Diferentes estudios especializados dados a conocer en el último tiempo, dieron cuenta de los altos niveles de arsénico en el agua potable de varios municipios de la provincia. En algunos casos, la presencia de este elemento multiplica por diez el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Uno de los estudios más exhaustivos al respecto fue el realizado por  el Centro Cochrane Argentino IECS, institución afiliada a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). Esta investigación demostró que los distritos bonaerenses de General Pinto, Junín, Chacabuco, Pehuajó, Carlos Casares y 9 de Julio mostraban altísimos índices de arsénico en su agua, que rondaban entre 50 y 100 mg por litro. Cabe recordar que la OMS y  el Código Alimentario Argentino establecen un máximo de 10 mg por litro para el agua potable.

Los efectos en la salud por consumir agua contaminada con arsénico son innumerables, desde afecciones cardiovasculares hasta diabetes o enfermedades en la piel. El aumento de esta contaminación en el agua se da entre otras cosas por el cambio climático, que provoca sequias y como consecuencia de ellas los niveles de los acuíferos bajan y el arsénico se concentra más en el agua. A esto se le suma en las zonas sojeras, el impacto de los agrotóxicos. 

Ante este panorama, la justicia ya intervino en algunos municipios. En el caso de la ciudad bonaerense de Lobos por ejemplo, luego de que se comprobase que el agua contenía altos niveles de arsénico sumado a residuos de  plaguicidas, el juez Juan José De Oliveira dictaminó que el municipio debía proveer con bidones de agua potable a los vecinos denunciantes, escuelas, centros de salud y clubes. Las autoridades municipales apelaron pero la justicia volvió a fallar a favor de los denunciantes y añadió una multa de 25.000 pesos por cada día en el que no se les brindara el agua potable a los ciudadanos.  

Fernando Cabaleiro, abogado querellante especializado en estas temáticas, apuntó al ejecutivo provincial, explicando que "los acuíferos son bienes ambientales cuyo dominio pertenece a la provincia según la Constitución". En ese sentido, Cabaleiro denunció que el arsénico "es un problema muy urgente para la provincia de Buenos Aires que se seguirá profundizando si no hacemos nada".