Tras más de dos meses de investigación, la Policía Federal Argentina (PFA) desbarató una banda que se dedicaba a usurpar viviendas en la capital provincial para luego comercializarlas con escrituras adulteradas. Entre los 10 acusados sospechados de integrar la organización criminal, se encuentran un policía, un escribano, abogados y funcionarios. 

La banda operaba siempre de manera similar. Primeramente, detectaban viviendas y terrenos con problemas de sucesión o irregularidades legales, luego pasaban la información al escribano cómplice quien se encargaba de confeccionar la documentación fraudulenta. Finalmente las propiedades eran publicadas en diferentes plataformas y vendidas.

Tras la recolección de abundantes pruebas, la fiscal la fiscal platense Bettina Lacki solicitó los allanamientos a la titular del Juzgado de Garantías 5 de La Plata, Marcela Inés Garmendia, quien accedió. Obtenida la autorización judicial, la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA realizó alrededor de 20 allanamientos donde se detuvo a los sospechosos y se recolectaron pruebas para la investigación, entre ellas documentación y armas de fuego. 

Según las pruebas que maneja la justicia, el primer eslabón de la cadena delictiva seria el policía Carlos Abel Ibarrolas, de la División Custodias de la fuerza bonaerense, que  se desempeñaba como custodio en una Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) del Departamento Judicial de La Plata y  suministraba información sobre las causas en trámite. Asimismo, los abogados Carlos Ibarrola y Juan Manuel Fontana fueron imputados en la causa,  sospechados de encargarse de la "pata" legal de la operación.

La justicia investiga también la connivencia policial en la red delictiva, ya que algunas de las usurpaciones se hicieron con violencia y amenazas contra sus propietarios, robando incluso sus posesiones y efectuando destrozos contra la propiedad. Por otra parte, trascendió que uno de los abogados detenidos sería integrante del Tribunal de disciplina del Colegio de Abogacía de La Plata, por lo que la institución publicó  un comunicado en el confirmó el procesamiento pero llamó a esperar los resultados de la investigación. 

Simón Franco (La Plata)