El fundador de la mega estafa Generación Zoe, Leonardo Cositorto, fue procesado por desarrollar un esquema piramidal que defraudó a 1.095 inversores bonaerenses. En la misma resolución dictada por Alejandra Alliaud, la titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional 1 de la provincia de Buenos Aires se dispuso el sobreseimiento de 23 personas que cumplían funciones dentro de la organización y también aparecían como víctimas, ya que no pudieron recuperar su dinero.

Cositorto no fue el único procesado por esta nueva causa: junto a él quedaron implicados Maximiliano Javier Batista, Miguel Ángel Echegaray y Leonardo Javier Prioli.

El acusado ya fue condenado en Goya y en Salta por el delito de asociación ilícita, mientras que su situación procesal en Córdoba está a la espera. En la ciudad correntina, el líder de Generación Zoe fue condenado a 12 años de prisión, mientras que en la capital salteña recibió una pena de 11 años de cárcel.

En rigor, Alliaud contempló que Cositorto fue el jefe de la asociación ilícita, pero en este caso, se le sumó el concurso material de más de 1.000 hechos de estafa. A los otros tres se los consideró partícipes de la organización delictiva. Además, la jueza determinó un embargo de 10 mil millones de pesos a cada uno de los procesados. No obstante, no dictó la prisión preventiva.

Para la magistrada, los procesados "prestaron su consentimiento para integrar una organización con fines delictivos con permanencia en el tiempo, desde al menos el año 2019 hasta abril de 2022, y estaría destinada a cometer diversos delitos en forma indeterminada".

Así funcionaba Generación Zoe

El aparente modus operandi de la organización, continuó la jueza,  implicaba la coordinación de todos sus miembros para ocupar diversos roles en Generación Zoe, donde promocionaban cursos de coaching y liderazgo. Principalmente, la firma ofrecía altas rentabilidades a las personas que invertían sus dólares, pero esas operaciones en verdad eran maniobras fraudulentas y, en muchos casos, no se cumplía con lo pactado.

Otra característica de esas operaciones era "la promesa del ofrecimiento de retornos con tasas de interés superiores a las ofrecidas por las entidades bancarias y financieras", completó en su escrito la magistrada.

Para Alliaud, Cositorto es "el principal responsable y líder absoluto" de la estafa, ya que "fue quien trazó el rumbo del negocio, seleccionando a sus colaboradores a los que le confirió un rol específico dentro de la organización".

"Las pruebas reunidas demostraron que las ganancias prometidas no provenían de actividades comerciales o financieras genuinas, sino de los fondos aportados por nuevos inversores, reproduciendo el esquema clásico de fraude piramidal", destaca el informe.

Los argumentos de la defensa de Cositorto

En esta causa, Cositorto es defendido por los abogados Guillermo Tiscornia y Eduardo Jorge Iriarte, mientras que en la provincia de Córdoba, sigue el letrado Guillermo Dragotto quien, según adelantó, realizará varias denuncias por irregularidades.

Al referirse al rol de los demás imputados, señaló que Batista, en su calidad de vicepresidente y con una posición jerárquica dentro de la empresa, se dedicaba a reclutar aportantes prometiéndoles ganancias extraordinarias. 

Para ello, "vendía" las promociones exaltando los beneficios de pertenecer a la comunidad e incrementaba constantemente los intereses ofrecidos: en diciembre de 2021 llegó a prometer un 100% de rentabilidad en dólares en apenas tres meses y, en enero de 2022, poco antes del colapso de la firma, ofreció hasta un 330% de ganancia para incentivar a los damnificados a reinvertir su dinero, aun cuando ya sabían que la compañía no estaba en condiciones de cumplir con los compromisos asumidos.

Por otro lado, sobre Echegaray, de profesión de contador, explicó que "era quien organizaba la administración financiera y receptaba el dinero que las víctimas transferían a las cuentas bancarias". En este sentido, remarcó que el hombre luego distribuía ese dinero "entre los demás miembros y allegados". Algunos damnificados inclusive denunciaron haber acreditado "transacciones directamente a su cuenta bancaria". Alliaud sostiene que además era un hombre de la máxima confianza de Cositorto.

Finalmente, el rol de Prioli para la Justicia estaba directamente vinculado al funcionamiento de Zoe Construcciones S.A. "Fue el encargado de dicha firma, cuya actividad formal se orientaba a la compra, venta, construcción, permuta, arrendamiento, loteo y administración de inmuebles urbanos y rurales", distinguió la jueza. Se lo imputó por haber recibido "importantes sumas de dinero sin respaldo documental", hecho que evidenciaría "un mecanismo sistemático e incompatible con el funcionamiento genuino de una empresa constructora" y demostraría "su integración plena al circuito paralelo".

En ese sentido, la jueza remarcó que Prioli "no fue un tercero externo ni un simple prestador de servicios, sino un engranaje necesario en la estructura económica y logística que permitió a 'Zoe' sostener el andamiaje fraudulento de su operación".