Ante las excusas del Gobierno para afrontar la Ley de Financiamiento y el deterioro constante de salarios y condiciones de cursada, la comunidad universitaria vuelve a exponer su mejor carta para enfrentar la motosierra de Javier Milei y convoca a una nueva Marcha Federal para el próximo 12 de mayo que, al igual que las tres anteriores, se prevé multitudinaria con un fuerte respaldo de diversos ámbitos sociales.

Al igual que en los años pasados de la gestión libertaria, el ciclo lectivo 2026 comenzó de manera conflictiva por la situación a la que es sometida el personal universitario, con una pérdida salarial de más del 30 por ciento y una ley de actualización presupuestaria que lleva seis meses sin ser aplicada, judicialización mediante. "Si no conmueve el Estado de derecho, que sea la voz del pueblo de la Nación", sentenció el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.

Con el objetivo de defender la "educación, la universidad pública y la ciencia nacional", el epicentro de la convocatoria será en Plaza de Mayo y contará con réplicas en todo el país, tal como sucedió en abril y octubre del 2024 y en septiembre del 2025. En aquellas ocasiones, la concentración fue una demostración a todo el arco político opositor de la importancia que tiene la universidad pública para la sociedad argentina, mientras en el Congreso se debatían las leyes de financiamiento universitario.

Esta vez, con el proyecto reafirmado en el Congreso-incluso rechazando el veto presidencial- y con dos cautelares a favor, la medida se toma como último recurso tras agotar todas las vías para lograr que docentes y no docentes recuperen el nivel salarial de noviembre del 2023. "Hemos sido firmes en el reclamo porque no queríamos llegar a esta situación y también muy responsables a lo largo de este tiempo", sostuvo Bartolacci.

El presidente del CIN remarcó el largo recorrido del Frente Universitario. "Cuando el Gobierno anunció que no la aplicaría, hicimos lo que correspondía, que es acudir a la justicia para que exija su cumplimiento. Tenemos fallo de primera instancia y confirmación del fallo respecto de la cautelar, que ordena al Poder Ejecutivo aplicar inmediatamente los artículos 5 y 6. Y sin embargo, seguimos sin respuesta", explicó el rector de la Universidad Nacional de Rosario.

La semana pasada, el Gobierno presentó un recurso extraordinario que será elevado a la Corte Suprema para evitar saldar su deuda. Sin embargo, el tiempo para transferir los fondos ya está corriendo y la administración de Javier Milei se encuentra en falta.

De la misma manera que lo viene haciendo con el colectivo de discapacidad, desde la Casa Rosada planean esquivar sus obligaciones enviando una nueva ley de financiamiento al Congreso que contempla una suba del 12,3 por ciento a pagar en cuotas hasta fin de año, teniendo en cuenta que la inflación de marzo fue del 3,4 en un contexto de 10 meses de suba ininterrumpida.

Para paliar la pérdida salarial del 34 por ciento durante la etapa libertaria, los gremios exigen una actualización superior al 50 por ciento, en sintonía con lo que establece la ley en vigencia suspendida por el ejecutivo. Los estudiantes son tajantes: "la Ley de Financiamiento Universitario está vigente y debe cumplirse. No hay margen para interpretaciones ni dilaciones cuando está en juego el funcionamiento de nuestras universidades", enfatizó el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho.