La estafa con planes sociales en Neuquén podría terminar con todos los condenados fuera del Estado. Ya hay tres exonerados: Ricardo Soiza, Néstor Sánz y Marcos Osuna. En el resto de los expedientes administrativos en trámite la recomendación es aplicar la misma sanción, que es la más grave que puede recibir un empleado o empleada pública.

Doce personas fueron juzgadas y condenadas penalmente el año pasado por administración fraudulenta agravada. La sentencia aún no está firme.

Lo que la Junta de Disciplina analiza es la responsabilidad que les cabe en su carácter de trabajadores del Estado por haberse apropiado y/o desviado fondos que iban destinados a un subsidio por desempleo, desde 2020 a 2022. Hasta ahora habían sido separados preventivamente de sus cargos y no percibían haberes.

Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO, Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Tomás Siegenthaler, ex Coordinador Provincial de Administración; Luis Gallo, exdirector de Finanzas; Laura Reznik, exdirectora de Finanzas; Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería y el abogado Alfredo Cury recibirían la máxima sanción administrativa.

Algunos de estos expedientes están en la Dirección Superior de Sumarios y otros a resolución de la Junta. Recién se hace efectiva la baja cuando el gobernador firma el decreto.

Isabel Montoya, Valeria Honorio y Emmanuel Victoria Contreras, que también fueron declarados responsables por la defraudación, ya no forman parte de la estructura de gobierno.

El empleado más antiguo es Di Luca: ingresó el 11 de diciembre de 1986, en el gobierno de Felipe Sapag, y tiene su planta en el ministerio de Seguridad.

Hay otros sumarios iniciados contra un grupo de empleados que cobraron indebidamente estos subsidios en 2022, cuando era claramente incompatible. Los montos van desde $876.000 a $25.000. En esos casos lo que se sugiere son cesantías, suspensiones graves, leves y sobreseimientos. Incluso se evalúa sancionar a Ariel Krom, un empleado del ministerio de Desarrollo, el cual fue absuelto.

La fiscalía de Estado, además, impulsa un proceso para que se los declare responsables patrimoniales de la estafa, cuyo monto total es de $153.377.900. En el juicio penal el tribunal dijo que el dinero financió ilegalmente al MPN, pero no está probado en manos de quién quedó.

Fuente: https://www.rionegro.com.ar/