La Justicia federal investiga una red de irregularidades y estafas cometidas por un grupo de empresarios vinculados a empresas de prestaciones médicas que habrían estafado a obras sociales por alrededor de 60 millones de pesos por mes y que dejaron sin prestación médica a unas 10 mil personas. El caso está en manos del juez Sebastián Ramos. Cómo eran las operatorias.

En el caso quedaron implicados los empresarios Raúl Barreiro y Pablo Baldoni, empresarios que comparten negocios en las empresas CBGB Construcciones, Fortaleza Salud, Solución Salud y Ética Médica SA, registrada en el rubro de salud ante AFIP en 2017, de la que Barreiro era director titular y presidente; y Baldoni, director suplente.

Según publicó Infobae, Ética Médica se presenta como una gerenciadora vinculada con obras sociales que ofrece atención integral a los beneficiarios sin aportes adicionales, y ofrece 2.500 profesionales de la salud en sanatorios, clínicas y centros médicos de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

La empresa fue denunciada por la Superintendencia de Servicios de Salud ante la Justicia por irregularidades de todo tipo en la prestación de los servicios y en el pago a las obras sociales. Fue luego de las múltiples quejas recibidas por el incumplimiento de los servicios denunciado por los usuarios.

La denuncia contra Ética Salud - también conocida como "Ética +" es que se presentan como empresa prestataria de servicios de salud, aunque en los papeles figura como una "gerenciadora". Para eso, necesita asociarse a una obra social para poder recibir el aporte de los haberes de los afiliados. Sin embargo, aunque los aportes se concretan, la atención médica nuna llega.

Los usuarios y usuarias que impulsaron las denuncias revelaron que las credenciales no llegan y que no son atendidos en ningún centro médico de los que ofrecen. La sospecha es que, además, operan con call centers para traspasar a afiliados de otras obras sociales a su empresa, sin su consentimiento.

La sospecha es que, con las estafas, se llevarían alrededor de 60 millones de pesos por mes. En total, del engaño fueron víctimas al menos 10 mil personas. Y por ahora, hay 18 personas identificadas en las distintas operaciones y allanamientos de la Policía Federal.

Según se desprende de la causa, la empresa operaba mediante call centers. En los audios secuestrados por la Justicia se revela que los "gerentes" compran bases de datos de afiliados de obras sociales y datos de contacto. 

Luego, contactan a reclutadores y vendedores que enseñan cómo traspasar afiliados. Y los vendedores se contactan con los afiliados para convencerlos como si fueran empleados de la Superintendencia de Servicios de Salud.

La operación continuaba: otra persona los contactaba para pedirles una foto y más datos personales y con esa documentación accedían a la AFIP, obtenían una clave fiscal 3 y desde allí realizaban el cambio de obra social, simulando ser el afiliado. Eso de por sí ya sería un delito de usurpación de identidad.

En un breve comunicado, la empresa desmintió "categóricamente la información difundida sobre supuestos hechos que en nada la vinculan". "A los afiliados y afiliadas se les ratifica que Ética continúa y continuará prestando sus servicios con total y absoluta normalidad".

En paralelo, salieron a la luz otras investigaciones en la Justicia: demandas por desalojo por falta de pago, ya que adeudaron más de seis meses del alquiler de un edificio en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires; y en junio una empleada ferroviaria los demandó por daños y perjuicios. Por su parte, la AFIP los denunció por ejecución fiscal. Y un grupo médico de La Matanza impulsó una denuncia hace un año por el cobro de servicios no abonados.

Fuente: Página12