La Justicia de España condenó a Meta a pagar 479 millones de euros a prensa digital y agencias de noticias de ese país, por considerar que consiguió una posición de ventaja competitiva a nivel publicitario a través de datos personales conseguidos en Facebook e Instagram.

Se trata de un fallo del Juzgado Mercantil número 15 de Madrid cuyo juez titular, Teodoro Ladrón Roda, condenó a la empresa internacional a pagar esa cifra a 87 editoras de prensa digital y agencias agrupadas dentro de la Asociación de Medios de Información (AMI).

La resolución tambien obliga a Meta a indemnizar con 2.570.000 euros al Grupo Europa Press y con 13.563 euros a Radio Blanca. A eso se le suman más de 60 millones en intereses, por lo que el valor final alcanza los 542 millones de euros en total.

Para la Justicia española, Meta obtuvo ventaja competitiva significativa en el mercado publicitario local a través de un tratamiento de datos personales contrario al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que rige en Europa desde julio de 2023 con la consideración del consentimiento ciudadano sobre el uso de sus datos.

Qué dice el fallo

El fallo dice que cuando entró en vigencia el reglamento RGPD, Meta sustituyó el consentimiento del usuario por la necesidad de ejecución del contrato para justificar el tratamiento de datos personales en Facebook e Instagram. Esto ocurrió a pesar de que la normativa requiere la aprobación del usuario para realizar tal actividad económica, algo señalado por los medios agrupados en AMI al interponer la denuncia.

De acuerdo a lo que consideró la Justicia, no fue legal el uso de información personal para realizar publicidad comportamental. Esta resolución judicial fue argumentada con el artículo 15.1 de la Ley de Competencia Desleal, por la que es ilegal acceder a ventajas por medio de la infracción de leyes. Según la prensa española, Meta le ofreció a los anunciantes un tipo de publicidad altamente segmentada que modificó la situación de la competencia marcando diferencia entre los actores.

Durante el procedimiento jurídico, Meta Irlanda --sede de Meta España-- no dio a conocer las cifras de su negocio en el país, por lo que el juez dio por válidos los valores aportados por los demandantes. De esta forma se consignó que entre el 25 de mayo de 2018, día en el que entra en vigencia el RGPD, y el 1º de agosto de 2023, cuando este vuelve a basarse en el consentimiento, Meta obtuvo 5281 millones de euros. El cálculo indemnizatorio total intentó aproximarse a las ganancias de Meta durante la infracción de normas.

De esta forma la ventaja comparativa de Meta por la publicidad comportamental vía redes sociales, favorecida ante la publicidad de la prensa digital fue una forma de infringir la ley al modificar la posibilidad de una competencia justa entre distribuidores de publicidad. Es que los medios digitales, que sí cumplían con el RGPD del consentimiento ciudadano, no pudieron competir con Meta al seguir las normativas correspondientes.

Este juicio también podría ser tomado como jurisprudencia a tener en cuenta por casos similares como un proceso abierto en Francia y en otros países de la Unión Europea, donde los servicios de Facebook e Instagram funcionan al igual que en España. De hecho, la explicación del magistrado Roda sostiene que "es Meta la que ha de adaptarse al RGPD y no el RGPD el que debe adaptarse a Meta".

La decisión de la Justicia de España fue destacada en un comunicado de ADEPA -Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas- que expresó: "La sentencia representa un precedente histórico porque reconoce que el modelo de negocio publicitario de Meta, basado durante años en el tratamiento ilícito de datos personales, generó un daño económico directo a los medios digitales que sí estaban obligados a cumplir el RGPD y que no podían competir en igualdad de condiciones".

"En la práctica, el fallo valida que parte de la caída de ingresos publicitarios del sector no fue solo un fenómeno de mercado, sino el resultado de una ventaja competitiva indebida de la plataforma, lo que fortalece el reclamo de los medios frente a prácticas abusivas y desequilibrios estructurales en el ecosistema digital", enfatizó la entidad.

¿Alcanza con este fallo?

Cecilia Rikap, una economista crítica estudiosa de las big tech y de los ecosistemas digitales, declaró a Página/12: "es una buena noticia que a estas empresas se les cobren multas porque se evidencia que están haciendo un uso indebido de los datos". Sin embargo, añadió que "es muy insuficiente porque no alcanza con las multas. Estas empresas ganan billones anualmente, pagan las multas y siguen dominando las tecnologías digitales, determinando qué datos se recolectan y cómo se usan".

La profesora asociada en economía e investigadora del Conicet y del Laboratorio Costech de la Université de Tecnologhie de Compiègne en Francia culpó a las grandes empresas tecnológicas, porque solo unos pocos entienden "cómo funcionan las tecnologías digitales, mientras que la mayoría solo las usamos".

Rikap destacó que no siempre las grandes empresas tecnológicas pagan las multas, por lo que advirtió que es un aspecto a mejorar. Además sintetizó que este fallo "no expande la soberanía digital de un país como España ya que no avanza en que sean los mismos españoles, otras comunidades y el sector público en general, quienes decidan qué nuevas tecnologías tenemos". Rikap agregó que "no estamos frente a un tipo de monopolio tradiciona; las tecnologías digitales, en este caso las redes sociales, son un ámbito central de formación de la opinión pública y que no pueden estar solamente en manos privadas".

Rikap remarcó que en ese caso solo se van a priorizar los objetivos de enriquecimiento "por sobre otros objetivos como la democracia, el desarrollo de las tecnologías y sobre todo, el desarrollo de tecnologías que sean compatibles con mejorar la vida de las mayorías".

Entre algunos antecedentes, en febrero de este año el Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH), una ONG que enfrenta la desinformación en línea, destacó que Meta renunció a su programa de verificación de datos y a sus sistemas de detección de discursos de odio y se preguntó "¿por qué abandona un enfoque que presentó como eficaz contra la desinformación y la polarización?".