La justicia penal de La Plata investiga una denuncia radicada por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a través de su área de control y en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en la que afirma haber detectado una presunta maniobra de estafa vinculada a falsas promesas de ingreso laboral a la institución.

La denuncia es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón, luego de que se acreditaran posibles delitos relacionados con ofrecimientos fraudulentos de puestos de trabajo dentro de la fuerza. 

Según se informó, tras las primeras verificaciones, se confirmó que la principal acusada no integra el SPB. La causa penal fue impulsada a partir de múltiples denuncias y actuaciones desarrolladas por la DDI La Plata. 

La investigación judicial tiene en la mira a un grupo de personas que habría ofrecido supuestos empleos mediante procedimientos que simulaban instancias reales de selección.

La principal imputada se presentaba como jefa dentro del organismo y convocaba aspirantes a través de grupos de mensajería y contactos personales. Bajo esa apariencia de autoridad, solicitaba documentación sensible, entre ella copias de DNI, CUIL, partidas de nacimiento, títulos analíticos, certificados de domicilio y antecedentes penales.

También la imputada pedía participación en reuniones virtuales, entrega de formularios y actividades físicas obligatorias. Parte de esos entrenamientos se realizaban en el Parque San Martín de nuestra ciudad, donde grupos de aspirantes concurrían con consignas específicas de vestimenta y presentación.

En actuaciones preventivas se dejó constancia de personas ejercitándose en el lugar, quienes manifestaron haber sido convocadas para una preparación vinculada a un supuesto ingreso previsto para 2026. 

De acuerdo a los testimonios reunidos, uno de los grupos funcionaba bajo la denominación "Camaradas 2026", donde se difundían cronogramas, instrucciones y material de estudio. Algunos denunciantes señalaron que se mencionaban supuestos "contactos políticos" que facilitarían el ingreso, e incluso se investiga si en ciertos casos se solicitaron sumas de dinero.

En la causa también figuran otros tres hombres imputados que habrían participado como instructores u oficiales. La fiscalía dispuso el secuestro de teléfonos celulares y dispositivos que podrían aportar pruebas relevantes.