El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes desde la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái que su Ejecutivo impulsará una prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 16 años, en el marco de un paquete de medidas orientadas a reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. El planteo se inscribe en un debate ya abierto en varios países europeos, que buscan limitar el impacto de contenidos violentos, sexuales y adictivos en la vida cotidiana de las infancias.

En ese contexto de endurecimiento regulatorio, Sánchez sostuvo que las plataformas digitales deberán implementar sistemas efectivos de verificación de edad, que vayan más allá de las declaraciones voluntarias de los usuarios, y anticipó cambios legales para avanzar sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas. "Nuestros hijos están expuestos a un espacio de adicción, abuso, pornografía, manipulación y violencia. Ya no lo aceptaremos más", afirmó el mandatario, al presentar una iniciativa que se alinea con experiencias internacionales recientes, como la de Australia, y con discusiones en curso en Francia, Grecia y otros países de la Unión Europea.

La propuesta implicaría elevar de hecho la edad mínima para usar plataformas como TikTok, Instagram, X (ex-Twitter) o Facebook, que actualmente fijan por sí mismas un límite de 13 años, aunque con escasa fiscalización. Sánchez subrayó que no bastarán "casillas de verificación" donde los usuarios declaran su edad: las redes deberán contar con sistemas eficaces de verificación real para garantizar que los menores no puedan registrarse ni acceder sin autorización parental.

El plan también contempla una reforma legal para responsabilizar penalmente a los ejecutivos de las plataformas por no eliminar contenidos ilegales o que fomenten el odio. Según fuentes gubernamentales, la modificación dará lugar a que directores generales puedan enfrentar consecuencias penales si sus sitios facilitan la difusión de material perjudicial o no cumplen con las obligaciones de moderación.

Un contexto internacional que no es aislado

España no es la única que explora este tipo de restricciones: Australia se convirtió en diciembre en el primer país del mundo en prohibir el uso de redes sociales para menores de 16 años, imponiendo multas millonarias a las plataformas que no verifiquen la edad de sus usuarios. Según la propia regulación australiana, hasta ahora casi 4,7 millones de cuentas de menores fueron eliminadas en cumplimiento de esta normativa.

La iniciativa española se produce en un momento de profundo debate global sobre el impacto de las tecnologías digitales en la salud mental y el desarrollo de niñas y niños, y se suma a propuestas similares en países como Reino Unido, Francia, Portugal, Grecia y Dinamarca. En algunos casos las discusiones están en fases iniciales, pero comparten la preocupación por la proliferación de contenidos nocivos y la ineficacia de los métodos actuales de control de edad.

Desde el Palacio de La Moncloa se destacó que esta iniciativa colocaría a España "a la vanguardia internacional" en la protección de la infancia digital. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, informó que el gobierno buscará formar lo que llamó una "Coalición de los Digitalmente Dispuestos" junto con otros cinco países europeos para coordinar esfuerzos y regulaciones transfronterizas. La primera reunión de este grupo se espera en los próximos días.

Obstáculos y críticas anticipadas

Pese a la ambición de la propuesta, las dudas sobre su viabilidad legal y técnica son numerosas. El Ejecutivo no cuenta con mayoría parlamentaria, lo que anticipa un difícil proceso de aprobación de una ley que modifica derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información. Además, juristas y expertos en tecnología advierten que los mecanismos de verificación de edad podrían vulnerar la privacidad de los usuarios o resultar fáciles de eludir con herramientas como VPN y otras técnicas de anonimización.

Organizaciones de defensa de derechos digitales también cuestionan el enfoque punitivo: señalan que la prohibición pura y simple no garantiza una mayor protección de los menores si no se acompaña de educación digital, políticas de bienestar y sistemas que realmente reduzcan los riesgos. El debate sobre si la solución pasa por más regulación o una restructuración profunda del diseño de las plataformas seguirá en el centro de la agenda pública.

En noviembre pasado, el propio Sánchez ya había adelantado planes para elevar de 14 a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales en España, en el marco de una propuesta de ley más amplia para la protección de menores en entornos digitales. El anuncio en Dubái supone ahora una aceleración de ese proyecto, aunque queda por verse si la Cámara Baja respaldará los cambios y cómo se diseñarán las herramientas prácticas para hacerlos efectivos.

Con más del 80% de adolescentes ya presentes en redes sociales y múltiples estudios vinculando su uso con ansiedad, trastornos de sueño y otros problemas de salud mental, el anuncio de Sánchez coloca al país en la primera línea de un debate que trasciende fronteras: ¿hasta qué punto deben los Estados limitar el acceso digital para proteger a sus ciudadanos más jóvenes? El choque entre protección infantil y libertad digital está lejos de resolverse, pero España acaba de poner la cuestión en el centro del escenario global.