El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem prepara una pantomima más que una verdadera audiencia pública para la Ley de Glaciares. Las inscripciones cerraron el viernes con más de 85 mil inscriptos, pero solo podrán presentar su ponencia ante los legisladores unas 360 personas en las dos jornadas previstas para hoy y mañana. El oficialismo piensa que es "un plazo razonable" y festeja las diferentes modalidades de presentación que implementó, donde la mayor parte de los expositores tendrá que expresarse por escrito o subir un video a un canal de YouTube. Las organizaciones ambientales hablan de que "sin participación, la audiencia no es pública".

La cantidad de participantes es récord, lo que marca el interés de la ciudanía por pronunciarse sobre un tema trascendental para el país como es el cuidado del agua. Algo que no debería representar una anomalía organizativa.

La audiencia exprés termina por excluir a más del 90 por ciento de las personas que se anotaron, lo que para las organizaciones socioambientales muestra que nunca hubo intención real de abrir una instancia de participación, sino de cumplir formalmente con el requisito para evitar posibles judicializaciones.

Cómo será el simulacro de audiencia

A la polémica generada por la breve jornada dispuesta -de solo dos días- se le sumó una restricción más escandalosa, que es la de incorporar presentaciones en video al canal de YouTube de la Cámara de Diputados. Así lo decidieron los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, ambos diputados de LLA.

La resolución estableció que la audiencia sólo se extenderá durante el miércoles 25 y el jueves 26 de marzo con la participación de los primeros inscriptos de cada una de las 24 jurisdicciones del país, lo que deja afuera a casi todos los anotados. Para el miércoles están previstas exposiciones presenciales, mientras que las presentaciones de la segunda jornada serán virtuales, a través de Zoom, con una limitación de cinco minutos por exposición. Para el resto de los inscriptos, que quedarán fuera de la participación real de la audiencia, sólo se prevé la posibilidad de que hagan presentaciones por escrito o que se expresen en videos que se podrán ver en el canal de Youtube de Diputados.

Cuestionamientos al formato de audiencia

Los principales argumentos que se esgrimieron en las presentaciones judiciales fueron que la modalidad como está planteada: restringe la participación ciudadana porque excluye a la mayor parte de los expositores; hay una selección sesgada de oradores; expone tiempos excesivamente breves para las presentaciones e incumple con normativas ambientales como el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente, que exigen una participación amplia y real, no formal o limitada. Además, el formato abre interrogantes acerca de su constitucionalidad, porque viola el "debido proceso" y limita la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, según lo establece la Constitución Nacional.

Entre las organizaciones que realizaron presentaciones se encuentran el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, Naturaleza de Derechos y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Por otro lado, también recurrieron a la Justicia Abogados Ambientalistas, FARN, Greenpeace, la Red Universitaria por la Crisis Climática y el Círculo de Políticas Ambientales. Todas, en mayor o menor medida argumentaron que "si la participación se obstaculiza, no se está organizando una audiencia pública", y por lo tanto "el proceso es ilegal y antidemocrático".

La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar también ponderó que las inscripciones para la audiencia de glaciares terminaran con 102.000 inscriptos de todas las provincias argentinas, a la vez que cuestionó la modalidad de las audiencias. "Sorprende esta cifra récord pero a la vez no sorprende tanto: estamos hablando del agua de los argentinos. Los glaciares son reservas hídricas clave para el consumo humano, la vida, la producción. Hay mucha conciencia de que esta modificatoria es muy peligrosa y por eso la contundencia para expresarse", explicó a Página 12.

Por otro lado, lamentó que "esta gente no se va a poder expresar. Se le dio lugar a menos del 0,4 por ciento de las personas que se inscribieron para hablar. Una decisión totalmente ilegal que viola varias normas: la Constitución Nacional (arts. 41 y 43): derecho a un ambiente sano y a la participación en su protección; y la Ley General del Ambiente que reconoce la participación y las audiencias públicas como instrumentos obligatorios. También se pasa por alto el Acuerdo de Escazú que exige participación pública y que las observaciones sean consideradas".

