hasta 702 mil millones de dólares de ingresos adicionales al año.

Pero para que la justicia fiscal sea real, dicho instrumento debe complementarse con un impuesto mínimo de 25?%; un impuesto coordinado a los ultrarricos equivalente al 2?% de su patrimonio -como propone el economista francés Gabriel Zucman- ; y un Registro Global de Activos (GAR) que permita identificar a beneficiarios finales y frenar la evasión y los flujos financieros ilícitos.

Si estas propuestas progresan en la dirección adecuada, la eventual entrada en vigor de la Convención Fiscal de la ONU marcaría un hito histórico.

Más allá de la ONU, la resistencia al abuso fiscal y el impulso a la igualdad de género también emergen en otros foros. El empoderamiento económico de las mujeres formó parte del mensaje final de la última Cumbre de la Unión Africana en Adís Abeba.

En EE.UU. -pese a haberse retirado de las negociaciones fiscales en la ONU y haber recortado su financiamiento a diversas agencias multilaterales- también se observan señales de cambio, como el debate fiscal abierto en California, donde se impulsa un referendo para establecer un impuesto extraordinario del 5% a residentes con patrimonios superiores a mil millones de dólares, reflejo de que el consenso social sobre la necesidad de una mayor contribución de los ultrarricos se amplía día a día.

Asimismo, la conferencia de alto nivel "En Defensa de la Democracia", celebrada en Santiago de Chile en 2025, y la creación esperada de un Panel Intergubernamental de Expertos sobre la Desigualdad añaden nuevas capas a una arquitectura de resistencia cada vez más sólida.

Gravar adecuadamente a las multinacionales y a los superricos y combatir la evasión fiscal internacional y los flujos financieros ilícitos es condición indispensable para financiar los sistemas de cuidados, la protección social y los servicios públicos que sostienen la igualdad real entre mujeres y hombres. Sin recursos, los derechos de las mujeres no pasan de ser una promesa vacía. Exigir justicia fiscal no es un asunto técnico: es reclamar el derecho de las mujeres a una vida digna, libre y plena.

Magdalena Sepúlveda es abogada chilena, comisionada de ICRICT y directora del Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre Desarrollo Social.