El gobernador Axel Kicillof enviará a la Legislatura provincial dos leyes que, según anunció en la apertura de sesiones de la semana pasada, apuntan a transformar la normativa en materia de seguridad. Desde el Gobierno de la Provincia sostienen que las nuevas normas ayudarán a modernizar el sistema y, en esa línea, mejorarlo.

La patrulla municipal de Vicente López tuvo su noche de furia

El mandatario pidió a los diputados y senadores que "aprueben la nueva ley para el personal policial, que actualiza la normativa, y regula el reclutamiento y la carrera policial con los parámetros propios de una policía del siglo XXI".

El pedido se refiere a un proyecto que el propio mandatario había girado al Poder Legislativo en 2022, cuando el ahora jefe de bloque peronista en el Senado, Sergio Berni, era el ministro de Seguridad. El texto, que entró por el Senado, no tuvo avances en las comisiones y ni siquiera llegó al recinto. De hecho la conformación de la comisión de Seguridad fue centro de un tironeo entre oficialismo y oposición, como así también al interior del propio peronismo. Eso ayudó a retrasar el tratamiento.

"En efecto, es la ley que se envió hace algunos años y que armamos cuando Berni era el ministro. Viene a actualizar cuestiones jurídicas y temas a resolver en función de fallos de la Corte y del Tribunal de Cuentas", describió a Buenos Aires/12 el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso.

Según explicó, la normativa actualiza lo relativo a licencias del personal policial, como así también otras cuestiones vinculadas a los ascensos o la incorporación de profesionales como médicos, ingenieros en sistemas e informáticos, entre otros.

El funcionario marcó que, con el régimen normativo actual, cuando se contrata a un profesional, se le otorga una jerarquía policial baja y, en consecuencia, un sueldo que dista demasiado del que debería recibir un experto. "Tiene que ver con la dinámica de la carrera laboral y las demandas que hoy requiere la fuerza como la profesionalización en las investigaciones y tecnología", sumó.

El texto dice que el personal de oficiales y suboficiales se incorpora mediante los Institutos oficiales de formación policial de la Provincia de Buenos Aires en diversos escalafones, uno de ellos el de Oficiales Técnico - Profesional, al que acceden una vez aprobado los cursos de formación que determine la Superintendencia de Institutos de Formación Policial.

En el caso de este escalafón, quienes tengan título universitario, ingresan con el grado jerárquico de Oficial Ayudante u Oficial Subinspector, que actualmente reciben un salario de 1,1 millón de pesos con hasta 10 años de antigüedad. Por otro lado, quienes tengan títulos técnicos superiores especializados, deben realizar un curso de habilidades para ingresar con el grado jerárquico de Oficial Subayudante u Oficial Ayudante.

El proyecto de ley tiene puntos específicos sobre el ingreso a la fuerza que tiene más de 90 mil miembros; estabilidad en el puesto, responsabilidades de los oficiales, detalles sobre el escalafón y la carrera, los diversos tipos de licencias, como así también retribuciones, compensaciones e indemnizaciones. A la vez, moderniza las condiciones de retiro, baja y el régimen disciplinario.

Uno de los puntos más relevantes de la norma -especialmente por el reclamo constante de los intendentes- es que todo agente policial tendrá derecho a permanecer en la ciudad o pueblo en el que se lo asigne por un lapso no inferior a dos años. En tanto, para los que tengan dos o más familiares a su cargo, el lapso es de tres años continuos.

Aún así, la propuesta aclara que si hay "razones propias del servicio debidamente acreditadas lo aconsejen", el personal policial puede ser trasladado a otro destino sin derecho a indemnización alguna.

Por otro lado, sobre las promociones, la normativa que busca aprobar Kicillof indica que el policía sólo podrá ascender al grado inmediato superior mediante ascensos reglamentarios, que serán anuales.

Para acceder a este tipo de ascensos, los policías deben tener en el grado el tiempo mínimo requerido; contar con la antigüedad mínima exigida para acceder al grado que se aspira promover; haber desempeñado funciones específicas de su grado y escalafón; tener aprobados los cursos que le correspondan y tener el aval de las juntas de calificaciones.

La ley establece también cuál es el cumplimiento de la formación académica indispensable que requiere cada categoría. La idea con esto es evitar la discrecionalidad y que los aspirantes a cargos superiores continúen en formación permanente.

La norma también dedica un capítulo especial al régimen disciplinario, que rige para los policías estén o no en servicio. Las sanciones que podrían recibir ante las faltas son cuatro: apercibimiento, suspensión sin goce de haberes, cesantía y exoneración, que se determinan a partir de los tipos de falta, calificadas en grave, leve o simple. Las "graves", por ejemplo, son aquellas que involucren al personal en hechos de corrupción, abandono del servicio, actos de violación de derechos humanos, uso abusivo de su estatus profesional e incumplimiento de órdenes de servicio.

Una reforma para empoderar a los intendentes

En su exposición ante la Asamblea Legislativa, el gobernador anunció que enviará a la Legislatura "una modificación integral" de la Ley de Seguridad Pública, al señalar que esta "tiene más de 30 años de antigüedad y debe ser actualizada en casi todos sus aspectos".

Se trata de la Ley 12.154 que expone que la seguridad pública implica "la acción coordinada y la interacción permanente del pueblo de la Provincia de Buenos Aires y de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal, particularmente referida a las Policías de la Provincia, a la seguridad privada y a la participación comunitaria".

La norma data de 1998 y, pese a que tuvo algunas reformas con el paso del tiempo, la idea del gobierno bonaerense es darle una actualización en profundidad.

Esta ley establece que el sistema de seguridad pública está integrado por el gobernador de la Provincia, los Poderes Legislativo y Judicial, el Sistema Penitenciario Bonaerense, el Sistema de Instituciones de Menores, el Patronato de Liberados, el sistema de Defensa Civil, la Policía y los Foros Departamentales, Municipales y Vecinales de Seguridad, además de los Defensores Municipales de la Seguridad y los intendentes de los Municipios que tengan Policía de Seguridad Comunal.

El ministro Alonso sostuvo que los intendentes son "piezas clave" en materia de seguridad con sus planes locales, por eso la idea es que los 135 sean parte del Consejo y que los planes que se llevan adelante apoyados en una base menos sólida, tome fuerza de ley.

El funcionario sostuvo que se trata de un proyecto de ley que la cartera "está trabajando con muchos intendentes y tiene que ver con actualizar la normativa para institucionalizar el actual modelo de trabajo". Según explicó, jefes comunales de todos los colores políticos se involucraron en la puesta en marcha de la ley y destacó entre los opositores a los PRO de Vicente López, San Isidro y San Miguel.

"Hoy todo el sistema está montado en resoluciones ministeriales. Entonces, si cambia el ministro, cambia el enfoque y es importante que los intendentes sean responsables, que se reconozca el rol que tienen los Municipios con los centros de control, las armas no letales que fueron adquiriendo, las cámaras de la seguridad, como también que esté incluido el Procurador. Todo eso necesita una regulación y a eso viene la reforma", amplió el funcionario.

En ese orden, Alonso subrayó que la nueva reforma "va a servir a los municipios" porque "hoy ellos abordan un montón de gastos y la jurisprudencia no los respalda, eso repercute después en situaciones ante el Tribunal de Cuentas, con esto dejaría de ocurrir".

"Es un modelo superador al de las policías locales, lo que proponemos es organizarlo y hacerlo bien", sentenció.