La primera definición que dio Javier Milei como candidato a la presidencia sobre la dictadura fue decir que se había tratado de una "guerra" en la que se cometieron "excesos", en una reversión más descontracturada de un discurso que ya ensayaba, hacia 1977, el dictador Jorge Rafael Videla. Sin embargo, los datos relevados por el propio Estado argentino muestran la planificación y la sistematicidad de los crímenes perpetrados durante aquellos años. Más de 800 centros clandestinos funcionaron a lo largo y ancho del territorio argentino como un dispositivo de terror que se irradiaba hacia el interior y hacia el exterior del campo: un terror que buscaba moldear una sociedad paralizada, anonadada y disciplinada. A un mes de que se cumplan 50 años del último golpe de Estado, Página/12 pone a disposición una herramienta para saber cuán próximos estamos de uno de esos lugares que funcionaron como espacios para torturar, asesinar y desaparecer.

Hasta febrero de 2025, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) registraba 834 centros clandestinos de detención que funcionaron entre 1974 y 1983. Solo en la provincia de Buenos Aires funcionaron 265 campos de concentración.

Hubo centros clandestinos en distintos espacios. Muchos de ellos se localizaron en instalaciones militares -como fue el caso de Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) o La Perla, en Córdoba-. Otros funcionaron en dependencias policiales, como la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), el llamado "Pozo de Banfield" o un gran número de comisarías de barrio.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) solía alquilar talleres de automotores o galpones para montar sus centros clandestinos, tal como quedó acreditado en el caso de Automotores Orletti o en la Base Pomar, identificada recién en 2022. La Fuerza Aérea también usó espacios que no eran propios. Por ejemplo, alquiló la casona de la calle Virrey Cevallos donde mantenía y torturaba a detenidos.

Uno de los primeros campos de concentración funcionó en una escuela: se trata del centro clandestino que se instaló en Famaillá como consecuencia del Operativo Independencia. En el Hospital Posadas se dio la paradoja de que, mientras en un sector de ese gran predio se buscaba preservar la vida, en otro se la arrancaba. Para fines de 1976, una guardia interna conocida como "SWAT" había montado un centro clandestino en un chalet que solía ser usado por el director asistente del policlínico. Allí fueron llevados, torturados y, en la mayoría de los casos, asesinados trabajadores del centro médico y vecinos de la zona.

Viviendas particulares terminaron siendo usadas como lugares para mantener a los secuestrados. En Córdoba, el Ejército se apropió de una imprenta del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la usó como centro clandestino durante unos dos años, según estimó en 2022 la entonces Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Es que, como explicó la politóloga y sobreviviente Pilar Calveiro en Poder y desaparición, "para el funcionamiento del campo de concentración no se requerían grandes instalaciones. Se habilitaba alguna oficina para desarrollar las actividades de inteligencia, uno o varios cuartos para torturar -a los que solían llamar 'quirófanos'-, a veces un cuarto que funcionaba como enfermería y una cuadra o galerón donde se hacinaba a los prisioneros".

El campo de concentración fue el principal dispositivo del sistema de desaparición de personas que se volvió regla tras el golpe de marzo de 1976. El mayor objetivo del centro clandestino era el arrasamiento de las identidades. Quien caía en un "pozo" dejaba de ser quien era y pasaba a ser un número con el que lo llamaban sus captores.

Gracias a los testimonios de los sobrevivientes se pudo reconstruir cuál era la mecánica que se daba en esos lugares: el secuestro, la tortura, el sometimiento a condiciones aberrantes de vida y, en el caso de quienes serían desaparecidos, el "traslado". Era un eufemismo para referirse a la muerte.

La administración de la muerte no fue igual en todos los campos de concentración. La sobreviviente de La Perla, Teresa Meschiatti, fue elocuente en una de sus declaraciones al ejemplificarlo: "Así como en la ESMA se iban para arriba, nosotros nos íbamos para abajo".

En la ESMA, la modalidad predominante que asumió el exterminio eran los "vuelos de la muerte" -que implicaban arrojar a prisioneros adormecidos a las aguas del Río de la Plata o del Mar Argentino-. En La Perla, lo que predominaba eran las ejecuciones y los enterramientos en las zonas aledañas al centro clandestino. También existieron los enfrentamientos fraguados para hacer "aparecer" cuerpos de personas desaparecidas.

