El fútbol local de Saladillo volvió a quedar al borde del abismo el último domingo. Lo que debió ser una fiesta deportiva en el Barrio Falucho, con un electrizante 3 a 3 entre Unión Apeadero y Oro Verde, terminó transformado en un monumento a la indignación y la injusticia por culpa de un arbitraje impresentable que, lamentablemente, ya no sorprende a nadie pero que esta vez cruzó todos los límites tolerables.

Para entender la magnitud del escándalo hay que repasar la película completa. El primer tiempo fue un monólogo de la visita: Unión Apeadero se floreaba y ganaba con un contundente 3 a 0. Sin embargo, la terna arbitral comandada por Santiago 

Suriani empezó a jugar su propio partido antes del descanso. Bajo el argumento de una supuesta "agresión verbal", el juez expulsó de manera directa a Carlos Burgos, dejando a Apeadero con diez jugadores. A partir de esa polémica tarjeta roja, el trámite cambió por completo en el segundo tiempo. Con decisiones durísimas y un criterio totalmente parcial, el referí fue "inclinando la cancha" de a poco, cobrando cada falta dividida para el local y empujando a Oro Verde hasta lograr un empate forzado.

La obra maestra de la tarde ocurrió en el último suspiro del encuentro. El delantero Simón Cotignola ingresó al área de Oro Verde y recibió una falta tan evidente que fue vista por todo el estadio. El impacto no solo truncó una chance neta de gol, sino que le provocó una seria lesión en el 

tobillo. Sin embargo, en una decisión insólita, el árbitro cobró la infracción al revés y, con total frialdad, esperó a que el delantero de Apeadero hiciera el doloroso esfuerzo de ponerse de pie para mostrarle la tarjeta amarilla por una supuesta simulación. Acto seguido, ante la imposibilidad de caminar por el dolor, Cotignola debió ser retirado en andas por dos compañeros hacia el banco mientras el juez pitaba un final en simultáneo que desató la furia de los presentes.

Lo verdaderamente preocupante es la alarmante reincidencia. En el ambiente del fútbol local se señala al mismo colegiado como el responsable de conducir aquel escándalo entre Cazón y Del Carril que terminó en una batalla campal. A raíz de ese bochornoso hecho, desde la policía o la propia Liga se determinó la exigencia de 

sumar obligatoriamente dos efectivos policiales más por cancha para cubrir los operativos. Lo paradójico e indignante es que a la policía se la contrata pura y exclusivamente para proteger a los árbitros, no al público. Esta medida se traduce directamente en un costo adicional asfixiante para las economías de los clubes del interior, que deben pagar operativos costosos para cuidar a los mismos que, con sus pésimas actuaciones, actúan como el verdadero detonante de los disturbios.

No existen veedores rigurosos, no se actúa de oficio ante actuaciones paupérrimas y se protege la incompetencia permitiendo que los mismos nombres sigan dirigiendo domingo tras domingo. Cuando los errores por omisión o incapacidad ponen en 

riesgo la salud de los futbolistas, mirar para otro lado ya no es desatención; es complicidad. Los clubes hacen un esfuerzo económico e institucional gigante para mantener vivo nuestro fútbol; es hora de que quienes conducen la Liga se ocupen seriamente de juzgar y suspender a quienes no están a la altura, antes de que tengamos que lamentar consecuencias irreparables.

Raúl Ortalli