En las últimas semanas, la Argentina se convirtió en blanco de una serie de ciberataques que golpearon directamente al Estado. Bajo la gestión de Javier Milei, se multiplicaron las filtraciones de datos, hackeos a organismos oficiales y vulneraciones a plataformas digitales, revelando un nivel de exposición alarmante en la seguridad informática nacional.

El episodio más grave ocurrió en mayo, cuando se filtró información de 50.000 efectivos del Ejército Argentino. La base de datos contenía DNI, domicilios, destinos de servicio, viajes, diplomas y contactos familiares de militares en actividad. El hecho encendió alertas sobre los riesgos que esta información podría representar en materia de defensa y seguridad nacional.

A ello se sumó la aparición en foros clandestinos de una "combolist" con 89.000 credenciales de acceso a organismos clave como la Armada, la Cancillería, ANMAT, la Cámara de Diputados y distintas dependencias ministeriales. Expertos en ciberseguridad advirtieron que la dispersión de claves oficiales abre la puerta a nuevos ataques encadenados.

No fueron casos aislados. El portal Mi Argentina fue hackeado en Nochebuena de 2024 mediante un ataque de defacement, y el Ministerio de Salud sufrió vulneraciones que derivaron en la filtración de correos electrónicos y supuestas listas de pacientes con VIH, un hecho que generó fuerte rechazo por la violación de la privacidad y los riesgos de estigmatización.

Ante la seguidilla de incidentes, el Gobierno lanzó en enero el programa ForCIC (Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Ciberdelito), con el objetivo de mejorar la prevención, detección e investigación de amenazas digitales. El plan busca coordinar a Nación y provincias, actualizar protocolos y establecer alianzas técnicas con organismos internacionales.

Sin embargo, desde la oposición sostienen que las medidas llegan tarde. Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de declaración en el Congreso para advertir sobre el "riesgo creciente de ciberataques que ponen en jaque la soberanía tecnológica y la seguridad de los ciudadanos", reclamando estándares internacionales de protección y mayor inversión en infraestructura digital.