Por estos días, ni el Consejo de la Magistratura se salva las denuncias. Una acusación presentada en el Palacio de los Tribunales, en Talcahuano 550, puso el foco en presuntas contrataciones irregulares en el área de Sistemas y Tecnología del organismo.

La denuncia confirma la "digitación" de los proveedores de servicios de consultorías y suministros de programas de informática hacia una empresa que es propiedad de los decisores en el área. En la presentación se indica que Gustavo Araya Ramírez, director general de Informática y Tecnología; José Luis Branca, director de Informática; y María Sol Galay, jefa del Departamento de Aplicaciones de la DGI y T, son los dueños de la empresa proveedora Open Computación SA. La presentación sostiene que la empresa se convirtió en la proveedora de suministros de informática del 90 por ciento de las licitaciones del Consejo de la Magistratura, así como ocurre en organismos como el Poder Judicial de la Nación y otros.

Además, la denuncia indica que Paula Mohina, quien figura como presidenta en la constitución societaria, y su director suplente, Bernardo Diego González, serían testaferros de los funcionarios denunciados.