La ANMAT cuenta con apenas seis inspectores para controlar más de 300 laboratorios

El caso del fentanilo contaminado ya dejó cerca de un centenar de muertes en la Argentina y expuso una cadena de fallas en los controles estatales. La crisis sacudió a la ANMAT y al propio Ministerio de Salud, que enfrentan denuncias de recortes, negligencia y presunta cobertura política a laboratorios privados.

El ministro Mario Lugones, que había guardado silencio durante semanas, rompió finalmente su mutismo y deslizó duras acusaciones: habló de "mala praxis, negligencia e incluso corrupción" dentro del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), organismo dependiente de la ANMAT. "El laboratorio tenía cobertura política", aseguró, aludiendo a Laboratorios Ramallo, productor del lote contaminado.

Los documentos oficiales muestran que en diciembre de 2024 ya se habían detectado "irregularidades críticas" en el sistema de calidad del laboratorio. Sin embargo, la prohibición para fabricar fentanilo llegó recién el 10 de febrero de 2025, casi dos meses después, cuando el producto ya había sido distribuido.

La polémica también giró hacia la capacidad de fiscalización del Estado. Versiones periodísticas aseguran que, tras los recortes aplicados en el marco del "plan motosierra", la ANMAT cuenta con apenas seis inspectores para controlar más de 300 laboratorios. Aunque esa cifra no fue confirmada oficialmente, lo que sí consta es que en el área de sustancias controladas trabajaban apenas 20 personas, de las cuales sólo 4 estaban habilitadas para realizar inspecciones.

Mientras tanto, la cifra de víctimas fatales crece. Según los últimos reportes judiciales y hospitalarios, ya son entre 87 y 96 los fallecidos, y no se descarta que el número supere el centenar en los próximos días.

La oposición pide explicaciones urgentes en el Congreso y la sociedad observa con alarma cómo un medicamento utilizado en clínicas y hospitales terminó convertido en un veneno mortal por la combinación de fallas regulatorias y sospechas de connivencia política.

La crisis del Fentanilo deja al descubierto varias preguntas: ¿el Estado está en condiciones de garantizar la seguridad de los medicamentos que consumimos?

¿Quién es responsable directo por estas muertes: el laboratorio, la ANMAT, el Ministerio de Salud o el Gobierno en su conjunto? ¿Los despidos y recortes en salud están poniendo en riesgo la vida de la gente? ¿Estamos frente a un caso aislado o a una señal de que el sistema de control está colapsado? 

Algunas respuestas parecen evidentes, sin embargo, más allá de lo visible, será la Justicia quien deba dictaminar responsabilidades y establecer sanciones.

Por Mariángeles Zanazzi