Los cuestionamientos en el modo en el que el oficialismo plantea llevar adelante las audiencias públicas motivo presentaciones en todo el país. Entre quienes hicieron críticas al formato también se encuentra el ex diputado pampeano Hernán Pérez Araujo, que, tras presentar un amparo, fue habilitado para exponer por la Ley de Glaciares. Luego de la presentación que realizó el 20 de marzo ante la Justicia, fue notificado directamente por la Cámara de Diputados de que quedó habilitado para exponer en la audiencia pública del 25 de marzo de forma presencial.

Araujo informó a través de sus redes: "La convocatoria establece que podré participar de manera presencial el próximo 25 de marzo en el Anexo C del Congreso, en el marco del debate por la modificación del régimen de protección de glaciares. Esta notificación se produjo antes de que el juez interviniente resuelva sobre el amparo presentado", detalló el ex diputado al vincular la habilitación "a la repercusión que generó la acción judicial impulsada". En su presentación Araujo pedía garantizar una "participación real y amplia en el tratamiento de una norma que involucra recursos estratégicos".

Las organizaciones ambientalistas, fueron las primeras en presentar reclamos ante la Justicia. Entre ellas Greenpeace pidió que el Congreso se abstenga de reemplazar las exposiciones orales por videos o presentaciones escritas. Además, solicitó la designación de veedores judiciales para supervisar el proceso y garantizar que se cumplan los estándares de participación establecidos en el Acuerdo de Escazú. La organización argumenta que limitar el habla a unos pocos seleccionados vulnera el derecho constitucional a ser oído en temas ambientales.

Otra acción de amparo ambiental y colectiva fue presentada en conjunto por el Observatorio del derecho a la ciudad, el Movimiento la ciudad somos quienes la habitamos, de Naturaleza de derechos y el Instituto de pensamiento y políticas públicas. En ella pidieron "detener la restricción arbitraria a la participación ciudadana en el debate sobre las reservas estratégicas de agua dulce del país".

El escrito presentado reclamaba, en principio, que la Justicia dicte una medida cautelar para suspender "la aplicabilidad del acto dictado el 12 de marzo" y que el Congreso "se abstenga de celebrar la audiencia bajo este formato censurador y excluyente". Al mismo tiempo, se solicitaba la "inmediata readecuación del cronograma parlamentario con el fin de prever y asegurar las jornadas adicionales de audiencia pública que resulten matemáticamente necesarias para escuchar a la totalidad del padrón".

La presentación también postulaba que "la única solución fáctica y jurídica compatible con la Constitución Nacional no es purgar punitivamente a los ciudadanos inscriptos, sino que el Estado amplíe su capacidad receptiva, ensanchando la agenda pública e incorporando los días adicionales de audiencia que resulten matemáticamente necesarios para garantizar el derecho a la palabra". La justicia no lo consideró así, y la medida cautelar fue rechazada por el juez federal subrogante Enrique Alonso Regueira.

El escrito al que pudo acceder Página/12, expresa que, para el magistrado, "la prueba acompañada por los accionistas no revela -con suficiente grado de verosimilitud- la existencia de vicios manifiestos que tornen ilegitima, arbitraria o irrazonables la conducta de la demandada".

Ante las novedades de este fallo, el diputado Mayoraz, resaltó en sus redes sociales: "Participación federal y récord histórico: Todas las provincias tienen representación garantizada en las instancias en vivo, de forma presencial y virtual. Más de 28 horas de audiencia y más de 100.000 participantes. Los que hablan de "exclusión" deberían explicar qué entienden ellos por participación, porque esto es lo más federal e inclusivo que se haya visto en el Congreso", dijo el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales que oirá a menos del 0,3 del total de los inscriptos.