La administración de Javier Milei implementó un nuevo recorte en políticas de salud pública: a partir de ahora, la vacunación gratuita contra la fiebre amarilla quedará restringida a las provincias consideradas "zonas endémicas", es decir Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. Quienes residan fuera de estas jurisdicciones deberán acudir a vacunatorios privados y cubrir el costo de su propia protección.

El Gobierno justificó la medida alegando un "uso responsable y eficiente de los recursos públicos". Sin embargo, para los críticos, la frase se traduce claramente como un traslado de la prevención sanitaria al bolsillo de los ciudadanos. 

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, calificó la medida de "antivacunas" y advirtió sobre las consecuencias de limitar el acceso a la inmunización. La fiebre amarilla no es una enfermedad menor: puede generar complicaciones graves en el hígado, los riñones y el corazón, y en algunos casos puede ser mortal.

La medida plantea que la protección frente a enfermedades deje de ser un derecho universal para convertirse en un servicio de lujo, disponible solo para quienes puedan pagarlo.