Cuando resuena más que nunca la expresión de Javier Milei, "Si vos te querés suicidar, no tengo problema, pero no pidas que pague la cuenta", su gobierno anunció la presentación inminente en el Congreso del proyecto de modificación de la Ley de Salud Mental. Paradójico en un personaje que desde su asunción se dedicó a desmantelar los dispositivos de salud pública y aún los sigue desfinanciando. Para vista bastan las cifras: el Programa de Apoyo y Promoción de la Salud Mental (PSM) sólo cuenta con 47 millones de pesos para operar durante todo este año. Se trata de 428 millones menos que en 2025 y 652 menos que en 2023.

La nueva Ley de Salud Mental que confirmaron el ministro de Salud, Mario Lugones, y un posteo de Manuel Adorni en X, se sostiene en la construcción de un relato que ataca la supuesta imposibilidad de realizar internaciones involuntarias y reinstala "la necesidad" de habilitar nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, tanto públicas como privadas.

El proyecto retrocede de "padecimiento" a "trastorno", se corre a "internaciones involuntarias express" y refuerza las instituciones monovalentes, frenando la desmanicomialización.

"Hacen eje en que no se puede internar a las personas de manera involuntaria, y eso es una mentira. La ley actual prevé las internaciones involuntarias cuando hay riesgo inminente para sí o para terceros. De hecho, más del 90% de las internaciones en nuestro país son involuntarias", precisa la senadora provincial Mónica Macha, de Fuerza Patria.

"La apertura de hospitales monovalentes va a contramano de las reformas más democráticas en salud mental y significa un retroceso. Vuelve la idea de la segregación, en lugar de la inclusión, la vida en comunidad y la construcción de lazos solidarios. Además, abre la puerta a los monovalentes privados, que son un gran negocio", agrega Macha, quien junto con su par, Laura Clark, de Unión por la Patria, presentaron un proyecto donde se declara la "preocupación por el total incumplimiento del Gobierno de las disposiciones y políticas públicas establecidas por la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, instándolo a arbitrar los medios para asignar el presupuesto correspondiente a las áreas incumbentes".

La ejecución de los 47 millones previstos en la ley para 2026, en el primer trimestre del año -según consta en la última actualización del presupuesto abierto-, es de 1,4 millones, es decir un promedio de 466mil pesos por mes.

"La ironía dramática es que ese monto, que no alcanza siquiera para cubrir la canasta básica mensual de medicamentos para una jubilada o un jubilado (de 503mil pesos, según estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad), incluye capacitación de profesionales, cooperación técnica con los gobiernos locales e investigación, entre otras tareas. Más cinismo no se consigue", expresa la declaración presentada ayer.

A esto se suma la eliminación de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (RISAM), la reducción del 40% de la planta del Hospital Nacional Bonaparte y el recorte del 25% de su presupuesto.

El punto central, sostienen las legisladoras en su fundamento, es el desfinanciamiento de las políticas de salud mental. "Si el Estado no garantiza el acceso a la medicación ni la presencia de profesionales en los distintos espacios, las crisis no se pueden contener", alertan. "Sin inversión y sin más trabajadores y trabajadoras, no hay política de salud mental posible. Y este Gobierno hace exactamente lo contrario: desfinancia y despide profesionales."

En este horizonte de desamparo, el Ministerio de Salud informó que durante 2025 se registraron 22 intentos de suicidio por día, siendo el grupo más vulnerable el de adolescentes y jóvenes.

"Estamos habitando un contexto muy grave, porque los padecimientos en salud mental están en expansión" concluye Macha. "Y el ajuste económico y social que está ejecutando Milei exacerba estos padecimientos."

Lo que dirime ahora es cómo se fortalecerán los equipos comunitarios e interdisciplinarios en un escenario donde ni siquiera se cumple el 10% del presupuesto destinado a salud mental, y el gobierno de Milei fue el único que no creó ningún dispositivo de acompañamiento a las personas, redes de apoyo ni presupuesto para salud mental en los barrios.