La privatización de la empresa estatal AySA que dispuso el Gobierno de Javier Milei mediante un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial implica un recorte de derechos en el acceso al agua para más de 15 millones de habitantes y una pérdida de soberanía hídrica. Las claves del contrato que según la Casa Rosada busca "modernizar el sector, mejorar el precio y la calidad del servicio" y que podría derivar en cortes masivos del suministro, incluso a pesar de que se trata de un derecho humano universal ratificado por las Naciones Unidas.

La privatización de AySA es un anhelo de Milei desde su asunción en 2023. Desde entonces, la administración libertaria prepara el terreno para concretar la venta del 90 por ciento de las acciones -el 10 restante pertenece a los trabajadores y es gestionado por los sindicatos-, primero incluyéndola en el listado de empresas estatales "sujetas a privatización o concesión" en la ley Bases, luego con despidos de casi el 20 por ciento de la plantilla (de 7.800 a 6.200 trabajadores) y finalmente con el anuncio de la privatización que hizo Manuel Adorni en julio de 2025.

El derrotero de ajuste continuó con un DNU publicado casi un año atrás en el que autorizó a la empresa estatal a cortar el servicio a aquellos usuarios que adeuden dos boletas, en un contexto donde creció la mora en el pago de ese y otros servicios producto de la crisis económica: según un informe de la UBA y el Conicet sobre la evolución de la Canasta de Servicios Públicos, las tarifas de agua aumentaron 366 por ciento en promedio entre diciembre de 2023 y marzo de 2026.

Los cortes del suministro estaban impedidos desde 2006, cuando la empresa fue estatizada luego de casi dos décadas en manos privadas. En 1993, el menemismo le entregó la concesión de la estatal Obras Argentinas de la Nación a un consorcio integrado por la empresa francesa Suez Lyonnaise y la española Aguas de Barcelona, que operó bajo el nombre de Aguas Argentinas.

Eran los tiempos en que el show de privatizaciones bajo el Gobierno de Carlos Menem rifó las compañías estatales al calor de una frase que aún resuena en la historia argentina: "Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado", dijo, en un fallido digno de análisis psicoanalíticos el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi. El agua, por supuesto, no fue la excepción.

Con la nueva privatización, Argentina cambiará el paradigma al comenzar a considerar el agua como un bien de mercado sujeto a condiciones impuestas por la empresa privada a cargo de la concesión. El objetivo de Milei es que la concesión se extienda por 30 años hasta 2057, y juntar unos 500 millones de dólares. Según trascendió, hay al menos tres empresas extranjeras interesadas: el grupo italiano ENI, la brasileña Sabesp y la francesa Veolia, que en 2022 compró Suez.

El agua se escurre entre manos privadas

Pero a pesar de los beneficios y mejoras que prometía entonces el gobierno -con los mismos argumentos que utilizan hoy Milei y el ministro de Economía Luis Caputo- el modelo privado que operó durante 13 años no implicó ni una mejora en el servicio, ni la ampliación de la red ni grandes inversiones en infraestructura, claves en una región donde eran vitales.

"La práctica regulatoria del Estado argentino durante los primeros ocho años de la concesión se ha orientado a garantizar a la concesionaria ganancias extraordinarias en un contexto de nulo riesgo empresarial", afirmaron en los investigadores Daniel Azpiazu y Karina Forcinito en su trabajo "La privatización del sistema del agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires".

En manos privadas, las facturas tuvieron aumentos descomunales en un período con nula inflación e incluso etapas de deflación durante el menemismo. Entre mayo de 1993 y enero de 2002 los precios de las tarifas de Aguas Argentinas ascendieron un 88,2 por ciento.

Pero además la empresa se llenó los bolsillos gracias a la revisión extraordinaria de tarifas, que le permitió saltar de una situación deficitaria a un superávit y facturaciones cercanas a los 350 millones de dólares, a pesar de que ganó la licitación con una oferta oportunista que ofrecía el mayor descuento para la tarifa base. Ni bien obtuvo el contrato, renegoció para impulsar aumentos.

Durante esos años, además, el capital privado no impulsó planes de prevención de emergencias, ni se llevaron a cabo obras clave vinculadas al tratamiento de efluentes cloacales, lo que derivó en la acumulación de problemas ambientales, según detalló a Página/12 Forcinito, doctora en Economía e investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, especializada en gestión de recursos hídricos.

"Debían expandir la red, pero eso no ocurrió, incumplieron el plan de mejoras y obras. Se embolsaron un dinero que no les correspondía porque ganaron la licitación con otra ecuación económica y financiera, y luego tampoco hizo inversiones", agregó la investigadora.

