Ante el inminente tratamiento legislativo de la reforma a la llamada "ley de glaciares" la Iglesia Católica, a través de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, escribió una carta a senadores y diputados nacionales para expresar su "profunda preocupación" ante la posibilidad de la modificación de la norma que ha sido "fruto del consenso político, social y científico" y en el convencimiento de que "los glaciares no son simples recursos económicos", sino que "son fuentes de agua y de vida, reguladores del clima y del ciclo hídrico". La Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010, establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, los define como bienes de carácter público y amplia la protección al ambiente periglacial, es decir, a las áreas de suelos congelados que regulan los recursos hídricos.

La iniciativa de reforma presentada por el gobierno nacional -que ha generado la resistencia de comunidades, organizaciones ambientalistas y científicos- se basa en la supuesta necesidad de "subsanar criterios interpretativos" y otorgarle a las provincias mayor nivel de autonomía para promover la explotación de sus riquezas minerales. La ley vigente establece limitaciones a toda actividad que pueda afectar la condición "natural" de los glaciares y determina sanciones de diverso tipo, también económicas, para quienes transgredan esas prescripciones.

La Comisión de Pastoral Social, que preside el obispo riojano Dante Braida, dice recoger "el clamor de numerosas comunidades, científicos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos conscientes" ante la posibilidad de que se modifique la ley en el entendido de que los glaciares "son fuentes de agua y vida reguladores del sistema hídrico" y "su afectación impacta primero y con mayor crudeza en los más pobres y en las comunidades originarias que dependen de esos ecosistemas".

En ese sentido, la comisión episcopal reafirma su convicción de que "el agua que mana de esos reservorios naturales es un derecho universal e inalienable" de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia que sostiene que "el derecho al agua, al igual que todos los derechos humanos, está fundado en la dignidad y no en estimaciones de carácter puramente cuantitativo".

Frente al argumento esgrimido por algunos gobernadores en el sentido de que la ley actual es un obstáculo para el desarrollo de proyectos de explotación minera, la carta a los legisladores recuerda que "la Iglesia nos enseña que el desarrollo verdadero no puede reducirse al mero crecimiento económico, sino que debe ser integral, sostenible y respetuoso de la dignidad humana y la naturaleza". Porque "toda actividad productiva debe someterse a estos principios y al cuidado de los bienes públicos universales". Citando al papa Francisco en Laudato Si, el documento episcopal sostiene que "no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental" y "las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza".

Los representantes de la Iglesia afirman en su carta a los legisladores que "la actual Ley de Glaciares establece un piso de protección que no puede ser relativizado en favor de intereses sectoriales o de corto plazo". Por ese motivo se solicita a senadores y diputados que, entre otras cuestiones, "mantengan y fortalezcan el espíritu y los presupuestos mínimos de protección establecidos por la ley", prioricen "la defensa de la vida, el agua y la integridad de los ecosistemas por sobre cualquier otro interés, y "escuchen la voz de las comunidades locales y de los científicos, actores esenciales para un discernimiento prudente, equitativo, racional y respetuoso del Convenio No. 169 de la OIT y del Acuerdo de Escazú".

La Comisión de Pastoral Social solicita además a legisladores y legisladoras que "promuevan un modelo de desarrollo nacional que armonice la producción con la ecología integral, buscando alternativas que no comprometan recursos naturales críticos e irrecuperables, honrando el carácter de herencia sagrada que poseen estas fuentes de agua".

El documento episcopal finaliza con la aspiración de que quienes intervengan en los debates sobre la eventual reforma "sean estrategas capaces de anteponer el bien común a los intereses particulares, desde una solidaridad intergeneracional que considere al futuro de nuestros hijos y del planeta, mostrando así la nobleza de la política y no su vergüenza".

Las autoridades de la Iglesia Católica y, en particular, la Comisión de Pastoral Social, han tenido recientes intervenciones en distintos debates sobre temas sociales y legislativos, aunque sus opiniones no han sido consideradas en la mayoría de los casos lo que genera malestar en filas eclesiásticas. Esto ocurrió recientemente con la reforma de la ley penal juvenil y la decisión del oficialismo de bajar la edad de imputabilidad de niños y jóvenes acusados de delitos violentos.

La sensación existente en el episcopado es que sus razones -también la de otros actores sociales-no son tenidas en cuenta porque el oficialismo se aferra a "su verdad" como la única posible. En los pasillos de la Conferencia Episcopal se suele repetir a modo de queja que "no hay diálogo" y que cuando se da algún intercambio "nos escuchan, pero no atienden ni consideran nuestras razones y argumentos".