Las cifras son alarmantes y todas las organizaciones coinciden en un dato: la mayor cantidad de intervenciones policiales fatales se producen cuando el personal de las fuerzas de seguridad se encuentra fuera de servicio, tal como ocurrió en el caso de Thiago Correa en Ciudad Evita. Diversos informes dan cuenta de la crítica situación en números que alcanzan a por lo menos 89 fallecidos por esa razón desde 2020, con más de 60 víctimas fatales menores de 18 años. Las organizaciones reclaman, así, que se modifiquen los "estados policiales" de las distintas jurisdicciones para restringir la portación del arma reglamentaria en horarios fuera de servicio. 

El primer número preciso lo aporta el CELS y da cuenta de la cantidad de niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas fatales en casos de este tipo entre 2020 y 2025. "Murieron seis niños menores de 13 años por disparos de policías que utilizaron su arma reglamentaria fuera de servicio", advierte el organismo, que agrega que la situación es peor y "escalofriante" para chicos de entre 14 y 17 años: 59 adolescentes de esa edad murieron en esa situación en estos cinco años, según los registros del CELS. 

Otro dato relevante lo aporta un informe realizado por la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI) en conjunto con el Instituto de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencia En Foco, presidido por la exministra de seguridad, Sabina Frederic, que analizó los números del Programa sobre Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego del período 2020 a 2023. El programa, creado originalmente en 2012 bajo la gestión de Nilda Garré, tiene, entre otras funciones, la de contabilizar todo hecho en que se produzcan disparos de armas de fuego reglamentarias en las fuerzas federales. 

Los resultados arrojan que, sólo en ese período, hubo "89 'civiles' muertos por funcionaries que se encontraban fuera de servicio", en contraposición con 17 casos protagonizados por agentes en servicio. A esto se le suman otras 10 muertes por parte de "retirados o cadetes", es decir que no están en actividad, por lo que el total de casos perpetuados por agentes de civil alcanzó en ese período a casi el 85 por ciento del total de los casos. Además de limitarse a un período de tres años, los números no incluyen a las fuerzas provinciales, por lo que son apenas una aproximación al panorama general. 

Para actualizar la situación, tras la muerte de Thiago el CELS ya había advertido que la situación viene recrudeciendo desde el inicio de 2025: "Entre enero y marzo del 2025, el 83 por ciento de las muertes de particulares ocurrieron en hechos de violencia con funcionarios/as que se encontraban fuera de servicio, en la Ciudad y el conurbano", advirtieron. Otro dato para graficar la situación lo aporta el último Archivo de Casos de Correpi presentado a fines de 2024, que analiza la cuestión con el ejemplo específico de la Policía porteña: "De un total de 21 casos de gatillo fácil registrados en el último año, sólo en un caso el policía estaba en funciones. Los otros 20 hechos ocurrieron con el funcionario fuera de servicio, pero con el arma reglamentaria", señala el archivo.

El informe de ACVI y En Foco, por su parte, no se limita sólo a las muertes de civiles sino que profundiza sobre un tema poco analizado que es el impacto del uso de las armas reglamentarias fuera de servicio en las vidas de los propios policías. Indica que entre 2020 y 2023 hubo 57 suicidios de integrantes de las fuerzas federales "es decir que más del 66 por ciento de las muertes de efectivos policiales y de fuerzas de seguridad se la provocaron ellos mismos con el armamento que les otorgó el Estado". El número está muy por encima de otras situaciones como muertes en casos de robo, con 16 casos.

El informe señala que todos estos números "reflejan la necesidad de discutir la restricción de la portación del armamento reglamentario fuera del horario laboral, como una política de control y de prevención de la violencia institucional, además de ser una medida necesaria en pos del cuidado y bienestar de los propios agentes". "Por el contrario a lo que resuena en los medios de comunicación, sus vidas son expuestas y descuidadas por los discursos reaccionarios y políticas de 'mano dura'", agrega. 

Las organizaciones coinciden en cuestionar así lo establecido por los llamados "estados policiales", como se denomina a los marcos jurídicos sobre el accionar policial que establecen los deberes, obligaciones y derechos de las fuerzas tanto en servicio como fuera de servicio. Desde el CELS advierten que esto es lo que "habilita a quienes integran o integraron las fuerzas de seguridad a portar el arma reglamentaria las 24 horas". "En muchas policías no es una obligación llevar el arma, pero les funcionaries de casi todas las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales lo hacen porque sigue vigente la idea que asocia la esencia del 'ser policía' con portar el arma de fuego". 

En jurisdicción nacional, recuerdan que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, restableció en marzo de 2024 un reglamento de uso de armas de fuego que "reedita en términos generales el reglamento de uso de armas que la propia Bullrich había establecido en 2018 y que daba lugar a la llamada 'doctrina Chocobar'". Con una redacción "amplia y vaga", el reglamento permite "disparar con un arma reglamentaria para impedir delitos 'graves', que representen un 'peligro inminente' para la vida de las personas". 

ACVI y En Foco también señalan que las cifras "se explican por la vigencia del estado policial" que hace que "los policías sigan siéndolo aun cuando se encuentran fuera de servicio o retirados", haciendo que "muchos decidan llevar el armamento a sus casas, cargando con él las 24 horas del día, lo que provoca que ante cualquier tipo de conflicto que se les presente, hagan uso de la fuerza letal, disparando".

El CELS detalló los otros cinco casos de niños menores de 13 años fallecidos por balas policiales fuera de servicio desde 2020. Ese año, en julio, Tahiel, de 5 años, murió al recibir un disparo en la cabeza mientras manipulaba presuntamente la pistola reglamentaria de su madre, una sargento de la bonaerense. En 2021, en La Matanza, durante una discusión con su pareja, un policía de la Ciudad disparó al suelo y la bala alcanzó a su hija de 6 años, Victoria. Ese mismo año, en Merlo, una agente de  la Policía Federal mató de un balazo en la cabeza a su bebé de un año y luego se suicidó, mientras que en febrero de 2024, en Lomas de Zamora, un oficial de la bonaerense disparó accidentalmente su arma reglamentaria mientras la limpiaba y mató a su sobrino de 8 años. El último caso antes del de Thiago fue en julio del año pasado, en Avellaneda, cuando Bastián, de 10 años, resultó herido de bala durante un tiroteo entre un policía de civil y cuatro asaltantes que intentaban robarle su moto.