La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires le asestó un duro revés al gobierno de Jorge Macri y ratificó la prohibición de demoler el edificio del histórico Luna Park.La medida se basó en la protección patrimonial del estadio que, por su valor emblemático, goza de un blindaje legislativo que prohíbe la alteración total o en parte de su estructura.

Con la decisión judicial, quedarán suspendidas las obras de demolición y remodelación promovidas por el gobierno porteño que, a través de una cuestionada decisión de la Dirección General de interpretación Urbanística, había habilitado la destrucción de buena parte de la estructura y fachada del mítico "Palacio de los Deportes".

Lo que hizo la Sala III de la Cámara fue rechazar la apelación que había presentado la administración porteña contra una resolución anterior dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 5 que le puso luz roja a los permisos de demolición que había otorgado el gobierno.

La jueza Natalia Tanno, titular de ese juzgado, había referido a la protección patrimonial e histórica del Luna Park y detuvo las obras que pretenden levantar en ese sitio un nuevo estadio con mayor capacidad, que compita con otros más modernos que existen en el Área Metropolitana.

La denuncia había sido presentada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, contra el aval porteño al proyecto inmobiliario presentado por las empresas DF Entertainment y Live Nation.

En su denuncia, el letrado había sostenido que autorizar la demolición "bajo pretexto de una mejora tecnológica" implica la "desnaturalización de la esencia del edificio".

"Al incrementar su volumen, reemplazar la cubierta y modificar sustancialmente la fachada", tal como se tiene previsto, hay una contravención a "la restricción taxativa de no alterar el volumen en inmuebles con Protección Estructural", agregó.

Lo que las empresas pretenden realizar es la reorganización integral de planta baja, la construcción de dos nuevos subsuelos y la alteración de su estructura interna y externa. Las tareas requerirían de cuatro meses de demoliciones y adecuaciones iniciales, y 24 meses de construcción.

Gil Domínguez había sostenido, además, que el Luna Park no sólo fue declarado Monumento Histórico Nacional, sino que la remodelación y demolición pretendida implica "una aniquilación irreversible" de su estructura.

"Autorizar la demolición de la casi totalidad de su interior es una acción prohibida que no tiene vuelta atrás", enfatizó.

Pero el abogado no fue el único que presentó objeciones contra la supuesta "modernización" del edificio. También lo hicieron las asociaciones civiles Basta de Demoler, Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Fundación Ciudad, que plantearon el "sinsentido" de destruir el estadio ubicado en Bouchard y Corrientes.

Sostuvieron, además, que la remodelación del lugar "puede resolverse en el contexto de un proyecto de rehabilitación integral que tenga como objetivo la salvaguarda del edificio histórico".