Según medios locales, varias familias habían logrado recaudar una suma millonaria para el viaje de egresados a Las Grutas tras meses de esfuerzo laboral y ahorro. El curso entero confió ese dinero a la mujer, luego de que se ofreciera como encargada. 

La mujer había recibido unos 4,5 millones de pesos, según remarcaron los padres, pero cuando llegó el momento de pagar los servicios turísticos, el dinero no apareció. En consecuencia, Johanna Méndez, oriunda de la ciudad vecina de Bariloche, quedó imputada por el delito de estafa, y se inició una investigación judicial.

Sin embargo, la causa no llegó a juicio: la mujer logró un acuerdo extrajudicial con las familias afectadas, lo que permitió su sobreseimiento definitivo. El Ministerio Público Fiscal alegó que no tenía antecedentes penales y que había cumplido con las pautas de una salida alternativa, aceptada por las víctimas.

En rigor, la falta de antecedentes penales de Méndez y la posibilidad de una resolución alternativa del conflicto judicial fueron factores clave para que la fiscalía aplicara un criterio de oportunidad, sujeto al cumplimiento de ciertas pautas por parte de la acusada. Esta postura fue respaldada por la defensa.

El juez de Garantías Ricardo Calcagno, al no encontrar oposición, dictaminó el sobreseimiento de Méndez por el delito de estafa. 

El funcionario fundamentó su decisión en el desinterés de las víctimas en continuar con la causa, producto del acuerdo alcanzado con la acusada, lo cual se ajusta a lo previsto en la legislación vigente.