Tempranamente, fueron los propios sobrevivientes quienes se plantearon analizar las implicancias sociales del terror. En 1996, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) organizó un seminario titulado Argentina postdictatorial, ¿sociedad de sobrevivientes?. La hipótesis de ese seminario, realizado en el marco de la cátedra de Osvaldo Bayer en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), era que "la Argentina durante la dictadura fue un gran campo de concentración, dentro del cual estuvieron/estuvimos todos involucrados en lugares y roles diferentes". En ese contexto, Graciela Daleo, sobreviviente de la ESMA, dio un ejemplo claro: los campos de concentración y quienes salieron de ellos funcionaban como un cubito de caldo en una gran sopa social. El cubito, en mayor o menor medida, estaba en todo el caldo.

"Los campos de concentración eran secretos y las inhumaciones de cadáveres NN en los cementerios, también. Sin embargo, para que funcionara el dispositivo desaparecedor debían ser secretos a voces; era preciso que se supiera para diseminar el terror", escribió Calveiro. "La nube de silencio ocultaba los nombres, las razones específicas, pero todos sabían que se llevaban a los que 'andaban en algo', que las personas 'desaparecían', que los coches que iban con gente armada pertenecían a las fuerzas de seguridad, que los que se llevaban no volvían a aparecer, que existían los campos de concentración".

La socióloga María Eugenia Mendizábal fue una de las investigadoras que salió a recorrer el barrio que circunda al Olimpo -un centro clandestino que funcionó en dependencias de la Policía Federal Argentina (PFA), en Floresta- para entender qué pasaba con los vecinos. "Las y los sobrevivientes nos dieron la posibilidad de tener una perspectiva oblicua respecto del funcionamiento de los centros clandestinos. No habían sido solo puertas adentro. Había un territorio en el cual se habían anclado y en ese territorio también había operado el terror. Las y los sobrevivientes nos ofrecieron preguntas que mostraban que no completábamos el registro si no sabíamos qué pasó afuera", explica.

¿Cuáles eran esas preguntas para pensar la vecindad con los centros clandestinos? "Si la pared era un límite o un medio que comunicaba el adentro y el afuera, si las veredas eran una frontera o parte del territorio concentracionario. ¿Adónde llegaba el terror que construía el campo de concentración? ¿Llegaba hasta donde llegaba la patota?", ejemplifica Mendizábal.

Salir a hablar con los vecinos era fundamental porque los sitios de memoria en los que se convirtieron algunos de los antiguos campos de concentración implican políticas de reparación hacia toda la sociedad, no solo hacia quienes estuvieron allí cautivos y sus familiares.

En las últimas dos décadas, la Argentina se dedicó a señalizar los espacios donde funcionaron centros clandestinos. La práctica fue abandonada por la gestión de La Libertad Avanza a nivel nacional y hoy es sostenida por las provincias, como en el caso de Buenos Aires.

"Nos hacemos cargo de reparar o reponer las señalizaciones si se dañan porque nos interesa que los lugares sigan marcados. Si se desmarcan, es un camino al olvido. El cartel que dice que allí funcionó un centro clandestino de detención es una forma de enfrentar a la sociedad con esa situación y de hacerle saber a las generaciones más jóvenes lo que sucedió", explica Lorena Battistiol, directora de Sitios y Espacios de Memoria de la provincia de Buenos Aires.

En territorio bonaerense, ya hay 182 sitios señalizados. Para abril prevén marcar el Hogar Casa de Belén. En esa institución, dependiente de la iglesia Sagrada Familia de Banfield, estuvieron alojados hijos de desaparecidos y fueron sometidos a todo tipo de tormentos. El caso fue juzgado como crimen de lesa humanidad y el tribunal recomendó su desafectación.

"Es imprescindible que se sigan marcando las huellas que dejó el terrorismo de Estado. Muchos de esos lugares siguen siendo invisibles en la vida cotidiana de los barrios, 50 años después. Pero, sobre todo, es importante hacerlo como contraste frente a políticas que desmantelan los sitios de memoria y promueven una narrativa que diluye las responsabilidades institucionales en la idea de que existió una 'guerra' o que banaliza la gravedad de los crímenes. El caso del Hogar Casa de Belén muestra con total crudeza la inhumanidad de la maquinaria del terror", sostiene la antropóloga Valeria Barbuto, investigadora de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).