Unicef se posicionó en contra de la reducción en la edad mínima de imputabilidad penal a 13 años que impulsa el gobierno de Javier Milei. Mediante un comunicado publicado este lunes, la institución que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó a los países que tienen una edad de imputabilidad mayor a 14 años a que "no la reduzcan en ninguna circunstancia". El posicionamiento está fundado en investigaciones realizadas por distintas universidades y estadísticas que muestran, por ejemplo, que los delitos perpetrados por niños y adolescentes en Argentina representan sólo un dos por ciento del total, y que las investigaciones penales contra esta población están a la baja desde 2017.

El mismo día en que La Libertad Avanza presentó el Proyecto de Reforma Juvenil en el Congreso Nacional --una iniciativa que insiste en bajar la edad mínima de imputabilidad a 13 años y se tratará este miércoles--, Unicef publicó un posicionamiento categórico en contra de esta reforma. "Se ha demostrado que la privación de la libertad, como medida habitual, genera un entorno de violencia para los jóvenes detenidos, lo cual favorece la reincidencia", dice el texto y agrega que "los adolescentes privados de su libertad son los que presentan mayores dificultades para la reinserción comunitaria, terminar la escuela e insertarse laboralmente".

El comunicado advierte, además, que el Comité de Derechos del Niño de la ONU recomendó recientemente a Argentina "que apruebe una ley general de justicia juvenil compatible con la Convención (de los Derechos del Niño) y las normas internacionales en materia de justicia juvenil, mantenga la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años y se abstenga de rebajarla, promueva la justicia restaurativa y promueva la adopción de medidas no judiciales, como las sanciones alternativas, la libertad condicional, la mediación, el apoyo psicológico o el trabajo comunitario, y, cuando sea posible, utilice medidas alternativas a la privación de libertad".

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La respuesta que promueve el organismo para intervenir sobre casos de delincuencia juvenil e infantil apunta a trabajar sobre el contexto en el que viven los niños, niñas y adolescentes. "Para que la respuesta sea eficaz --apunta el comunicado-- es fundamental quitar al adolescente del entramado delictivo, intervenir sobre las causas (abandono escolar, consumos, violencia, captación por grupos criminales) y construir una alternativa de vida que evite que haya nuevas víctimas". Elaborar un proyecto de reforma de la justicia juvenil, de esta manera, implica "pensar en un proyecto socioeducativo que incluya la responsabilización y que resguarde el cumplimiento de garantías procesales y constitucionales", sostiene Unicef.

Evidencias y estadísticas

El posicionamiento se apoya en las investigaciones e informes utilizados por el Comité de los Derechos del Niño. Este comité subraya que existen "pruebas documentadas en los campos del desarrollo infantil y la neurociencia" que "indican que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando en los niños de 12 a 13 años". De esta manera, advierten que es poco probable que los chicos de esta edad "comprendan completamente las consecuencias de sus acciones o los procedimientos penales". "De allí viene justamente la noción de inimputabilidad frente a un proceso penal riguroso. Es necesario, por lo tanto, un régimen penal para adolescentes que sea especializado dada la falta de madurez, plena conciencia y razonamiento para tomar decisiones determinantes en esta etapa de la vida", advierte el comunicado.

Entre las investigaciones citadas, se menciona un estudio realizado por la Universidad de Harvard en más de 30 estados de Estados Unidos, a partir del cual se concluyó que "entre el 70 y el 80 por ciento de los jóvenes privados de libertad vuelven a cometer delitos dentro de los siguientes 2 o 3 años", concluyendo que hay una clara evidencia de que el encarcelamiento incrementa las posibilidades de reincidencia en el conflicto con la ley penal".

También citan un informe del Ministerio de Justicia de Chile en el que se advierte que las mayores tasas de reincidencia, "se presentan en los jóvenes sometidos a regímenes privativos de libertad". Y otro elaborado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia en Argentina, que concluyó que "quienes recibieron su primera condena a más temprana edad tendrían efectivamente carreras delictivas más largas y prolíficas".

En el comunicado también se relevan estadísticas que muestran que en Argentina los crímenes perpetrados por niños, niñas y adolescentes son minoritarios y van en descenso. "Solo el 2 por ciento del total de investigaciones penales iniciadas en 2024 por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires corresponde a adolescentes acusados de cometer una infracción", cita el texto. Luego agrega que, según las investigaciones de la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, las causas penales contra adolescentes en la Provincia bajaron de un 12,2 por ciento del total en 2017 al 6,79 por ciento en 2024.

De esta manera, Unicef concluye que "la respuesta debería abordarse desde muchos ángulos y evitar reducir, por ejemplo, la edad de imputabilidad o aumentar la pena máxima". La organización insta a los países a que "tomen nota de los últimos descubrimientos científicos y a que eleven en consecuencia la edad de responsabilidad penal en sus países a 14 años como mínimo" y "llama a los Estados que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada, por ejemplo 15 o 16 años --como es el caso de Argentina-- a que no la reduzcan en ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 41 de la Convención".