El Tribunal Oral Criminal 4 de Mercedes dio a conocer su fallo en la causa por las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez (vicedirectora y auxiliar), como consecuencia de una explosión de gas en la escuela en la que trabajaban, el 2 de agosto de 2018. La justicia dictaminó una condena  de 5 años para el gasista Cristian Ricobene y dos años de prisión (de ejecución condicional) para 3 miembros del Consejo Escolar. Desde SUTEBA reclaman que se investigue también la responsabilidad de la gestión de María Eugenia Vidal. 

La explosión y muerte de los dos trabajadores educativos sucedió en la Escuela Primaria 49 "Nicolás Avellaneda" de Moreno. Momentos antes de que los alumnos ingresaran a la escuela, mientras Calamano y Rodríguez preparaban el desayuno, se dio la fuga de gas que desembocó en la explosión. 

El juicio comenzó en agosto de este año y el tribunal que firmó la sentencia estuvo conformado por las juezas Patricia Viviana Guerrieri y Claudia Esquivel y el juez Fabián Fernando Brahim. El alegato estuvo a cargo de la fiscal Valeria Urrutia, quien aseguró que el gasista se presentó en la escuela un día antes de la explosión y aunque la vicedirectora le señaló que existía una pérdida de gas en una estufa el hombre no encontró ninguna falla y según ella, sólo se limitó a cerrar la llave de paso del lugar. Además, Urrutia denunció que el imputado tenía su matrícula vencida desde el año 2015 para trabajar en escuelas y sólo estaba autorizado para hacerlo en casas particulares. 

Por otra parte, se condenó a tres miembros del  Consejo Escolar acusados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los condenados fueron el interventor Sebastián Nasif y los consejeros Mónica Berzoni y Jorge Galian. 

Desde los sindicatos docentes se mostraron conformes por las sentencias pero exigieron que se investigue también la responsabilidad de la por entonces gobernadora María Eugenia Vidal y de su ministro de educación Gabriel Sánchez Zinny. Sobre el papel de ese gobierno, María Laura Torre, secretaria general adjunta de SUTEBA denunció que  "cuando no escuchás y negás la realidad, sucede lo que sucedió en Moreno". Asimismo, la dirigente docente explicó que recién "después de la explosión de la Escuela 49, bajaron rápidamente un montón de gasistas para mirar la situación de las escuelas de Moreno y el 85% de ellas fueron cerradas literalmente porque tenían situaciones graves de electricidad, de pérdida de gas y también de infraestructura". 

Por su parte, Horacio Casalla, abogado de los familiares de las víctimas, también hizo hincapié en la responsabilidad política. Casalla argumentó que "con las pruebas que hay ya es suficiente" para constatar la implicancia de las autoridades en el hecho.  Finalmente, el abogado denunció que el proceso judicial "se dilató todo lo que se pudo. Buscaron la forma de que esto quedara en la nada o prescribiera".

Simón Franco (La Plata)