Por Julio Díaz Gerardi

Ingeniero asesor en Seguridad e Higiene en el Trabajo.

estudiodiazgerardi@yahoo.com.ar

La Argentina tiene una extensa trayectoria en la generación de normativa sobre higiene y seguridad en el trabajo. Aunque pueda pasar desapercibida, y sin ser exhaustivos, podemos señalar que en 1915 se sancionó la ley 9.688 sobre accidentes de trabajo, la cual en su reglamentación cuenta con el capítulo V denominado Prevención de Accidentes, Seguridad e Higiene. Allí se pueden encontrar varios artículos orientados a esta problemática.

A nadie escapará la generación de abundante articulado sobre higiene y seguridad en el trabajo en los convenios colectivos laborales que tomaron cuerpo en el transcurso del siglo XX. La sanción de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587, en 1972, marcó un hito en la materia. La ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, de 1995, que puso en marcha el sistema homónimo el 1 de julio de 1996, reforzó el abordaje de los temas de higiene y seguridad en el trabajo. Estas obligaciones favorecieron el diálogo empleador-trabajador para la prevención de accidentes y enfermedades en el trabajo.

Desde todos los sectores involucrados: empleador, trabajador, asegurador y Estado se fueron asumiendo esfuerzos progresivamente para la mejora en la gestión prevencionista. Aunque los resultados no conformen y permitan innumerables superaciones, esa tarea está en marcha y debería redundar en beneficio de la seguridad y salud de los trabajadores.

En el transcurso de los últimos meses se observa en la Argentina una amplia apertura al ingreso de productos manufacturados en otras latitudes y, entonces, nacen interrogantes naturales. Por ejemplo: ¿Cómo se asegura que las empresas productoras cuidaron la salud y la seguridad de los trabajadores con igual o mayor esfuerzo que en la Argentina? ¿Cómo se asegura que en el transporte de esos productos se cuida la seguridad y la salud de los trabajadores, tal como lo hacen las empresas argentinas? ¿Cómo se verifica que todos los trabajadores involucrados en esos procesos estaban cubiertos por un sistema de seguridad social, dentro del cual se encuentra el aseguramiento de los riesgos del trabajo, tal como ocurre con los productores argentinos? ¿Fiscalizan inspectores del trabajo argentinos esos centros de producción cuyos productos ingresan a la Argentina? ¿Cómo se asegura que las empresas productoras cuidan las cuestiones ambientales de igual o mejor manera que lo hace la Argentina? ¿Hay una auditoría de ambiente, higiene y seguridad que asegure que al menos sean iguales que en la Argentina las condiciones preventivas en que se desarrollan la producción y el transporte? ¿Existe un proceso de habilitación para que se importen sólo productos cuya producción cumpla con iguales o mejores estrategias de control de riesgos que en la Argentina? ¿Se exige la certificación, por parte de entidades argentinas, de algún sistema de gestión de la calidad, del ambiente o de la salud y seguridad en el trabajo a quienes exportan sus productos hacia la Argentina?

Exterior  

El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert Houngbo, encabezó la participación del organismo en la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. Allí destacó la importancia del trabajo decente y la protección social universal para el desarrollo sostenible. La delegación de la OIT subrayó la necesidad de impulsar estrategias de financiación integradas que permitan a los países invertir en las personas mediante el fortalecimiento de los sistemas y pisos de protección social y la creación de empleo decente. La utilización del término empleo o trabajo decente involucra los cuidados de la vida y la salud de los trabajadores. 

Por otra parte, en la 55ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada el jueves 26 de junio en Antigua y Barbuda, los países de las Américas adoptaron una resolución que sitúa la salud mental en el centro de la agenda hemisférica y respalda el trabajo de la Organización Panamericana de la Salud para mejorar el acceso a los servicios de salud mental.

La resolución, que promueve la mejora de los servicios de salud mental y la prevención del suicidio en todas las edades, insta a los Estados miembro a aumentar la inversión pública y privada mediante un enfoque centrado en el paciente, basado en derechos y en equidad, que priorice la atención comunitaria, la prevención y la recuperación.