Desde la Municipalidad de Saladillo a través de la Subsecretaría de Cultura, Educación y Derechos Humanos celebramos este hecho histórico que con la sanción de la Ley 1420, piedra basal del sistema educativo argentino, que no solo logró formar a los ciudadanos para obtener igualdad de posibilidades entre los habitantes de Argentina, sino que además garantizó la unión del país en el aspecto pedagógico a lo largo de su vigencia. La escuela y el maestro fueron el aglutinante imprescindible del nuevo tejido social, la población a partir de esto vio a la educación como la perspectiva de su crecimiento ciudadano. Y no solo el Estado se convirtió en el responsable de la educación pública, sino que por sobre todas las cosas, estableció derechos insustituibles para todos los residentes en el territorio nacional. En el fondo, se derribaron los muros sociales preestablecidos por décadas acercando posibilidades para lograr la verdadera emancipación personal a través de la educación.

Es en 1884, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, se promulgó la Ley 1420 de educación común, gratuita y obligatoria. Fue la piedra basal del sistema educativo nacional.

La discusión acerca de la Ley de la Educación fue uno de los debates más intensos, y de largo alcance, en la historia argentina. Distintos puntos de vista en torno a la enseñanza religiosa, a la escuela mixta y al control del Estado, y de la Nación, sobre la educación dividieron a la generación del ochenta. Las divergencias fundamentales se centraron en la identificación común de la necesidad de una ley de educación, la gratuidad y obligatoriedad de la escuela. Uno de los temas más debatidos de la propuesta inicial consistió en la inclusión de contenidos religiosos en los programas escolares. Existían opiniones contrapuestas acerca del papel de la Iglesia en la sociedad y el Estado.

La ley aprobada estableció la instrucción primaria obligatoria, gratuita y gradual. La obligatoriedad suponía la existencia de la escuela pública al alcance de todos las niñas y los niños, medio para el acceso a un conjunto mínimo de conocimientos, también estipulados por ley.