El Parlamento de Italia aprobó este martes una ley histórica que incorpora el delito de femicidio en el Código Penal y establece la cadena perpetua como pena máxima para quienes asesinen a una mujer por odio, discriminación o actos de control, posesión o dominio por razón de género. La normativa también alcanza casos motivados por represalias ante la negativa a iniciar o continuar una relación afectiva.La votación, que obtuvo 237 votos a favor, se desarrolló en la Cámara de Diputados el mismo día en que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido por la ONU.

El texto, impulsado por el gobierno de Giorgia Meloni, surge como respuesta a una serie de crímenes que conmocionaron al país. Entre ellos, el asesinato de la universitaria Giulia Cecchettin en 2023, que generó un fuerte reclamo social contra la violencia machista y un debate sobre sus raíces culturales.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (ISTAT), en 2024 se registraron 106 femicidios en Italia, de los cuales 62 fueron cometidos por parejas o exparejas. Para Meloni, la aprobación constituye "una señal de unidad" frente a una problemática de enorme gravedad.

Los cambios en la legislación y nuevas medidas de protección

La ley modifica el artículo 577 del Código Penal para definir el feminicidio como una categoría específica de homicidio y establece agravantes vinculadas al odio y a los actos de dominación. A la vez, destina mayores fondos para casas refugio, amplía la protección legal para huérfanos de femicidio y modifica los criterios de acceso a indemnizaciones estatales.

También incorpora una obligación institucional: el ministro de Justicia deberá presentarse cada año ante el Parlamento para evaluar la evolución de la violencia contra las mujeres en el país.

Italy's PM Meloni addresses Senate ahead of European Council (GIUSEPPE LAMI/EFE)

La iniciativa incluye además medidas contra otras formas de violencia de género, como el acoso y la pornografía de venganza, problemáticas que se expandieron en los últimos años. Desde el gobierno subrayan que, junto con el endurecimiento de penas, se duplicaron fondos para centros de atención, se promovió una línea de emergencia y se impulsaron programas educativos.

No obstante, organizaciones y referentes políticos insisten en que la "respuesta penal" es solo una parte del problema.

Un debate abierto: lo que sucede con la ESI en Italia

Aunque la oposición de centroizquierda votó a favor, advirtió sobre el sesgo punitivo de la norma. La líder del Partido Democrático, Elly Schlein, sostuvo que "la represión no es suficiente sin prevención, que solo puede comenzar en las aulas", y remarcó que Italia es uno de los siete países de Europa donde la educación sexual y afectiva no es obligatoria.

Su planteo se intensificó ante la propuesta del gobierno de prohibir estos contenidos en la primaria y exigir consentimiento explícito de las familias para impartirlos en secundaria.

La coalición gobernante defiende este enfoque como un modo de proteger a los menores del "activismo ideológico", mientras que distintos sectores sociales y académicos lo consideran un retroceso que impide trabajar sobre la raíz de la violencia. Activistas y legisladores opositores calificaron la propuesta como "medieval", al señalar que desvincula la política educativa de la lucha estructural contra la violencia de género.