Después de que la Justicia Federal hiciera lugar a un amparo colectivo y ordenara al Gobierno a aplicar la ley de Emergencia en Discapacidad, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Fernando Galarraga se mostró escéptico con el cumplimiento del fallo.

"Uno confía en que alguna vez este gobierno cumpla algún fallo de la Justicia, porque no sería el primer fallo que desoye. Todavía estamos esperando que se materialice el pago de las pensiones, que la Justicia de Catamarca ordenó restituir. Son más de 110 mil pensiones que debieran estar empezando a cobrarse en diciembre. Mucha gente ha ido al banco y se encontró con que no había un peso. Lo dilatan, esperan a que pase enero. Lo mismo, imagino, van a hacer con este fallo. No nos dan margen para la ilusión, por la forma que han tenido de comportarse con la Justicia", expresó Galarraga en la 750.

"Mi mayor temor es que con un Congreso totalmente distinto pongan en la mesa de discusión estas leyes y las traten de tirar", lamentó.

Consultado por el impacto del ajuste del Gobierno en el sector de la discapacidad, el extitular de la ANDIS aseguró que las consecuencias "son graves". "La incertidumbre, la amenaza sobre cientos de instituciones, sobre los sueldos de miles de trabajadores, la angustia de las familias que ven peligrar un centro, una institución u hogares que realmente contienen a cientos de miles de personas con discapacidad. El no cumplimiento de la ley pone en jaque de manera extrema a todo este sistema", detalló Galarraga.

"Todo el sector está siendo víctima de este gobierno", sentenció.

"Hubo gente a la que la obligaron a sacarse las prótesis de la pierna o el brazo para sacarle fotos y poder agregar esa foto al expediente, cuando iban a tratar de validar la pensión. Llegaron a hacer eso, es triste e indignante. La pensión no se trata de un complemento. Es en muchos casos el único medio de subsistencia que tienen miles de personas, porque todavía la sociedad no está aggiornada a los nuevos paradigmas, hay muchos prejuicios y barreras que impiden que las personas con discapacidad trabajen en igualdad de condiciones. Eso hace que solo 2 de cada 10 accedan al mercado laboral", continuó.

"Me duele mucho porque habíamos logrado construir un organismo público que realmente estaba trabajando para derribar barreras y garantizar y ampliar derechos, porque sabemos que la pensión no es la solución definitiva pero es el primer paso para ir por más", concluyó.

La Justicia obliga al Gobierno a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Juzgado Federal de Campana ordenó al Gobierno cumplir sin demoras la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso y suspendida luego por decreto.

El fallo no sólo restituye derechos vulnerados sino que además expone el intento del Ejecutivo de desoír la voluntad popular y desconocer la legitimidad parlamentaria, incluso cuando se trata de uno de los sectores más castigados del país.

El juez hizo lugar a un amparo colectivo presentado por familias, organizaciones y profesionales del sector, y declara inválido el artículo 2° del Decreto 681/2025, con el que el Gobierno había frenado la aplicación de la ley sancionada en julio. La sentencia sostiene que "nada impide al Estado cumplir con la ley y financiarla como ya hizo en otros casos", desestimando los riesgos fiscales que argumentó la Casa Rosada.

La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada con mayoría especial y vigente hasta 2027, ordena actualizar aranceles, garantizar continuidad de tratamientos y reforzar la protección de derechos básicos. La suspensión (por decreto) del Gobierno de Javier Milei no hizo más que agravar un sistema ya colapsado.