Buenos Aires, 22 de agosto de 2022 agua , agua potable , aysa Foto: Guadalupe Lombardo GUADALUPE LOMBARDO

Para Forcinito, "la privatización implicará una pérdida de soberanía absoluta". "El agua no es un servicio cualquiera, tiene implicancias sanitarias y es un derecho humano esencial", recordó.

Igual que ahora, en los 90 también hubo cortes de servicio por falta de pago. La desocupación -llegó al 18 por ciento- y la suba de tarifas fueron un combo explosivo. La empresa bloqueaba el acceso a agua o reducía al mínimo la presión, lo que afectaba especialmente a poblaciones vulnerables, que debían afrontar los elevados costos de sacar los tapones colocados con cemento en las cloacas.

La esencia de promover al agua como derecho humano es, justamente, que no haya discriminación. Pero la privatización tiene como eje central el lucro. "Esto tendrá graves implicancias sanitarias, podría provocar un enorme daño ambiental. Cuando el servicio estuvo en manos privadas apenas se tratan entre 7 y 14 por ciento de los efluentes cloacales", dijo Forcinito.

El regreso a manos estatales

La concesión finalizó en 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner denunció falta de inversiones y deficiencias en el mantenimiento y expansión del sistema, y estatizó el servicio.

"Sería un acto de irresponsabilidad de la Nación dejar que continúe atendiendo a los 11 millones de usuarios de la Capital y el conurbano", dijo entonces el gobierno.

Pero las concesionarias impulsaron un juicio millonario contra el Estado, que se terminó de pagar en 2019. El CIADI condenó al país, que terminó pagando cerca de 380 millones de dólares a los exaccionistas de Aguas Argentinas.

Desde la estatización, la evolución de la población alcanzada por AySA fue en aumento, con una expansión de obras de infraestructura. En 2006, la población con acceso a agua potable alcanzaba a 11,3 millones, mientras que hoy alcanza a 15.103.199 (del 76 % al 85 % de cobertura), según registros oficiales. En acceso a cloacas, subió del 57 % al 72, 6 %.

Pero además, la privatización que impulsa Milei va a contramano de lo que han hecho países de la región para gestionar el agua.

En América Latina, países como Uruguay, Bolivia y Ecuador prohibieron la participación privada de la prestación de servicios de agua y saneamiento. Sólo en Chile casi todo el proceso está en manos de capitales privados.

En Brasil la gestión es mixta, privada y pública, según cada municipios y estado, de acuerdo con un informe del BID publicado en 2021

En Argentina, AySA brinda el servicio a la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios que conforman el Gran Buenos Aires, un total de 3.384.642 usuarios residenciales y 349.754 no residenciales. En el resto del país, el servicio es estatal, aunque algunas provincias delegan el servicio en gobiernos municipales o cooperativas.

Agua, sal de mi canilla

A finales de abril, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la aprobación del contrato de concesión, que se extenderá por 30 años y regulará la provisión de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 25 municipios del Conurbano.

El modelo contractual a 30 años regula la provisión de agua potable y cloacas en Buenos Aires y 25 municipios, y establece obligaciones para garantizar la continuidad y calidad del servicio durante la transición al capital privado.

Javier Milei

Javier Milei Javier Milei afp

Pedro Busetti, presidente de la asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, explicó a Página/12 que lo más grave del modelo privatizador que pone en marcha La Libertad Avanza es la suspensión del servicio por falta de pago.

"Ninguna empresa de agua, estatal, privada, concesionada o municipal autoriza el corte de la cloaca", afirmó. "En América Latina no hay ninguna concesión que permita el corte de agua por falta de pago", dijo.

Pero además, en los últimos dos años y medio la suspensión de la obra pública provocó el abandono de 454 obras de AySA. "Algunas eran menores, pero otras son fundamentales, como las vinculadas al saneamiento del Riachuelo o plantas depuradoras", advirtió Busetti.

"Son obras que están al 25 por ciento que cuestan 90 millones de dólares y quedaron inconclusas. Una iba a permitir que La Matanza tuviera cloacas para toda la población en 2027", detalló el experto.

Además, dijo que las metas establecidas en el contrato de concesión que oficializó el gobierno "son irrelevantes". "Hoy el 75 % tiene cobertura de acceso a agua y la meta a 30 años es que llegue al 90 %. No representa un gran incremento en comparación con lo que se hizo en casi 20 años de concesión", sostuvo Busetti.