El crimen de Diego Fernández Lima, adolescente desaparecido y asesinado en 1984 cuyos restos quedaron durante décadas en el domicilio de Cristian Graf, tiene un capítulo más. La querella y la fiscalía del caso apelaron el sobreseímiento del acusado por encubrimiento y único apuntado.

El juez Alejandro Litvack, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56, había eximido de responsabilidad penal a Graf con el argumento de que el homicidio había ocurrido hacía más de 40 años, por lo que ya no era punible. Sin embargo la decisión judicial fue apelada a último momento por el fiscal Martín López Perrando, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 61. La querella, integrada por el hermano de la víctima, Javier Fernández Lima, también se opuso a la decisión del magistrado.

Según explicó López Perrando, "el delito de encubrimiento es un delito autónomo" que debería analizarse "de forma separada". A pesar de que no hubo ni hay una acusación contra un autor material del asesinato, el fiscal consideró que "no resulta prudente considerar que la acción prescribió, ya que --por ejemplo-- la comisión de nuevos hechos podrían interrumpir el plazo de dicha prescripción". De esta forma, el representante del Ministerio Público Fisca alega quel esa misma "falta de autor impide la declaración de prescripción, que necesariamente debe formularse en concreto".

El argumento del fiscal

Los restos de Diego Fernández Lima fueron encontrados el pasado 20 de mayo de 2025 en Avenida Congreso 3748, en el barrio porteño de Coghlan. Ese día un grupo de obreros levantaba una pared medianera que daba al domicilio del acusado y encontraron el cuerpo del adolescente víctima de homicidio junto a objetos que le pertenecían, como un corbatín, una moneda japonesa y un reloj-calculadora Casio CA-90. 

"Nadie de esa casa llamó a la policía", recordó López Perrando, quien advirtió que "el hallazgo no solo parecía no sorprenderlos, sino que era, más bien, el efecto de la mala fortuna". Además detalló que "el nerviosismo indicado por los testigos y las manifestaciones vinculadas con la preservación de una planta del jardín, explican el conocimiento previo de la fosa por parte de Graf y su intención de que permaneciera oculta".

En el mismo sentido el fiscal describió una conducta extraña de la familia Graf porque "su preocupación se transformó en ocupación al exteriorizar su conducta encubridora". De esta forma López Perrando entiende que el encubrimiento por el que es acusado Cristian Graf todavía es punible porque no finalizó hasta el 20 de mayo de este año.

La postura de la querella

El documento presentado por los denunciantes cuestiona que el hombre es "una persona que no recuerda nada. No recuerda la desaparición de mi hermano, no recuerda a sus compañeros de colegio, no recuerda el nombre del abogado que lo asesoró ni bien inició el presente caso" y ni siquiera hace el intento por recordar.

Javier Fernández Lima también expuso que "vimos cómo los especialistas del Equipo de Antropología Forense nos explicaron que Diego había sufrido muchos cortes, de manera que se podía concluir que se pretendió desmembrarlo, como así también describieron cómo es que se lo había ocultado todo este tiempo". 

"Lo único que tenemos es una especie de amnesia del principal imputado, que no recuerda siquiera la desaparición de Diego, en cambio rememorada ampliamente por todos sus compañeros de curso", criticó Fernández Lima a Graf, sobre quien dijo no conocer nada de su familia ni a qué se dedicaban en la época de la desaparición.

En el escrito, el hermano de la víctima critica al Estado porque en 41 años no profundizó ni indagó "el contexto en el cual se produjo, primero la desaparición de Diego --que incluso le costó la vida a su padre-- y ahora la confirmación de su muerte violenta, con el enterramiento del cadáver en el jardín de uno de sus compañeros de escuela". Por último la querella exigió que "esta situación debe ser revertida y debe avanzarse en el esclarecimiento de la verdad" y ya que en caso contrario "quedará en evidencia la responsabilidad del Estado argentino en una flagrante violación de los derechos humanos de la familia Fernández Lima".