Con motivo de tratarse la reforma impulsada por el Gobierno nacional en el Senado, el próximo jueves 26 de febrero, la Asamblea de Autoconvocados de Saladillo se sumará a la movilización para defender la Ley de Glaciares.

La protesta tendrá lugar a las 20, en la plaza principal, ante la presencia de colectivos socioambientales, representantes de distintas organizaciones y vecinos.

Fuente: AhoraSaladillo

El Senado de la Nación se apresta a debatir esta semana uno de los proyectos de mayor impacto político, social y ambiental. Se trata de la aclaratoria a la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional que ya cuenta con convocatoria a sesión especial para el jueves 26, tras el pedido formal de bloques legislativos y el aval de la presidencia de la Cámara alta.

El Senado de la Nación confirmó que este jueves buscará aprobar en el recinto la reforma a la Ley de Glaciares, que ya cuenta con dictamen elaborado en comisiones.

La Ley Nacional 26.639, sancionada en 2010, protege a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce, prohibiendo actividades como la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en esas zonas.

El proyecto que se somete ahora a aprobación en el Senado introduce cambios sustanciales. Entre los más controvertidos, el texto propone que no todas las formaciones con hielo perenne cuenten automáticamente con la misma protección, sino que las provincias definan, con criterios propios, qué zonas presentan una «función hídrica relevante» y deben ser protegidas.

Al trasladar la decisión sobre la protección de cuerpos glaciares a criterios jurisdiccionales, pierde sentido el objetivo mismo de la ley que es establecer "presupuestos mínimos" ambientales.

La modificación generó fuertes críticas de organizaciones ambientalistas y sectores científicos, que advierten que la propuesta debilita las salvaguardas ambientales y compromete la seguridad hídrica del país.

Al permitir que provincias decidan qué glaciares o zonas periglaciares se protegen, se abre la puerta a criterios dispares y conflictos entre jurisdicciones, en un contexto en el cual los ríos y cuencas no reconocen límites políticos.

El proyecto responde a presiones políticas y económicas de sectores vinculados a la megaminería y a gobernadores que buscan flexibilizar la norma para facilitar inversiones extractivistas en sus territorios.

El propio presidente Javier Milei señaló que las modificaciones fueron un pedido de Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, en medio de movilizaciones sociales contra la megaminería en su provincia, como el proyecto San Jorge y otros emprendimientos con impacto ambiental. Asimismo, el propio cuerpo del dictamen habla explícitamente de las mesas de litio y cobre.

Multinacionales como Glencore, McEwen Mining, Barrick Gold y Yamana Gold, entre otras, esperan avanzar con proyectas que hoy están prohibidos porque generan daños irreversibles.