En lo que va de su Gobierno, Javier Milei ya firmó dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El primero, a horas de recibir la banda y el bastón, fue para aplicar su motosierra sobre la estructura del Gabinete, dejando sólo nueve ministerios. El segundo, anunciado por Cadena Nacional, fue mucho más controvertido y empezó a regir desde el 2 de enero: tiene como fin desregular la economía, derogar cientos de leyes y avanzar -entre otros- sobre derechos laborales. Si bien el Poder Ejecutivo está facultado para usar esta herramienta legislativa, solo deben utilizarla en casos de urgencia y emergencia. El controvertido uso de esta atribución pone en evidencia la voluntad del ultraderechista de "saltear" el proceso legislativo tradicional, lo que plantea cuestionamientos sobre su legitimidad y la transparencia de las decisiones de gobierno en este nuevo mandato.

Qué son los DNU y cuándo se pueden usar

Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) son herramientas legislativas que otorgan al Poder Ejecutivo la capacidad de legislar en situaciones extraordinarias, sin pasar por el proceso tradicional del Congreso. El proceso se hace solo cuando el Presidente considera que la situación requiere medidas inmediatas para abordar problemas urgentes que no pueden esperar el tiempo que lleva el proceso legislativo regular.

Características principales de los DNU:

Emergencia y urgencia: los DNU se emiten en situaciones de emergencia y urgencia, donde la demora podría tener consecuencias negativas para el país.

Áreas limitadas: aunque permiten una acción rápida, los DNU tienen límites. La Constitución de Argentina establece que no pueden utilizarse para legislar sobre cuestiones impositivas, electorales y penales, ni para modificar el régimen de los partidos políticos.

Vigencia temporal: estos decretos tienen una vigencia temporal y deben ser ratificados por el Congreso para convertirse en ley permanente. Si el Congreso no los ratifica, pierden su validez después de cierto tiempo.

Control judicial: los DNU pueden ser objeto de control judicial para verificar su constitucionalidad. Los tribunales pueden analizar si las circunstancias realmente justifican la emisión de un DNU.