"Esto es la eliminación del fuero del Trabajo, no es un traspaso de competencias, como dicen. No quieren a los jueces laborales directamente, no les gustan sus inclinaciones, quieren designar jueces nuevos en la Ciudad de Buenos Aires y adoctrinarlos". La que habla es Andrea García Vior, camarista laboral, con máxima preocupación por lo que ocurrirá si se aprueba la reforma laboral tal como volvió al Senado. En el paquete precarizador el oficialismo -que lo llama "modernización"-incluyó la disolución lisa y llana de los 80 juzgados y 10 salas de la Cámara del Trabajo, que serían sustituidos por apenas una decena de juzgados en los tribunales porteños, que hoy no existen. Es el método para procurar garantizarse tribunales afines que respalden el recorte de derechos de trabajadores y trabajadoras.

La semana empezó con protestas y cese de tareas en todos los edificios del fuero laboral nacional y una toma en el de Diagonal Norte 760. En el reclamo están alineados jueces/zas, trabajadores/as, sindicatos y abogados/as. Este martes habrá un nuevo paro y una movilización a las 11 al Palacio de Justicia, donde en el cuarto piso tienen sus despachos los jueces de la Corte Suprema. "Es nuestra empleadora. Queremos que garantice la estabilidad y la carrera judicial", dijo Mara Fernández, secretaria gremial de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

"Bajo la consigna engañosa de la 'modernización' laboral, primero se procura debilitar los derechos sustantivos, luego se intenta consumar el proceso con el cierre de la Justicia Nacional del Trabajo, afectando gravemente el sistema institucional de tutela que garantiza su efectiva protección. Con el pretexto de combatir la denominada 'industria del juicio' el Gobierno impulsa esta iniciativa. El calificativo resulta falaz; sin embargo, dentro dela lógica de un modelo que destruye la producción y el empleo adquiere coherencia: una industria más que pretenden desmantelar. En el medio quedan los trabajadores/as privados de derechos y de acceso a una justicia especializada", dice un comunicado de la UEJN. La paradoja es que no faltan quienes vaticinan que, en realidad, este escenario llevará a que la litigiosidad se incremente. El objetivo del gobierno y los grandes empresarios es que la respuesta judicial sea la que más proteja sus intereses y selle el retroceso de derechos con tribunales a medida.

Competencias

El año pasado funcionó en el contexto del Ministerio de Justicia una comisión destinada a evaluar el traspaso de algunas competencias de la justicia laboral la ciudad, pero no la demolición de sus tribunales. De hecho, esto lo trabó hasta ahora la llamada Ley Cafiero -que reglamentó la autonomía porteña--, que dice que "La justicia nacional ordinaria" que funciona en la Ciudad de Buenos Aires "mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación". Agregaba algunas competencias para la Ciudad tendría en materia, vecinal, contravencional, entre otras.

Cuando la Ciudad resolvió poner en marcha el año pasado un fuero laboral con diez juzgados y una cámara de seis integrantes divididos en dos salas, una medida cautelar dejó esa modificación en suspenso. La dejaba supeditada a la firma de un convenio entre el gobierno nacional y el local. Todos los especialistas que habían asistido a las negociaciones en el ámbito del Gobierno el año pasado quedaron perplejos con el artículo 91 de la reforma que da aprobado un convenio firmado el 9 de febrero último entre el jefe de gabinete Manuel Adorni y el ministro de justicia porteño Gabino Tapia. Es el "Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia judicial del ámbito nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires". El texto original dejaba claro que no es una transferencia sino que se apunta a la progresiva "disolución" de la Justicia Nacional del Trabajo.

El pacto en cuestión establece que los juicios laborales (por cuestiones de derecho individual como indemnizaciones, despidos y accidentes de trabajo), tramitarán en la justicia laboral porteña, que aún no existe. Los que atañen a derechos colectivos (como convenios y derecho a huelga entre otros tantos) irán a parar al fuero Contencioso Administrativo federal, que no tiene ninguna especialización en materia laboral.

El fuero que se apunta a disolver tiene 80 juzgados de primera instancia y diez salas de tres integrantes cada una en la Cámara. El proyecto pretende eliminar de cuajo 30 juzgados vacantes y la sala VII que tampoco tiene jueces titulares. No es que no funcionan, sólo que los ocupan jueces subrogantes, más todo el personal que sí es estable. Eso es lo que se reduciría a diez juzgados y dos salas. El fuero laboral actual dejaría de recibir causa y solo funcionaría como tribunales residuales. En sus filas hay quienes dicen que, además, hay una remoción encubierta de magistrados.

Actualmente tramitan, según expuso García Vior, 695107 causas de las cuales más de la mitad son accidentes de trabajo. "De por sí, los 50 jueces no dan abasto ¿Con qué recursos se crearán 10 juzgados?", preguntó la semana pasada en la reunión de comisiones en Diputados. "Esto va a decantar en la ausencia de justicia", advirtió. En la Cámara tramitan 32.000 causa entre 17 jueces. Además, señaló, no está definido el destino de las 1598 familias de empleados, funcionarios y secretarios que no se sabe dónde irán a parar, y que han concursado sus cargos.

Falacias

"Instalaron en la opinión pública una serie de mentiras: una es la industria del juicio, la otra es que todos los jueces somos 'kukas'. La mayoría fueron nombrados durante el gobierno de Mauricio Macri", agregó García Vior.

En la actualidad, explicó, ingresan unas 58000 causas mensuales, pero este número es bajo en relación a otros momentos, donde hubo de a 110.000. "La gente está amedrentada y no hace juicio, y en especial porque la mayoría están en negro o gris", explicó. Los números y la falacia de la litigiosidad fueron detallados durante el debate parlamentario por el diputado y dirigente bancario Sergio Palazzo.

El abogado laboralista Matías Cremonte explicó: "La litigiosidad laboral contrastada tanto con la cantidad de trabajadores asalariados que hay con, incluso, los no registrados, que son los que por estar en la ilegalidad podrían iniciar juicios todos los días, no llegan al dos por ciento en el primer caso y en el segundo al uno por ciento de los litigios que se inician en la justicia laboral. Hay más juicios comerciales que laborales. Esos los ganan los bancos, las tarjetas de crédito, y no veo que se hable de industria".